Sentencia Definitiva nº 143/2021 de Tribunal Apelaciones Familia 2ºt, 29 de Septiembre de 2021
| Ponente | Dra. Alicia Teresita ALVAREZ MARTINEZ |
| Fecha de Resolución | 29 de Septiembre de 2021 |
| Emisor | Tribunal Apelaciones Familia 2ºt |
| Jueces | Dr. Eduardo Nelson CAVALLI ASOLE,Dra. Alicia Teresita ALVAREZ MARTINEZ,Dra. Monica Patricia GONZALEZ GONZALEZ |
| Materia | Derecho Procesal |
| Importancia | Alta |
Ministra R.: Dra. Alicia Álvarez Martínez
Vistos:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA AMPARO”,
IUE 2-32591/2021 venidos en apelación de la sentencia Nº 82/2021 de
16 de agosto de 2021, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de
Familia de Decimoquinto Turno, a cargo de la Sra. Jueza, Dra. A. De Aziz.
Resultando:
1°. Por la recurrida, se amparó la demanda impetrada en todos sus términos y en su
mérito, condenó al Ministerio de Salud Pública, a suministrarle al niño AA el medicamento “R.”, en un término de 72 hs., en la
forma requerida por el médico tratante y durante el tiempo que éste indicare; bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicar las sanciones económicas
previstas en el art. 9 Literal C de Ley 16.011.Sin especial condena en el grado (fojas
306 a 337).
2°. El Ministerio de Salud Pública, interpuso recurso de apelación (fojas 341 a 348
vto.)
Sostuvo que a contrario de lo que se manifiesta en la sentencia, en el caso de autos,
no se han configurado los extremos exigidos por la Ley que hagan lugar a la
admisión de la acción de amparo impetrada.
En primer lugar se agravia entendiendo que no actuó de forma manifiestamente
ilegítima. Surge de los antecedentes administrativos que el medicamento solicitado
no se encuentra incluido en el FTM para la patología del actor, por tanto, no
correspondía la condena a esa Secretaría de Estado. En toda instancia actuó en
toda la instancia con entera legitimidad, conforme a lo que prescriben la Constitución
y la Ley, por lo que su actuar no puede catalogarse como manifiestamente ilegítimo,
como aduce la sentenciante. Cita jurisprudencia.
En la especie, no estamos ante una actividad administrativa del MSP
manifiestamente ilegitima, que justifique y habilite el estudio y análisis de la acción
de amparo. No se configuró un actuar ilegítimo en relación a la conducta del MSP -
mucho menos aún que revista el carácter de manifiesto -en tanto se cumplieron con
todas las competencias y atribuciones encomendadas por la Constitución y la ley a
dicha Secretaría de Estado.
El A quo considera que la manifiesta ilegitimidad en autos se configuró al no
suministrar un medicamento solicitado por el actor. Ante esta conclusión caben
diversas consideraciones que pasa a detallar.
El art. 44 de la Constitución con su expresión:”'El Estado proporcionará
gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o
carentes de recursos suficientes", no está consagrando un derecho subjetivo
irrestricto al reclamo de medicamentos y/o procedimientos, cuando el paciente no
posea los recursos para afrontar el tratamiento.
Lo que se consagra es el principio de gratuidad en relación a las prestaciones de
salud que se encuentren insertas en la política de medicamentos o nuevas
tecnologías diseñada por el Estado - por el MSP — a través de los mecanismos que
éste haya dispuesto mediante la ley y decretos. Al respecto transcribe parcialmente
sentencia N°1981/2017 de la S.C.J.
Destaca que el art. 7 inc. 2° de la Ley N°18335 limita el derecho de acceso a
los medicamentos “debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e
incluidos por éste en el formulario terapéutico de medicamentos…”.
Se trata de una disposición que fue declarada constitucional en reiteradas
ocasiones por la Suprema Corte de Justicia al punto que actualmente procede al
rechazo anticipado de las excepciones interpuestas.-
En definitiva esta Secretaría de Estado no violó ningún derecho reconocido
constitucionalmente ni tampoco su deber de garantía de salud. El Estado ha
efectivizado en forma legislativa y reglamentaria la implementación efectiva del
“derecho a la salud”. Ha establecido y regulado las condiciones de completo
bienestar, brinda prestaciones de salud integral, igualitarias e humanitarias. La
actividad y la prestación se encuentran totalmente regladas, en respuesta a los
intereses sociales de toda la población. Concretamente, respecto a la situación
planteada, es por demás abundante la normativa que regula la dispensa de
medicamentos en nuestro país. Las consideraciones de la sentencia ponen en
evidencia que el a quo desconoce y desatiende absolutamente el proceso de
evaluación de un fármaco para serincluido como estrategia de tratamiento de una
enfermedad en el sistema desalud, sin advertir la importancia de este proceso y su
impacto en el sistema de salud.Es así que no puede dejar de soslayarse el
fundamento legal que regula lacompetencia de esta Secretaría de Estado, está
establecido en la Constitución(especialmente arts. 168, 181); la Ley N ° 9.202 de 12
de enero de 1934, elDecreto-Ley N* 15.181 de 21 de agosto de 1981; Decreto-Ley
Nº 15.443 de 5 de
agosto de 1983, Decreto-Ley N° 15.703 de 11 de enero de 1985, Ley Nº 17.930 de
19 de diciembre de 2005 (arts 313, 264); Ley 18.211 de fecha 5 de diciembrede
2007 -especialmente arts. 1, 4, 7, 10 y 45. En referencia a los procedimientos que
deben cumplirse necesariamente para laincorporación de medicamentos al
FORMULARIO TERAPEUTICO, fue establecido en Decretos del Poder Ejecutivo N°
265/006 y N° 4/010 y Decreto 130/2017. Los mismos reglamentan la forma que este
Ministerio debe actuar para la mencionada inclusión. Las obligaciones que tiene esta
Secretaría de Estado en referencia a la actividad de evaluación de prestaciones de
salud para su eventual inclusión en el Sistema de Salud está claramente definidas y
no incluyen la obligación del Estado debrindar medicamentos como en el caso de
autos. En definitiva no existió, en la actuación del MSP, la nota manifiesta
ilegitimidadque exige la ley de Amparo, por lo cual se impone la revocatoria de la
sentenciaimpugnada.
En segundo lugar se agravio expresó, que la recurrida desaplicó las leyes Nos.
15.443 y 19.355 sin que hayan sidodeclaradas inconstitucionales, lo cual representa
una invasión a lacompetencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia
y unavulneración al principio de separación de poderes. Sostuvo que, sabido es que
la desaplicación de una ley debe ser dispuesta por la Suprema Corte de Justicia,
como conclusión de la sustanciación de un proceso deinconstitucionalidad (art 256 y
siguientes de la Constitución y 508 a 523 delCódigo General del Proceso). Se trata
de una competencia “originaria” y “exclusiva”, que como tal, debe serrespetada (Art
257 de la Constitución: “A /a Suprema Corte de Justicia lecompete el conocimiento y
la resolución originaria y exclusiva en la materia; ydeberá pronunciarse con los
requisitos de las sentencias definitivas”.Por lo tanto, si un Juzgado Letrado entiende
que determinada ley esinconstitucional, debe movilizar la vía procesal pertinente
(denominada “de oficio”), que prevén los art. 258 de la Constitución y 509 numeral.2
y 518 del Código General del Proceso.
En el caso de autos la sentencia impugnada no sólo incurrió enuna violación a
la separación de poderes al desaplicar las leyes anteriormente citadas sin que
mediare una pretensión deinconstitucionalidad, sino que lo hizo en contravención a
lo dispuesto porla propia Suprema Corte de Justicia, que en reiteradas ocasiones
declaró la constitucionalidad del art 461 de la Ley N° 19.355 (ver Sentencias Nº
125,313, 322 y 451 del año 2018) y del inc. segundo del art 7 de la Ley Nº 18.335.
Por otra parte, la desaplicación de textos legales a través de la acción de amparo, fue
algo expresamente vedado por el legislador, tal como puedeapreciarse en el art 1 lit
C de la Ley N” 16.011.
Concluye que la sentencia no sólo contraviene la normativa que regula la
seguridad y eficacia de los productos de salud, sino que resta importancia a un
procedimiento cuyo objetivo es garantizar el bienestar laspersonas que reciben
medicación. Cita Jurisprudencia.
Pidió la elevación en apelación al superior correspondiente.
3° Sustanciado el recurso el mismo fue evacuado por la parte actora de fojas 352 a
356, solicitando la confirmatoria íntegra de la resolución impugnada.
4°. Por resolución Nº 2853/2021 de fojas 357 , la Sede A Quo franqueó el recurso de
apelación con efecto suspensivo, previas las formalidades de estilo.
Asumida competencia por esta S., se dispuso el estudio sucesivo de los autos por
parte de los Sres. Ministros (fojas 364 ). Culminado, puestos al Acuerdo y reunida
unanimidad de votos, se procede al dictado de sentencia.
Considerando:
1°. La S., por el voto unánime de sus integrantes naturales, confirmará la
sentencia definitiva recurrida.
2°. Como reseña R.F. ( La acción de Amparo, LJU cita online:
UY/DOC/177/2019) la solución de principio en materia de derechos humanos es que
pueden ser invocados directamente por los habitantes que podrán reclamar la tutela
jurisdiccional correspondiente. Y agrega:“ El desarrollo de los derechos
fundamentales condujo a la necesidad de establecer garantías que permitieran
asegurar su real efectividad en la práctica. El Estado no asume entonces un rol
pasivo frente a esta problemática sino que deberá actuar teniendo por especial
objetivo la búsqueda y obtención de la efectiva protección de todos los habitantes en
el goce de los derechos constitucionales.
En este sentido, el artículo 7 de la Constitución, cuando consagra el derecho
de los habitantes a ser protegidos en el goce de los derechos preexistentes, ya
sienta el principio de protección, en la medida que los habitantes pueden exigir del
Estado la protección correspondiente y, obviamente, éste deberá asegurar a los
habitantes contra cualquier circunstancia que impida u obstaculice el pleno goce de
dichos derechos.
Esta protección no se limita sólo a los derechos comprendidos en el artículo 7
y ni siquiera a los de primera generación, sino que...
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