Decreto 96/016.- Díctanse normas relativas al funcionamiento e instalación de las Farmacias, y derógase el Decreto 369/013

IM.P.O.

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10 Documentos Nº 29.432 - abril 13 de 2016 | DiarioOficial

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

en ejercicio de atribuciones delegadas

RESUELVE:

1

1.- RECONÓCESE la carrera “Licenciatura en Recursos

Humanos” (plan 2013) de la Universidad de la Empresa, mediante

la cual se otorgará el título de “Licenciado en Recursos Humanos”.

2

2.- ENCOMIÉNDASE a la Dirección de Educación la certicación

de los originales del Plan de Estudios para la institución y para esta

Secretaría de Estado.

3

3.- NOTIFÍQUESE a la Universidad de la Empresa.

4

4.- COMUNÍQUESE al Área de Educación Superior de esta

Secretaría de Estado y al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria

Privada. Cumplido, archívese.

Electr. 5584/013

MARÍA JULIA MUÑOZ.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

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Decreto 96/016

Díctanse normas relativas al funcionamiento e instalación de las

Farmacias, y derógase el Decreto 369/013.

(509*R)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Montevideo, 4 de Abril de 2016

VISTO: el Decreto Nº 369/013 de 18 de noviembre de 2013;

RESULTANDO: I) que el mismo fue cuestionado ante el Tribunal

de lo Contencioso Administrativo por varios actores, invocándose la

transgresión de disposiciones vinculadas a la libertad de comercio,

la libre concurrencia y la defensa de la competencia, teniendo a la

imposibilidad de instalar, por una misma persona jurídica dos o más

Farmacias de primera categoría en un radio menor a 1.000 (mil) metros,

a la imposibilidad de dispensar medicamentos y otros productos a

través de internet y otros procedimientos informáticos, y el precepto

obstativo en cuanto a la habilitación de centros de distribución propios,

como fundamentos centrales;

II) que si bien los agravios fueron ncados en ese sentido, en

los hechos y habida cuenta del trámite de las impugnaciones, no se

ejercieron los poderes jurídicos que impidieran a quienes accionaron,

realizar libremente las prácticas criticadas;

III) que el Decreto atacado fue analizado por el Señor Procurador

del Estado en lo Contencioso Administrativo, el 29 de julio de 2015,

estimando la regularidad jurídica de la actividad administrativa

desarrollada, a través de la emisión del Decreto Nº 369/013 de 18 de

noviembre de 2013;

IV) en efecto, en el citado dictamen el Señor Procurador del

Estado en lo Contencioso Administrativo sostiene que “constituye un

postulado esencial del Derecho Administrativo que el “reglamento” es

un acto sometido a la “regla de Derecho”. Los grandes maestros de esta

rama del Derecho, enumeran las “reglas de Derecho”, considerando

tales “todo principio de Derecho o norma constitucional, legislativa,

reglamentaria o contractual”, así como recoge una vieja Ley del

año 1964 tenida en cuenta en la Ley Orgánica del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo. Siguiendo las enseñanzas del Prof. Dr.

Juan Pablo Cajarville, esta premisa diseñada soluciona expresamente

algunas dudas planteadas otrora en la Doctrina. El reglamento está

sometido a los principios generales del Derecho; lo dispone la Ley, sin

perjuicio que algunos de esos principios tienen además acogimiento

constitucional explícito, que son los que consagran derechos, deberes y

garantías, “inherentes a la personalidad humana o que se derivan de la

forma republicana de gobierno”, con jerarquía constitucional (Artículo

72 Constitución de la República). Pues bien, en concordancia con lo

antedicho, en la especie, en opinión de esta Procuraduría, se estima

en primer lugar que la Constitución en su Artículo 44, encomienda

al Estado legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud

e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y

social de todos los habitantes del país”;

V) que asimismo, estableció en el dictamen referido de 29 de

julio de 2015, que “ello ha cumplido a través de la sanción de las

Leyes Nº 9.902, Decreto - Ley Nº 15.443, y Decreto - Ley Nº 15.703.

En efecto, en el Artículo 2 de la Ley orgánica del Ministerio de Salud

Pública, Nº 9.902, se establecen las competencias de esta Secretaría de

Estado, mencionando como relevantes para el caso que nos ocupa, las

siguientes: 1) La adopción de todas las medidas que estime necesario

para mantener la salud colectiva y su ejecución por el personal a sus

órdenes, dictando todos los reglamentos y disposiciones necesarios

para este n primordial; y 6) Reglamentar y controlar el ejercicio de la

medicina, la farmacia y profesiones derivadas y los establecimientos

de asistencia y prevención privados”;

VI) por su parte, el Decreto - Ley Nº 15.443, de 5 de agosto de 1983,

le asigna igualmente al Ministerio de Salud Pública, en su Artículo

16, los siguientes cometidos que tienen relación con su competencia

para la regulación y funcionamiento de las Farmacias. Entre ellos

cabe destacar: “a) Autorizar el funcionamiento de los establecimientos

regulados por esta Ley, llevando el correspondiente registro de los

mismos; e) Ejercer el contralor de la dispensación y comercialización

de los productos regulados por esta Ley; y ll) Requerir la información

que sea necesaria y examinar todo tipo de documentación concerniente

a las operaciones comprendidas en la presente Ley”;

VII) a su vez, el Decreto Ley Nº 15.703 en su Artículo 1º Inciso

2º dice que, el “ejercicio de las libertades de empresa, de industria y

comercio en la materia regulada por la presente Ley, queda sujeta a

las limitaciones y prohibiciones de interés general resultante de ella”.

Además el Artículo 24 de esta Ley prevé la competencia del Ministerio

de Salud Pública, de ejercer la política y determinar el régimen de

instalación y funcionamiento de cualquiera de los establecimientos

regulados por la misma, disponiendo especialmente de las facultades

de registro, coordinación, control y reglamentación. Igualmente esta

Ley le asigna facultades al Ministerio para autorizar el funcionamiento

o disponer la suspensión de los establecimientos de Farmacia, jar

exigencias, técnicas, sanitarias, de ubicación, locativas y ambientales,

o de otro orden, necesarias a los nes de la Ley. Por consiguiente,

estima esta Procuraduría, que existen Leyes que habilitan el dictado

del Decreto que se procesa. Lo que prestigiosa Doctrina ha calicado

como “normas de competencia”, que son normas que ni ordenan,

permiten o prohíben la realización de determinadas conductas, sino

que establecen las condiciones de validez del dictado de otras normas”;

VIII) que el referido dictamen subrayó en palabra de Prieto Sanchis

que “las normas de competencia son aquellas que atribuyen a un sujeto

u órgano la potestad o competencia para lo que llamamos Ley, Decreto,

Sentencia, Resolución, etc. Las normas de competencia, prevén que,

por el hecho de que un sujeto u órgano realice determinada conducta,

en el marco de determinadas circunstancias, se obtiene un efecto o

resultado normativo e institucional determinado (PRIETO SANCHÍS,

Luis; Apuntes de Teoría del Derecho, Troa, Madrid, 2008, páginas

68 a 72)”;

IX) por su parte, sigue el Señor Procurador, “Cajarville desde la

dogmática jurídica, señala que la existencia de una norma atributiva

de competencia es un presupuesto del acto administrativo, sin la

concurrencia del cual, el acto administrativo que se dicte estará

viciado por incompetencia (CAJARVILLE PERLUFFO, Juan Pablo:

“Sobre actos administrativos” en Sobre Derecho Administrativo,

Tomo II, FCU, 3ª edición, 2012 páginas 24/25). Lo que hace el Decreto

es regular y limitar el funcionamiento de las Farmacias, lo que está

dentro de las facultades que le otorgan distintas Leyes, que habilitan

al administrador a organizar los servicios de Farmacia de la manera

que estime más conveniente. Y ello acorde con los que establecen las

Leyes mencionadas, que se encuentran vigentes y son el marco jurídico