Sentencia Definitiva nº 42/2016 de Juzgado Ldo.civil 2º Tº, 9 de Noviembre de 2016

Fecha de Resolución 9 de Noviembre de 2016
EmisorJuzgado Ldo.civil 2º Tº
MateriaDerecho Civil
ImportanciaAlta

VISTOS:

Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados: “C., I. y otros c/ Estado Ministerio de Educación y Cultura y otro -cobro de pesos” IUE 2-24550/2014;

RESULTANDO:

1) Que a fs. 119 comparecieron los actores promoviendo juicio por diferencias salariales generadas contra el Estado, Ministerio de Educación de Cultura y el Ministerio de Economía y Finanzas. Expresaron que son funcionarios del Ministerio Público y Fiscal (en adelante, MPF). En mérito a ello y conforme a lo establecido por el art. 403 de la ley 15.809 y artículo 24 del Decreto-Ley 15.365 se encuentran equiparados a los funcionarios del Poder Judicial en cuanto a misma dotación, sueldos progresivos y beneficios de iguales rangos. Ya en anteriores procesos la Justicia determinó el derecho de los funcionarios del MPF al cobro de la partida cuota mutual por el período 24/12/2003 al 24/12/2007 en función de la equiparación establecida por los artículos antes mencionados.

El ingreso al FONASA de los funcionarios del Poder Judicial y de los del MPF a partir del 1 de enero de 2008 dispuesto por el art. 68 de la ley 18.211 implicó una modificación en la forma de aportar al financiamiento de la cobertura de salud. El artículo 9 estableció que la aportación será progresiva hasta llegar al 3% que debían efectuar los funcionarios que se incorporarían al sistema no podrá significar reducción del salario líquido. La norma hace referencia expresa a los funcionarios del Poder Judicial. Si bien la partida en cuestión podrá haber cambiado su denominación, resulta forzoso concluir que la misma permaneció en los haberes salariales de los funcionarios del Poder Judicial con posterioridad a enero de 2008. De lo contrario, se habría producido una violación a la normativa afectando su salario líquido. La propia ley 18.131 dispone en su artículo 10 que en caso de producirse las incorporaciones al sistema, los créditos habilitados para los regímenes de asistencia médica de cada organismo, pasarán a financiar los aportes previstos en los Literales B) y C) del artículo 3 de la presente ley. Sin perjuicio de la argumentación anterior, ante la constatación de que los montos correspondientes a la partida cuota mutual ha permanecido en los haberes salariales de los funcionarios judiciales resulta irrelevante el motivo por el cual la han seguido percibiendo, ya que el fundamento último del reclamo incoado se encuentra en la equiparación existente entre los judiciales y los funcionarios del MPF.

Las diferencias salariales se generaron en primer término, debido a que la Administración omite incorporar en los haberes salariales el rubro que hasta diciembre de 2007 correspondía a cuota mutual. Ello es consecuencia directa del régimen por el cual los funcionarios del Ministerio Público se encuentran equiparados a sus pares del Poder Judicial. En segundo término, se generaron por la afectación del salario líquido en ocasión de efectuarse las retenciones porcentuales progresivas correspondientes a los aportes al FONASA, contradiciendo lo enunciado por el art. 9 de la Ley 18.131, el cual previó expresamente que dicha aportación “no podrá significar reducción del salario líquido”.

Es a partir del 1 de enero de 2008 que los accionantes quedaron incorporados al Sistema Nacional de Salud y es por tanto a partir de esa fecha que comienza a implementarse la aportación progresiva del 1% anual hasta llegar al 3%. Se debía aportar un 1% en el año 2008, 2% en el año 2009 hasta llegar al 3% en el 2010, aportes que debieron coincidir con un ajuste salarial simultáneo, tal como lo previó el art. 4 de la ley 18.131. Al no incorporar la diferencia equivalente a las aportaciones efectuadas se produjo una rebaja salarial violatoria del principio de intangibilidad del salario.

No es obstáculo para el progreso del reclamo que no se encuentren previstos los recursos para el financiamiento de los montos adeudados ya que como lo ha dicho la jurisprudencia, la omisión del Poder Ejecutivo en habilitar el crédito presupuestal para abonar las sumas a cuyo pago se había obligado no puede nunca devenir en perjuicio de los actores sino que debe ser el Estado quien cargue con la responsabilidad de dicha omisión. Solicitaron que se condene al Estado a abonar las diferencias salariales generadas desde enero de 2008 y las que se sigan generando a futuro hasta tanto la demandada no incorpore a los salarios de los accionantes la partida que por estricta aplicación de la ley les corresponde percibir, con más su reajuste e interés legal hasta su efectivo pago, todo lo que deberá liquidarse por la vía del art. 378 del CGP.

2) Evacuando el traslado de la demanda, compareció a fs. 133 el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante MEF) quien opuso las excepciones de incompetencia de la sede por razón de materia, falta de agotamiento de la vía administrativa, manifiesta falta de legitimación pasiva del MEF, prescripción y/o caducidad de la reclamación por créditos que se pudieran haber generado con anterioridad al 24 de julio de 2010. Solicitó el emplazamiento del Banco de Previsión Social en el supuesto contemplado por el art. 51 del CGP.

Contestando la demanda, expresó que los funcionarios del Poder Judicial no cobran la partida mencionada. La equiparación en lo que a dotación presupuestal refiere es inviable ya que no se puede sobrepasar el marco legal presupuestal y fundamentalmente el marco constitucional que como norma superior mandata al legislador en un determinado sentido (art. 86 de la Carta). Respecto a los funcionarios del Poder Judicial existe una ley que en forma expresa les reconoce el derecho, lo que no existe respecto a los funcionarios del MPF. En el ámbito del MEF se ha entendido que si bien la fórmula de equiparación es amplia, no es posible que por efecto de la misma se...

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