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Últimos documentos

  • La tutela jurisdiccional efectiva "en jaque"
  • Estándares de motivación judicial en las garantías jurisdiccionales ecuatorianas: un enfoque analítico sobre la Sentencia 1694-21-EP/24 de la Corte Constitucional

    Este estudio tuvo como objetivo evaluar los estándares de suficiencia de motivación en las garantías jurisdiccionales de Ecuador y su efectividad en la protección de los derechos fundamentales. Se empleó un método cualitativo-documental, se analizó la Sentencia 1694-21-EP/24 de la Corte Constitucional, junto a doctrina relevante y jurisprudencia comparada en derecho constitucional. Los hallazgos revelan que, si bien la Corte Constitucional ha establecido criterios específicos para la motivación judicial, persisten problemas de implementación, especialmente en los tribunales inferiores, donde la motivación es frecuentemente inadecuada o ambigua. Además, la flexibilidad interpretativa de la Corte permite que algunos elementos de la motivación permanezcan implícitos, lo que puede resultar en interpretaciones subjetivas e inconsistencias. El análisis comparativo con sistemas internacionales, como los de España, Chile y Colombia, destacó desafíos similares y subrayó la necesidad de estándares más claros en Ecuador para reducir la subjetividad. El estudio concluye que la capacitación judicial continua y la creación de guías prácticas son esenciales para lograr consistencia en los estándares de motivación para fortalecer los derechos al debido proceso y mejorar el sistema judicial ecuatoriano

  • ¿Simulación absoluta o relativa? ¿Lícita o ilícita? Análisis de la sentencia n.º 1399 de la Suprema Corte de Justicia del 21 de diciembre de 2023

    En el mundo de los negocios jurídicos, el tráfico jurídico se ve distorsionado por la compleja figura de la simulación, capaz de desdibujar la apariencia negocial y generar intrincados dilemas jurídicos. En el presente artículo se comentará un caso complejo de simulación, donde la práctica judicial coloca, una vez más, los conceptos jurídicos de la simulación en análisis. En este comentario, se reflexiona sobre la causa simulandi y su ubicación en el proceso de simulación bien sea como elemento externo, contingente y distinto de la causa del acuerdo simulatorio, bien como elemento estructural y definitorio de cualquier simulación. En consecuencia, se reflexiona asimismo sobre la licitud o ilicitud del acuerdo simulatorio, valorando particularmente la finalidad específica perseguida (causa concreta) en la simulación. Finalmente, se acuerda que, en todo caso, y en el particular también, el foco debe estar en la realidad, en el negocio disimulado, y no tanto en el negocio simulado

  • El consentimiento y el secreto médico en las pericias a las víctimas en el proceso penal. Sus incidencias en la proposición, admisión, producción y valoración de la prueba

    El presente trabajo aborda cómo y en qué oportunidad procesal las víctimas, o sus representantes, pueden brindar el consentimiento para la realización de pericias. Se hace un análisis a partir de la jurisprudencia de todos los tribunales de apelaciones penales. En primer lugar, se concluye que la jurisprudencia mayoritaria entiende que el hecho de que una víctima acuda a una pericia implica consentirla y levantar el secreto profesional. Otra parte de la jurisprudencia aboga por que la víctima levante el secreto médico personalmente en la audiencia de control de acusación, sin la intermediación del Ministerio Público. Por otro lado, si bien la doctrina se acoge a permitir que los adolescentes consientan por sí mismos, la jurisprudencia exige el consentimiento de sus padres en su representación. En cuanto a las víctimas fallecidas, se permite que las pericias sean practicadas sin el consentimiento ni de sus sucesores ni de sus representantes procesales

  • Aportes de la justicia constitucional latinoamericana en la construcción del concepto de buena fe calificada en la extinción de dominio

    La incorporación de nuevas formas de persecución no punitiva contra la delincuencia económica no solo conlleva la adaptación de nuevos procedimientos, sino también modificaciones sustanciales a los conceptos tradicionales de la dogmática jurídica. Uno de ellos es la buena fe alegada como defensa del tercero en un proceso de extinción de dominio. La naturaleza sustantivamente constitucional del instituto, aunado a su arista procesal civil, ha transformado la buena fe bajo el mote de buena fe calificada. Para ello, durante los últimos 30 años, la justicia constitucional latinoamericana, en especial la de Colombia, ha moldeado este concepto peculiar que difiere del genérico contemplado en las legislaciones civiles

  • La protección jurídica de los defensores de derechos humanos en México

    Este estudio examina la protección jurídica de los defensores de derechos humanos en México, considerando los riesgos y la violencia que enfrentan. Su objetivo es evaluar la eficacia del marco jurídico nacional e internacional de protección a personas defensoras de derechos humanos en México, mediante el análisis de casos emblemáticos, datos estadísticos y jurisprudencia relevante. La investigación parte de la hipótesis de que las medidas jurídicas y políticas públicas actuales son insuficientes, lo que perpetúa la impunidad y la violencia sistemática. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis documental, revisando la Constitución mexicana, la Ley de Protección a Defensores y Periodistas, y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las conclusiones destacan la necesidad de fortalecer la armonización normativa, eliminar la impunidad y mejorar los mecanismos de protección. Se subraya la responsabilidad del Estado y la importancia de incorporar una perspectiva de género, así como reforzar la cooperación internacional para garantizar un entorno seguro y libre de agresiones

  • El estado de cosas inconstitucional como protección del derecho fundamental a la educación en las políticas públicas educativas

    El presente artículo tiene como objetivo analizar la forma en que el estado de cosas inconstitucional implica la protección del derecho fundamental a la educación en las políticas públicas educativas en el derecho de Perú y Colombia. Para desarrollar la investigación, se adopta en la metodología un enfoque cualitativo con diseño de teoría fundamentada, con la técnica del análisis documental y el instrumento de guía de análisis documental. Se concluye que el estado de cosas constitucional es un mecanismo clave para la protección estructural de derechos, especialmente cuando existen violaciones masivas y persistentes, y su aplicación permite corregir las deficiencias estructurales y garantizar la responsabilidad del Estado en salvaguarda de los derechos fundamentales, como la educación. La intervención estatal debe garantizar condiciones adecuadas para todos, priorizar a los grupos vulnerables y promover políticas que eliminen barreras estructurales con el objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad

  • Relaciones entre el cambio de nombre y el derecho a la identidad, a la luz del principio de autonomía progresiva

    El presente trabajo analiza las solicitudes de cambio de nombre de niños, niñas y adolescentes en virtud de la voluntaria ausencia del padre biológico, el que puede ser reemplazado, en lo relativo a las funciones propias de la paternidad, por la nueva pareja de la madre. Los casos que se estudian requieren razonar sobre la relación existente entre nombre y derecho a la identidad. Además, se trata la representación judicial del niño cuyo apellido se pretende modificar y la influencia en la materia de los cambios en la familia, como el surgimiento de una familia reconstituida. Finalmente, se vinculan las peticiones de cambio de nombre con el principio de autonomía progresiva y el derecho a ser oído

  • El derecho al cuidado y su proyección en la migración de mujeres: una lectura de implicancias y reflexiones desde la OC-31/25 de la Corte IDH

    El artículo analiza el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano autónomo en la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y destaca su impacto en la protección de las mujeres en contextos de migración. A partir de un enfoque jurídico y de derechos humanos, se examina el contenido, las dimensiones y el alcance del derecho al cuidado, así como las obligaciones estatales derivadas de su garantía. El trabajo articula este análisis con los aportes de la literatura feminista sobre las cadenas globales de cuidado y la feminización de las migraciones, e identifica cómo las desigualdades estructurales de género, clase y origen se reproducen en el trabajo de cuidado transnacional. Se sostiene que la OC-31/25 constituye un hito en el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al ofrecer un marco normativo que interpela la organización social del cuidado y exige medidas diferenciadas para asegurar la igualdad sustantiva y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres migrantes

  • La obligación estatal de regular y exigir procedimientos de diligencia debida en derechos humanos. Apuntes desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

    El presente trabajo aborda la cuestión de la diligencia debida en materia de derechos humanos desde una perspectiva interamericana y desde el derecho internacional de los derechos humanos. Pese a que los Estados de la región se han desocupado de la regulación uniforme y sistémica, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impone en forma obligatoria —en virtud del control de convencionalidad y del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)— la regulación del tema. Así, se aborda cómo mediante recientes sentencias se ha dotado de operatividad a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas y cómo ello implica hoy una obligación internacionalmente exigible en virtud del deber de garantía del artículo 1.1 de la Convención. Por último, se sugieren seis pilares que toda regulación al respecto debería tener en cuenta en sus programas de cumplimiento y se analiza el nuevo rol del compliance officer como “auxiliar” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solo ya como gestor de intereses privados de la empresa. Asimismo, se sugiere un mecanismo de verificación o supervisión estatal que debería estar en manos de un organismo independiente del Poder Ejecutivo