Sentencia Definitiva nº 586/2017 de Supreme Court of Justice (Uruguay), 8 de Mayo de 2017

JuezDra. Elena MARTINEZ ROSSO,Dr. Jorge Omar CHEDIAK GONZALEZ,Dr. Felipe Javier HOUNIE SANCHEZ,Dr. Eduardo Julio TURELL ARAQUISTAIN,Dr. Gustavo Orlando NICASTRO SEOANE,Dr. Ricardo Cesar PEREZ MANRIQUE
Fecha08 Mayo 2017
Número de expediente91-163/2002
EmisorSupreme Court of Justice (Uruguay)
Número de sentencia586/2017

Montevideo, ocho de mayo de dos mil diecisiete

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “1) AA, 2) BB; 3) CC; 4)DD; 5) EE – INSOLVENCIA SOCIETARIA FRAUDULENTA - CASACION PENAL”, IUE: 91-163/2002, venidos a conocimiento de esta Corporación, por mérito al recurso de casación interpuesto por la defensa de los condenados AA, BB, CC y la defensa del co-encausado DD contra la Sentencia Definitiva No. 326/2014 dictada el 13 de noviembre de 2014 en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno.

RESULTANDO:

1o.) Que por la referida decisión el órgano de segundo grado falló: “Confírmase la sentencia apelada salvo en cuanto a que J.D.E. debe responder como co-autor del delito imputado y no como autor como se estableciera en el referido fallo” (fs. 6226/6245 vto.).

Por su parte, el pronunciamiento de primer grado, emanado del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7mo. Turno, por Sentencia Definitiva No. 90/2013 de fecha 14 de junio de 2013 falló: “Condénase a AA y BB como autores penalmente responsables de un delito de insolvencia societaria fraudulenta, a la pena de nueve años de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida, suspensión de los derechos políticos y de cargo u oficio público, y de su cargo las accesorias legales correspondientes (art. 105 lit. E del Código Penal).

Condénase a CC como autor penalmente responsable de un delito de insolvencia societaria fraudulenta, a la pena de seis años de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida, suspensión de los derechos políticos y de cargo u oficio público, y de su cargo las accesorias legales correspondientes (art. 105 lit. E del Código Penal).

Condénase a DD como autor penalmente responsable de un delito de insolvencia societaria fraudulenta, a la pena de tres años y ocho meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida, suspensión de los derechos políticos y de cargo u oficio público, y de su cargo las accesorias legales correspondientes (art. 105 lit. E del Código Penal).

Condénase a J.E. y a FF como autores penalmente responsables de un delito de insolvencia societaria fraudulenta, a la pena de veinticuatro meses de prisión, con descuento de la preventiva sufrida, suspensión de los derechos políticos y de cargo u oficio público, y de su cargo las accesorias legales correspondientes (art. 105 lit. E del Código Penal).

Dispóngase la suspensión condicional de la ejecución de la pena respecto de los encausados EE y FF, quedando ambos encausados sometidos a vigilancia policial en los términos de los artículos 102 y 126 del Código Penal, durante el término de un año, a cuyos efectos deberán constituir domicilio dentro del plazo de diez días de la notificación de la presente sentencia, bajo apercibimiento de tenerlos por constituidos en el que resulta de autos. El beneficio se considerará aceptado de no mediar oposición dentro del plazo antes referido” “(...)” (fs. 5771/5823).

2o.) Contra dicha sentencia, la defensa de los condenados CC, AA y BB, interpuso recurso de casación (fs. 6266 y ss.).

En tal sentido, articuló, en síntesis, los siguientes agravios:

- El Tribunal “ad quem” incurrió en una errónea aplicación del derecho en la forma (fs. 6266 vto./6272).

La sentencia recurrida viola flagrantemente lo dispuesto por los arts. 7.5, 8.1, 8.2 y 9 de la Convención Americana de Derechos del Hombre (CADH); arts. 9.3, 14.2, 14.3 lit. c) y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCYP)); art. 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); art. 11 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre (DUDH) y art. 72 de la Constitución de la República, en tanto es el producto final de un proceso judicial seguido en violación a los estándares internacionales en materia de juicio justo, principio de inocencia y plazo razonable de duración del proceso.

La sentencia condenatoria, confirmada por el Tribunal, adolece de nulidad absoluta e insanable, en tanto acto procesal que pone “fin” a un proceso penal seguido en directa y franca contradicción con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos tanto en el ámbito interamericano como universal, por los siguientes argumentos:

i) Violación del debido proceso: ha expresado la CIDH, que las sucesivas e infundadas negativas por parte de los diversos operadores de justicia ante los pedidos de libertad provisional, resultaron violatorias del debido proceso.

ii) Violación del principio de igualdad: por la discriminación legal de la que fueron objeto, con la sanción y ulterior aplicación de la Ley No. 17.897, que los excluyó expresamente del derecho a beneficiarse de un régimen especial de libertad anticipada y provisional, citando a la CIDH.

iii) Violación al principio de congruencia y debido proceso: por cuanto el F. presentó la acusación por un delito (“Insolvencia societaria fraudulenta”), cuando con anterioridad, la prisión preventiva fue dispuesta bajo otro delito. Ello constituyó una clara estrategia del Estado para justificar el plazo de detención, puesto que la nueva acusación no se basaba en pruebas nuevas (ni viejas) y no se les hizo conocer de qué hechos nuevos debían defenderse. El F. se apartó de la calificación jurídica efectuada en el auto de procesamiento, sin expresar razón alguna que avale tal postura.

iv) Violación al principio de legalidad y de la Ley más benigna: luego de la sanción de la Ley No. 18.411 que derogó la disposición legal por la cual los condenados se encuentran sujetos al proceso (art. 76 Ley No. 2.230), el Tribunal dispuso la clausura del proceso en aplicación del art. 15 inc. 2 del Código Penal y art. 7 inc. 2 del Código del Proceso Penal. Sin embargo, dicha decisión fue recurrida por la Sra. F. y la Suprema Corte de Justicia dispuso dejar sin efecto el archivo de la causa.

v) Violación del art. 8.1 CADH y arts. 9.3 y 14.3 lit. d) PIDCYP: excesiva e injustificada prolongación del proceso por más de doce años.

Consideran los recurrentes que el “ad quem” quiere “borrar de un plumazo” todas las irregularidades y violaciones a las garantías individuales de los encausados, mediante el simple expediente de considerar que la situación de vulneración de su derecho a la libertad fue zanjada como consecuencia del otorgamiento de la libertad provisional y que la continuación del proceso más allá y a pesar de que la derogación del art. 76 de la Ley No. 2.230 ya fue resuelto y ha causado ejecutoria mediante la resolución de la Suprema Corte de Justicia (fs. 6272).

- Por otra parte, entienden que la Sala Penal incurrió en error de derecho en el fondo (errónea aplicación del art. 5o. de la Ley No. 14.095; fs. 6272 vto. y ss.).

- Corresponde a la Corporación determinar si los hechos tenidos por probados en las instancias de mérito (inmutables en casación penal), configuran el delito por el cual se condenó a los hermanos AABBCC

Afirman que hubo un erróneo encuadre jurídico de los hechos dados por probados, atento a que el estado de insolvencia no se produjo mientras sus defendidos tuvieron participación en los hechos.

- Consideran los recurrentes que sin “insolvencia” (elemento objetivo del delito), la figura resulta inaplicable.

- Asimismo, sostienen que no se verificó la referencia subjetiva de la figura delictiva, puesto que las operaciones realizadas no estaban destinadas a beneficiar ilegítimamente a sus defendidos, sino a nutrir de los fondos necesarios a las diversas unidades del grupo.

- En esencia, los condenados consideran que, en el caso, no hubo insolvencia, porque la cesación de pagos sucedió luego de que el Banco Central del Uruguay tomara el control del Banco de Montevideo.

3o.) A fs. 6282-6298 vto., compareció la defensa del co-encausado DD e interpuso recurso de casación. Señaló como normas infringidas por la Sala el art. 18 lit. c del Decreto-Ley No. 15.322, así como el principio de logicidad o de motivación de la sentencia (art. 245 C.P.P.). Asimismo, sostuvo que la Sala infringió las reglas que regulan los principios de valoración de la prueba (art. 174 C.P.P.), y las normas sobre participación criminal (art. 59 del Código Penal).

En sustento de sus agravios expresó, en síntesis, los siguientes fundamentos:

- El BCU, en enero de 2003, comenzó a reconocer en todos los escritos de contestación de demandas que le promovían ahorristas, que no existió infracción al inc. C del art. 18 de la Ley No. 15.322, pero nada dijo ni aportó en contrario en sede penal, pese a que sus informes con la primera posición sí fueron agregados, dejando que el Tribunal de Apelaciones confirmara el auto de procesamiento el 26/3/2003.

- La Sala incurrió en errónea valoración de la prueba. En estos obrados se ha probado que en la información remitida a INTERPOL por parte de funcionarios del BCU (fs. 3081 y 3089) se incluyó a I. entre las autoridades del HH y BLCO al momento de la intervención y ello era falso. Al momento de la intervención del HH por parte del BCU, I. ya había renunciado a todos sus cargos y se habían hecho las sustituciones correspondientes. Se incluyó a I. como G. General en lugar de M.P., quien había asumido a fines de mayo (fs. 3824), así como en el directorio de Unión Capital AFAP (50% propiedad de HH) el 22/5/2002 (fs. 3817).

Lo más significativo es que en el expediente interno del BCU, al momento de la intervención del HH, el BCU excluyó a DD de las lista de autoridades (fs. 3081 y 3826), lo que muestra una clara intencionalidad por parte de ciertos funcionarios del BCU en las actuaciones en el HH de involucrar a I. ante la justicia.

- No resulta del expediente penal la prueba de la existencia de dolo. Por tanto, no es ajustada a derecho la calificación que realiza el Tribunal sobre el intercambio de notas entre BDM y BCU, así como su conocimiento por DD. DD conocía tales comunicaciones pero éstas no eran ilegales, ya que no fueron prohibidas...

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