Las grietas y el papelón

La calidad institucional permite que los gobiernos malos puedan terminar sus mandatos. No parece propicio hacer un diagnóstico fatalista; pero a la luz de ciertos acontecimientos, parece evidenciarse un nivel de deterioro institucional que, de sostenerse, llevaría a que la frase que abre esta columna no se cumpla. Un ejemplo es claro: es lugar común afirmar que las sólidas instituciones del Uruguay previnieron que el escenario socioeconómico crítico de 2002 derivara en una situación similar a la de diciembre de 2001 en Argentina.Algunos hechos llevan a notar que las grietas se profundizan en los edificios de nuestra arquitectura institucional. En primer lugar es importante mencionar el tan mentado caso “Paco Casal” que ha ocupado las primeras planas de los diarios en los últimos días. En este peculiar escenario vemos un fracaso absoluto de todas las instituciones del Estado. La DGI que, comandada por el astorismo, hacía y hace de las empresas una suerte de economía extractiva feroz parece haber quedado en evidencia ante la opinión de connotados tributaristas. El Poder Ejecutivo, por otra parte, es presionado por uno de los empresarios más poderosos del país, so amenaza de demandar al Estado por 300 millones de dólares. Si el Poder Ejecutivo estuviera confiado en que la persecución astorista tiene sentido y está ajustada a Derecho, ¿por qué temería acogerse al dictamen de otro poder del Estado recurriendo a la Justicia?A la luz de estos hechos parecen quedar en evidencia los problemas sobre los cuales está montada la economía tributaria extractiva que ha sostenido gran parte de la expansión del Estado en términos de creación de cargos, claro está, no de una mayor responsabilidad, calidad o gestión durante el último decenio.El problema radica en que no todos los empresarios o individuos que han sido sometidos a injustos gravámenes e inspecciones abusivas pueden afrontar el costo de equipos de abogados que les provean de munición jurídica para atacar al Estado. Tampoco tienen el privilegio de la línea directa con el Presidente de la República mediante reuniones informales, pero publicitadas, en la chacra del Paso de la Arena. Así pues, cabe preguntarse, por la responsabilidad institucional en este caso: ¿cae la culpa sobre la feroz DGI astorista o sobre la desprolija Torre Ejecutiva mujiquista?La palabra responsabilidad parece que no forma parte del léxico político de la presente gestión al frente del Estado. Eso queda claro en el caso de la liquidación...

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