Sentencia Interlocutoria nº 1.382/2016 de Supreme Court of Justice (Uruguay), 8 de Septiembre de 2016

JuezDr. Jorge Omar CHEDIAK GONZALEZ,Dr. Felipe Javier HOUNIE SANCHEZ,Dr. Jorge Tomas LARRIEUX RODRIGUEZ,Dr. Ricardo Cesar PEREZ MANRIQUE,Dr. Gustavo Orlando NICASTRO SEOANE
Fecha08 Septiembre 2016
Número de expediente88-155/2012
EmisorSupreme Court of Justice (Uruguay)
Número de sentencia1.382/2016

Montevideo, ocho de setiembre de dos mil dieciséis

VISTOS :

Para sentencia interlocutoria, estos autos caratulados: “AA –SU DENUNCIA- CASACION PENAL”, individualizados con el IUE: 88-155/2012.

RESULTANDO:

I. Por Resolución No. 2309/2014 dictada el 10 de setiembre de 2014 por el Juzgado Letrado en lo Penal de 7mo. Turno, se dispuso: “Prosíganse las presentes actuaciones presumariales.

Cúmplanse las citaciones ordenas por auto No. 331/2013 (fs. 48)...” (fs. 258/262).

II. Por Interlocutoria dictada el 8 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to. Turno, con discordia del Sr. Ministro Dr. J.O.N., se resolvió confirmar la interlocutoria No. 2309/2014 (fs. 305/318 vto.).

III. A fs. 321 y ss., las representantes de BB, interpusieron recurso de casación.

En síntesis señalaron:

- La Sala vulneró el prin-cipio de legalidad, de irretroactividad de la Ley penal y de certeza jurídica (arts. 7, 10 y 72 de la Constitución de la República; 9 del Pacto de San José de Costa Rica y 11 de la Declaración de Derechos Humanos).

Si una conducta no era delictiva en un tiempo determinado, no puede serlo a posteriori, en tanto la Ley no lo había establecido. El principio de irretroactividad legal, ingresa a nuestro ordenamiento jurídico a través de los artículos 7, 10 y 72 de la Constitución de la República.

La vulneración retroactiva de las normas que determinan la prescripción de un delito, implica dar nacimiento a un tipo penal que, ocurrido con anterioridad, había dejado de existir por el transcurso del tiempo reconocido y determinado por la Ley.

- La Sala en definitiva, hizo caudal de un supuesto impedimento que habría ejercido la vigencia de la Ley No. 15.848, considerado a los efectos como justo impedimento o causa de fuerza mayor, encontrando argumento para sostener la exclusión del transcurso del tiempo durante el período de vigencia de dicha Ley.

Tal argumentación resulta contraria a derecho y se basa en la falacia de presentar la vigencia de una Ley debidamente sancionada, contra la que fueron interpuestas impugnaciones y cuestionamiento, como un impedimento, olvidando el carácter general y coercitivo de las Leyes.

No se comparte la afirmación de que la Ley No. 15.848 supuso que las víctimas o sus causahabientes, se tuvieron que enfrentar nuevamente a la paradojal situación de que la Justicia carecía de autonomía nuevamente a la paradojal situación de que la Justicia carecía de autonomía funcional para desarrollar su específica labor institucional, al quedar la misma condicionada a un previo “informe” del Poder Ejecutivo, de que el hecho presuntamente delictivo denunciado, no estaba incluido en los delitos respecto de los cuales se había declarado legalmente la caducidad del ejercicio del derecho a la pretensión punitiva del Estado.

La Defensa no comparte tal argumento, en virtud de que en varias causas fue solicitada la inconstitucionalidad de la Ley No. 15.848, que declaró su constitucionalidad, por tanto el Poder Judicial actuó, como debe ser, en amplia autonomía del Poder Ejecutivo.

IV. Recibidos los autos (fs. 332), se resolvió dar ingreso al recurso de casación interpuesto y traslado por el término legal (fs. 334).

Se confirió traslado al Sr. Fiscal Letrado Nacional en lo Penal de 6to. Turno (fs. 339), quien por dictamen de fs. 340 y ss., solicitó se desestimase el recurso de casación interpuesto.

Por su parte, el Sr. Fiscal de Corte, por los fundamentos que expuso en su dictamen, aconsejó desestimar el recurso deducido (fs. 348/354).

CONSIDERANDO:

I) La Corporación, por el número de voluntades legalmente requerido (art. 56 Ley No. 15.750), desestimará el recurso de casación interpuesto.

II) Respecto a la admisibilidad del recurso, quienes concurren en mayoría a formar la decisión sostienen soluciones diversas.

El Sr. Ministro Dr. F.H. y el Redactor tuvieron oportunidad de pronunciarse, respecto de un caso análogo al presente, sobre la admisibilidad del recurso de casación en hipótesis donde se discute la prescripción de delitos investigados en etapa presumarial (cfme. Sentencia de la Corporación No. 2.123/2014).

Por su parte, el Sr. Ministro Dr. R.P.M., reitera la posición que sostuviera en discordia a la referida sentencia de la Corporación, en la medida en que la recurrida se trata de una decisión de naturaleza interlocutoria de segunda instancia que confirma la de primera la que, a su vez, desestima la solicitud de clausura de las actuaciones, por lo que ésta no integra el elenco de las sentencias casables, al no revestir la cualidad de ser una sentencia interlocutoria que ponga fin al proceso penal y haga imposible su continuación.

No obstante, el Sr. Ministro Dr. R.P.M. entiende que, razones de mérito, también conllevan a la desestimatoria del recurso de casación movilizado, según se dirá.

III) Respecto a la alegada prescripción que enervaría la posibilidad de investigar los delitos presuntamente cometidos por los indagados, la mayoría que conforma ésta decisión, aunque por distintos fundamentos, estima no ha operado.

III.1) A juicio del Redactor, el dilema entre la prescripción o imprescriptibilidad de los hechos comprendidos en el art. 1o. de la Ley No. 15.848 fue intentado resolver por el legislador con la Ley No. 18.831 que por su art. 1o. derogó tácitamente la Ley No. 15.848, restableciendo la potestad punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1.3.1985, comprendidos en el art. 1o. Ley No. 18.848, aunque introdujo nuevas dificultades en sus artículos 2 y 3 declarados inconstitucionales por Sent. No. 20/2013.

Entonces, estima que es el propio legislador patrio que reconoce que durante la vigencia de la Ley No. 15.848 (declarada inconstitucional por Sent. No. 365/2009 para los casos concretos en que se interpusiera tal accionamiento) y hasta la vigencia de la Ley No. 18.831, los plazos de prescripción extintiva no pudieron transcurrir útilmente.

Por otra parte, señala que como se sostuvo en Sentencia de la Corporación No. 1501/2011, y reiterara en lo pertinente en la Sentencia No. 20/2013, la Ley No. 15.848 no consagró una amnistía, por lo cual los delitos comprendidos no dejaron de existir, sino que se eliminó la posibilidad de accionar para su persecución por parte del Ministerio Público y, en consecuencia no hay innovación penal retroactiva en el art. 1o. de la Ley No. 18.831.

Sobre las relaciones entre las multicitadas Sentencias de la Corporación No. 365/2009 y 20/2013 (en que se invocara la ejecución de la Sentencia de la CIDH, caso XX vs. Uruguay, en especial párrafo 224) y la solución del tema en análisis (ya adelantado en Sentencia No. 127/2005 y seguido con distintos fundamentos en la Sentencia No. 935/2015), estima que la imprescriptibilidad no viene impuesta por tratarse de delitos de lesa humanidad, cuya conceptuación en la costumbre internacional carecía en nuestro orden jurídico de acogida hasta la Ley No. 18.026 conforme al principio de legalidad o tipicidad, pues no hay delito sin Ley previa, escrita y con una sanción determinada.

En este sentido, sustenta la idea que ni la doctrina, ni la jurisprudencia o la costumbre nacional o internacional, ni las Convenciones o Tratados Internacionales, habilitan el poder punitivo del Estado por sobre los límites temporales previamente establecidos (L., Diálogos judiciales y control de convencionalidad y constitucionalidad en el sistema interamericano, LJU T. 151, Abril/2015).

III.2) Por su parte, el Sr. Ministro Dr. F.H. y el Redactor siguen posición sustentada en reciente pronunciamiento de la Corporación (Sentencia No. 935/2015) que, al resolver un caso análogo al presente, sostuvo:

...es cuestión zanjada por la jurisprudencia (sentencia No. 1501/2011 de la Suprema Corte de Justicia) que no es computable el período del régimen de facto para calcular el plazo de prescripción de la acción penal, ya que durante ese tiempo su titular estuvo impedido de promover las investigaciones correspondientes.

Asimismo, para el caso concreto, tampoco cabe computar para determinar el ‘dies a quo’ de la prescripción el período de vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley 15.848).

En tal sentido, cabe partir de la interpretación de las normas contenidas en los arts. 117 a 125 del Código Penal para determinar si la prescripción prevista en ellos afecta a la norma sustantiva que determina el delito o a la adjetiva, es decir, a la acción para hacer valer en juicio las normas sustantivas.

Los referidos artículos se encuentran en el Título VIII, Capítulo I del Código Penal, bajo el ‘nomen iuris’: ‘De la extinción de los delitos’, lo que haría pensar, ‘prima facie’, que la prescripción, como instituto extintivo, provocaría la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
1 temas prácticos
1 artículos doctrinales

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR