Sentencia Definitiva nº 1.975/2017 de Supreme Court of Justice (Uruguay), 7 de Diciembre de 2017

PonenteDr. Eduardo Julio TURELL ARAQUISTAIN
Fecha de Resolución 7 de Diciembre de 2017
EmisorSupreme Court of Justice (Uruguay)
JuecesDra. Elena MARTINEZ ROSSO,Dr. Jorge Omar CHEDIAK GONZALEZ,Dr. Felipe Javier HOUNIE SANCHEZ,Dra. Bernadette Josefina MINVIELLE SANCHEZ,Dr. Eduardo Julio TURELL ARAQUISTAIN,Dr. Gustavo Orlando NICASTRO SEOANE
MateriaDerecho Civil
ImportanciaAlta

Montevideo, siete de diciembre de dos mil diecisiete

VISTOS:

Para sentencia definitiva en autos caratulados: “AA C/ BB Y OTROS - DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL – CASACIÓN” IUE: 356–223/2009 venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por demandada M.S.P contra la Sentencia Definitiva SEF 0008–000142/2016, de 30 de noviembre de 2016.

RESULTANDO:

1) Por Sentencia Definitiva No. 3/2016 de fecha 5 de marzo de 2015, el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno, falló “Amparando la demanda en todos sus términos y en su mérito, condenando al BB a abonar al Sr. AA la suma de U$S25.000 por concepto de daño moral y la suma de $948.168 por concepto de lucro cesante, todo más intereses legales desde la promoción de la demanda y reajustes (cuando correspondan) desde el mismo momento y hasta el efectivo pago.

Amparando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por CC y en su mérito absolviendo a dicha demandada del presente litigio.

Desestimando la citación en garantía promovida contra JJ. Y II y en su mérito, absolviendo a dichas terceras del presente litigio. Sin especial condena en la instancia” (fs. 1430 a 1483).

2) El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno por Sentencia Definitiva, SEF 0008–000142/2016, de 30 de noviembre de 2016, con discordia del Sr. Ministro Dr. E.E., Falló: “Confírmase la recurrida, excepto en cuanto al monto del lucro cesante, que deberá liquidarse en vía incidental (art. 378 y 400 del C.G.P.) y el monto del daño moral que corresponde abonar al BB equivalente a U$S 25.000. Sin especial sanción en el grado” (fs. 1550 a 1609).

3) A fs. 1616 y ss., el demandado BB interpuso el recurso de casación en estudio, manifestando en síntesis que la sentencia ha infringido y aplicado erróneamente el artículo 24 de la Constitución y los artículos 140, 141 y 216 del C.G.P., 1319 y 1324 del Código Civil.

El Tribunal aplicó la regla “res ipsa loquitur”, no obstante dicha regla no resulta de aplicable a todo tipo de evento ni sobre cualquier resultado adverso obtenido en el tratamiento médico; es decir no resulta ser una regla de aplicación automática. La misma debe inferirse de las circunstancias particulares cuando se sientan las bases para poder inferirse la argumentación de la experiencia común y el conocimiento.

Del informe pericial no surge que haya habido actividad culposa de la médica interviniente.

El Tribunal arriba a conclusiones totalmente contrarias a las brindadas por los especialistas, se aparta de los dictámenes periciales sin ningún sustento científico para hacerlo.

El distinguido Tribunal basa su pronunciamiento en la inferencia de hechos apartándose de la prueba pericial, sin apoyo científico que lo avale, lo que lo lleva a apartarse de la sana crítica.

Los peritos nunca establecieron que el Histoacryl se encontrara contraindicado y fuere contraproducente su utilización.

La inferencia realizada por el Tribunal de suponer que el catéter podría haberse dañado por la utilización del material empleado no tiene base científica alguna; no existiendo evidencia o indicio comprobable para inferir la existencia de negligencia médica alguna.

El tribunal, al igual que el sentenciante de primer grado, realizó un apartamiento del informe científico cayendo en el absurdo de rechazar arbitrariamente determinada prueba.

Del informe pericial surge que el actor sufrió un infarto cerebral por el material de embolización liberado, pero ello no se encuentra vinculado el error médico, ni tampoco que hubiera negligencia o impericia en el procedimiento.

En resumen hubo una errónea valoración de la prueba al aplicarse la regla “res ipsa loquitur” sin las bases que requiere la doctrina para su aplicación.

De la prueba de autos no es posible inferir culpa o negligencia médica.

La obligación asumida era de medios por lo cual no era posible una inversión en la carga de la prueba.

En base a lo expuesto solicito que se casara la recurrida y se desestimara la demanda en todos sus términos.

4) La parte actora evacuó el traslado conferido abogando por la confirmatoria (fs. 1641 y ss.).

5) A fojas 1648 y ss. compareció JJ. evacuando el traslado del recurso señalando en lo sustancial que correspondía declarar inadmisible el recurso respecto al rechazo de la citación en garantía.

6) Los autos fueron recibidos por el Cuerpo el 17 de marzo de 2017 (fs. 1564).

7) Por Resolución No. 399/2017 de 3 de abril de 2017 se dispuso el pasaje de estudio y autos para sentencia (fs. 1565 a vto.).

CONSIDERANDO:

I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría integrada por el redactor y los Dres. C. y H., hará lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio de BB, anulará la recurrida y desestimará la demanda por lo que se dirá.

II) El caso de autos.

AA promovió demanda por responsabilidad civil contractual contra el BB y contra CC, sosteniendo que se asistía en el DD desde el año 2003.

Expresó que padecía episodios esporádicos de convulsiones desde los 17 años de edad, producto de una malformación arteriovenosa (M.A.V.) en el encéfalo y a partir de los 36 años comenzó a asistirse en los servicios del BB. del Departamento de Salto.

A efectos de obtener una mejoría de su padecimiento, en el mes de julio del 2005 se lo deriva al FF que fue contratado por el BB

El FF, luego de establecer que era aconsejable realizar 4 embolizaciones, solicitó al DD, que adquiriera los instrumentos para dichas embolizaciones.

Según los términos de la demanda, el acto médico dañoso se sitúa el 20 de octubre de 2005 en ocasión que la Dra. EE, como integrante médica del FF, intenta realizar la primera de 4 embolizaciones.

El acto médico resulta frustrado por la ruptura del micro catéter en la unión de la parte más maleable, lo que provoca de inmediato déficit motor izquierdo con hipertonía de miembro inferior izquierdo.

En resumen, al realizarse la primer embolización, como consecuencia de la ruptura del primer catéter, el paciente sufrió graves secuelas como ser en una hemiplejia izquierda, debiendo ser internado en CTI.

La Dra. EE consigna en forma expresa y clara que las lesiones experimentadas obedecen a ruptura del micro catéter.

Se trata de un caso de responsabilidad del hecho de auxiliar, esto es el FF y de un daño causado no por la mala praxis médica sino por defectos o instrumentos del micro catéter con el que se realizó el acto médico.

La responsabilidad contractual que se plantea es por ruptura del micro catéter con el cual se estaba realizando el acto médico.

Se considera en la demanda que se trata de un caso de responsabilidad por el hecho del auxiliar, a raíz del contrato entre el DD y FF, calificando a esta última como auxiliar, y no por mala praxis, sino por defecto del aparato o instrumento médico utilizado (micro catéter), configurándose un caso de violación de una obligación de seguridad que asumen las instituciones prestadoras del servicio cuando utilizan instrumentos o aparatos.

Asimismo, se funda la responsabilidad del Estado en el artículo 24 de la Constitución, por el hecho de las cosas (ruptura del micro catéter) con específica referencia al artículo 1319 del Código Civil y a la falta de servicio.

III) La sentencia de primera instancia ampara la demanda, concluyendo que conforme al material probatorio incorporado “no se constataron defectos en el propio micro catéter que ... fuere utilizado en la intervención cerebrovascular del Sr. AA. Cuestión muy distinta fue su utilización, lo que trae sin dudas otra respuesta a la pretensión promovida” (fs. 1452) a partir de lo que analiza una eventual conducta culposa de la Dra.EE

IV) La sentencia de segunda instancia interpreta la demanda y concluye en que la pretensión tiene fundamento en vicio del catéter utilizado –extremo que ya había sido desestimado en primera instancia– y en la mala praxis de la profesional interviniente en el acto médico para concluir que el fallo de primera instancia no incurre en incongruencia (Cons. V en fs. 1564–1566).

Esta conclusión no es atacada por la recurrente, al interponerse el recurso de casación en examen, por lo que la cuestión a dilucidar es si existió valoración absurda o arbitraria de la prueba a través de la que el Tribunal de segunda instancia atribuyó impericia o negligencia a la actuación de la profesional que actuó en la embolización.

V) Por tanto, los agravios propuestos en sede casatoria por el BB., radican en la errónea valoración probatoria efectuada por el Tribunal ad quem que se califica como incursa en absurdo evidente o arbitrariedad (fs. 1624, num. 16, fs. 1626 vto., num. 33).

Primero, porque el Tribunal realizó consideraciones en un campo científico ajeno sin respaldo de dictamen médico (fs. 1621, num. 6) aún en contradicción con el informe del Dr. GG (fs. 1622, num. 7).

Segundo, porque el Tribunal ad quem aplica erróneamente la regla “res ipsa loquitur” ...afirmando hechos y circunstancias que no fueron aludidos en algún informe científico, lo que significa estar dentro del absurdo o arbitrariedad en la apreciación de la prueba.

Tercero, en tanto el tribunal no establece, porqué razón la obligación se encontraría dentro de la esfera de seguridad – resultado y no de medios (fs. 1628 num. 44 in fine).

Cuarto, en virtud de que no existe nexo causal entre los incumplimientos invocados por la parte actora y los daños reclamados.

VI) Como punto de partida del análisis del caso de autos, corresponde destacar que no resultó un hecho controvertido, la ruptura del 3er. micro catéter utilizado durante el proceso de embolización al que fue sometido el paciente AA y que la ruptura se produjo entre la porción rígida y la flexible.

De estarse al acto de proposición de la actora tal como fue interpretado por el Tribunal y consentido por el demandado, solo corresponde analizar si la actuación de la Dra. EE durante el proceso de...

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