• Suprema Corte de Justicia

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  • Sentencia Definitiva nº 1.391/2019 de Suprema Corte De Justicia, 4 de Noviembre de 2019

    La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, a su vez, la adhesión a la casación interpuesta por la demandada. El actor promovió demanda a efectos de que se le indemnizara por los daños y perjuicios que le causó el acto administrativo, por el cual se le impuso la sanción de apercibimiento por escrito. El actor se agravió por haberse prescindido de prueba en segunda instancia en forma infundada. La Corporación consideró que la Sala fundó las razones por las cuales rechazó el diligenciamiento de prueba. En cuanto al agravio por la reducción del importe de la indemnización por daño moral. La Corte considera que la indemnización del daño moral es tarea discrecional de los Tribunales por lo cual no puede configurarse infracción a ninguna norma de derecho, salvo la fijación de cifra arbitraria o absurda y en el caso concreto, la suma fijada no resulta arbitraria ni absurda. Respecto a la tasa de interés legal objeto de condena. El recurrente afirmó que la Sala incurrió en error porque era de aplicación el art. 2207 del Código Civil y no el interés del 6% previsto en el Decreto Ley 14.500. La Corporación rechazó este agravio. Cuando la condena está establecida en moneda extranjera, solo se descarta el mecanismo de actualización previsto por los art. 1 y 2 del D.L. 14.500, pero no el del art. 4, que tiene como función resarcir al acreedor por verse privado de utilizar el capital durante un determinado lapso legal. En  cuanto al recurso de casación de la parte demandada. Respecto a  la errónea valoración de la prueba del daño moral. Entendió la Corporación que nada de absurdo hay en concluir que, la imposición de una sanción en forma infundada es causa de aflicción para cualquier persona que revista como funcionario público, por la innegable afectación de su honra.

  • Sentencia Definitiva nº 1.387/2019 de Suprema Corte De Justicia, 4 de Noviembre de 2019

    Falta de legitimación pasiva. Acción de inconstitucionalidad. Excepcionamiento. Interés.

  • Sentencia Definitiva nº 1.390/2019 de Suprema Corte De Justicia, 4 de Noviembre de 2019

    La Corporación, por unanimidad, aunque por diferentes fundamentos, desestima la excepción de inconstitucionalidad incoada. Es el caso de un colono que interpone excepción de inconstitucionalidad contra el art. 61 lit. b de la ley 11.029, en cuanto se establece la obligación del colono de residir en el predio rural afectado al régimen de colonización, al cual se le impuso por tal motivo una multa y no utilizó los mecanismos correspondientes contra tal acto administrativo. La Corte en mayoría (Dres. Luis Tosi, Tabaré Sosa y Dra. Minvielle) sostienen que el demandado  en un proceso ejecutivo en el cual la sentencia monitoria no se encuentra firme, se encuentra legitimado para impugnar la regularidad constitucional de leyes que sustentan la habilidad del título ejecutivo que se pretende ejecutar. En criterio divergente, los Sres Ministros Dres. Elena Martínez y Eduardo Turell, consideran que la ausencia de legitimación se debe en el caso a la aplicación definitiva de la norma impugnada. Los Sres. Ministros que ingresan al análisis de mérito ( Dres. Luis Tosi, Tabaré Sosa y la redactora, Dra. Minvielle), consideran que no se verifica la inconstitucionalidad planteada.

  • Sentencia Definitiva nº 1.389/2019 de Suprema Corte De Justicia, 4 de Noviembre de 2019

    La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimó el recurso de casación movilizado por la parte demandada. Los actores celebraron un contrato con el demandado por el que se obligaron a cederles los derechos y obligaciones de que eran titulares sobre una cuarta ava parte indivisa de un ómnibus y de seis acciones nominativas de una sociedad. No resultó controvertido la existencia de incumplimiento de la parte demandada. La defensa del demandado argumentó que el precio pactado fue desmesurado con relación al precio de mercado porque en las cuotas se habían incluido los intereses compensatorios. La verdadera tasa de interés pactada resulta superior a los límites normativamente previstos. Pidió que se declare la usura civil y la caducidad del derecho del acreedor a exigir el pago de los intereses y reajustes pactados. En primera instancia se amparó la defensa del demandado fundada en la existencia de usura. En segunda instancia, la Sala se apartó de la pericia contable por entender que la peritación consideró el tope de intereses promedio establecido para los créditos tomados por las empresas y no por las familias (créditos al consumo). La Corporación comparte la fundamentación del Tribunal . Las tasas a las que hay que atender para determinar si existió usura en éste caso, es las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay para la categoría familias. Respecto a la infracción de los art. 4 inc. 1º  de la ley 18.212 y 2205 del Código civil. El planteo concerniente a la nulidad de la cláusula en la que se pactaron los intereses no fue realizado en la oportunidad procesal correspondiente y no formó parte del objeto del proceso, por lo que el cuestionamiento planteado recién en el recurso de casación, no puede ser atendido.

  • Sentencia Definitiva nº 1.388/2019 de Suprema Corte De Justicia, 4 de Noviembre de 2019

    La Suprema Corte de Justicia, acogió parcialmente el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anuló la sentencia impugnada en cuanto, fijó las diferencias salariales en la suma de U$S 11.200, las que se determinan en U$S 5.264; liquidó el salario vacacional en igual forma que la sentencia no gozada, debiendo estarse al jornal líquido de sentencia e incluyó en la liquidación del aguinaldo el salario en especie (vivienda), el cual se excluye. En cuanto a la calificación de los hechos; la Corte consideró que la subsunción realizada por la Sala en la figura del “empleador complejo resulta jurídicamente irreprochable. En cuanto al agravio relativo a la errónea aplicación del art. 198 del C.G.P., la Corporación consideró que le asistía razón a la recurrente en cuanto afirmó que la sentencia atacada vulneró lo establecido en el art. 198 del C.G.P., al amparar la pretensión por salarios impagos, condenó más de lo solicitado.

  • Sentencia Definitiva nº 1.378/2019 de Suprema Corte De Justicia, 28 de Octubre de 2019

       

  • Sentencia Definitiva nº 1.331/2019 de Suprema Corte De Justicia, 25 de Octubre de 2019

    La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimó el recurso de casación movilizado por la parte actora. El actor delegado sindical, promovió demanda de reinstalación, contra la demandada  en mérito a considerar que su despido resulta un acto discriminatorio y antisindical, violatorio de la Ley No. 17.940. La recurrente afirmó que la demandada no cumplió debidamente con la carga de controvertir los hechos en los cuales se fundó la actora para sostener la ilegitimidad del despido del actor. La Corporación ha asumido posición en cuanto a la necesidad de privilegiar los resultados de la prueba por sobre los de una eventual admisión de hechos. La recurrente se agravió también respecto a la valoración de la prueba diligenciada en autos. En cuanto al punto, para los Sres. Ministros Dres. Martínez, Turell, Minvielle y Tosi , cabe revalidar el criterio según el cual la revisión de la plataforma fáctica y la revalorización de la prueba no constituyen motivo casable. En criterio divergente el Sr. Ministro Dr. Sosa considera que la valoración probatoria realizada por parte del Tribunal de alzada no resulta excluida del control casatorio. Consideró, de todos modos, que el medio impugnativo impetrado no puede prosperar por cuanto la parte recurrente omitió exponer los motivos concretos constitutivos del fundamento de casación, tal como lo exige el art. 273 num. 2 del C.G.P.

  • Sentencia Definitiva nº 1.370/2019 de Suprema Corte De Justicia, 24 de Octubre de 2019

    La  Corporación, por unanimidad, desestima el recurso de casación incoado por la parte actora. El presente juicio fue promovido por un grupo de trabajadores de CONSTRUCTORA OAS S.A., contratados para obra determinada. El agravio  tiene que ver con el régimen de aplicación de la tercerización laboral, leyes nros.18.099 y 18.251. Se establece por ley que cuando una empresa contrata la ejecución de una obra de manera ocasional, no resulta alcanzado por el régimen de responsabilidad laboral regulado por la ley 18.251. No basta con que una empresa principal o tomadora de servicios encargue la ejecución de una obra o servicio a un tercero para que quede configurada la hipótesis de intermediación o subcontratación laboral, sino que es necesario que ese relacionamiento interempresarial adquiera el carácter de estable o permanente, lo que no se da en este caso, por lo cual no es de aplicación el régimen de tercerización laboral. La Corte considera que el razonamiento de la Sala es inobjetable y eso marca la suerte del recurso.

  • Sentencia Definitiva nº 1.375/2019 de Suprema Corte De Justicia, 24 de Octubre de 2019

       

  • Sentencia Interlocutoria nº 2.109/2019 de Suprema Corte De Justicia, 21 de Octubre de 2019

       

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