Sentencia Definitiva nº 528/2021 de Suprema Corte De Justicia, 26 de Octubre de 2021

PonenteDra. Bernadette Josefina MINVIELLE SANCHEZ
Fecha de Resolución26 de Octubre de 2021
EmisorSuprema Corte De Justicia
JuecesDra. Elena MARTINEZ ROSSO,Dr. Gregorio Fregoli SOSA AGUIRRE,Dra. Bernadette Josefina MINVIELLE SANCHEZ,Dr. John PEREZ BRIGNANI,Dr. Luis Domingo TOSI BOERI,Dr. Juan Pablo NOVELLA HEILMANN
MateriaDerecho Procesal Penal
ImportanciaAlta

Montevideo, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA- DOS DELITOS DE HOMICIDIO, UNO MUY ESP. AGRAVADO Y AMBOS AGRAVADOS POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN REITERACIÓN REAL - CASACIÓN PENAL”, IUE: 573-1477/2018.

RESULTANDO:

I) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 108/2020 de fecha 6 de julio de 2020, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 38º Turno, había fallado:

Condenando a AA como autor responsable de un delito de HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PENITENCIARÍA, con descuento de la preventiva cumplida, siendo de su cargo los gastos de alimentación, vestimenta y alojamiento durante el proceso y la condena (art. 105, literal E del Código Penal).

Absolviendo a L.G.M. del delito de HOMICIDIO de la víctima BB, imputado en autos. (...)” (fs. 308 a 315 vto.).

II) Por sentencia definitiva de segunda instancia Nº 129/2020 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno con fecha 14 de octubre de 2020, se falló:

“CONFÍRMASE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN APELACIÓN, SALVO EN CUANTO:

A.- A LA ABSOLUCIÓN EFECTUADA POR EL HOMICIDIO DE BB, LA CUAL SE REVOCA EN EL GRADO, CONDENÁNDOSE A AA, COMO AUTOR DE UN DELITO COMPLEJO DE HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO (POR EL CONCURSO –ART. 312 NAL. 6 DEL C.P. y UNO DE ELLOS, ADEMÁS, POR SER MEDIO PARA FACILITAR OTRO DELITO- ART. 312 NAL. 4 DEL C.P.).

B.- EN CUANTO A LA PENA IMPUESTA A AA, LA CUAL SE REVOCA Y SE INDIVIDUALIZA EN EL GRADO EN VEINTICINCO (25) AÑOS DE PENITENCIARÍA. (...)” (fs. 365 a 371).

III) Contra el antedicho fallo, la Defensa de Oficio del condenado, interpuso recurso de casación (fs. 377 a 382 vto.) En su libelo impugnativo consideró erróneamente aplicados los arts. 142.1, 142.2, 163.3 del C.P.P., art. 8.2 lit. F de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señaló que los tres testigos protegidos son la única prueba reunida por la parte acusadora del crimen que se le imputa a la que le otorga la calidad de plena prueba en sus discordes testimonios. Enfatizó que el Tribunal de Apelaciones brindó una importancia decisiva a los testigos de identidad reservada, valorando dicha prueba de tal forma que afectó las garantías del enjuiciado. Consideró que la S. se apartó del estándar del art. 163.3 del C.P.P., puesto que, en este caso, no se reunió ninguna prueba material o documental que coadyuvara con la débil prueba testimonial de la parte acusadora; y que la escena del hecho no fue analizada, así como tampoco surgió evidencia alguna de los allanamientos prac-ticados.

IV) Por providencia Nº 684 de fecha 17 de noviembre de 2020, se dio traslado a la Fiscalía actuante (fs. 383), quien lo evacuó mediante escrito obrante a fs. 386 a 398 vto., en el que bregó por su rechazo.

V) Por decreto Nº 739 de fecha 7 de diciembre de 2020 (fs. 399) los autos fueron elevados a la Suprema Corte de Justicia (fs. 400), y fueron recibidos en esta Corporación el día 9 de diciembre de 2020 (fs. 401).

VI) Por auto Nº 79 de fecha 9 de febrero de 2021, se confirió vista al Sr. Fiscal de Corte (fs. 402), quien por informe de fecha 8 de marzo de 2021, aconsejó rechazar el recurso de casación interpuesto (fs. 404 a 409 vto.).

VII) Por decreto Nº 220 dictado el día 11 de marzo de 2021, se dispuso el pase a estudio de la causa (fs. 411), y autos para sentencia.

VIII) Finalmente culminado el estudio, se acordó dictar el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma.

CONSIDERANDO:

I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimará el recurso de casación interpuesto, sin especial condenación procesal.

II) Sobre los agravios expre-sados por el recurrente contra la valoración de la prueba realizada por el Tribunal y su examen en casación.

En el caso, los agravios articulados por la Defensa del imputado se dirigen exclusivamente a cuestionar el razonamiento probatorio formulado por la S., referido puntualmente a la condena dispuesta por el homicidio de BB. No se discute la imputación penal vinculada con la muerte de CC.

La cuestión se centra en determinar si existió una errónea aplicación del art. 163.3 del C.P.P. En efecto, la condena recaída en segunda instancia que guarda relación con el homicidio de BB, se cimentó en la declaración de los testigos protegidos con identidad reservada identi-ficados por los números 2, 3 y 4.

La sentenciante de primera instancia, siguiendo normativa y jurisprudencia internacional (TEDH y CIDH), absolvió a AA del homicidio en cuestión, pues entendió que la condena no puede estar fundada únicamente -o en grado decisivo- en las declaraciones brindadas por los testigos de identidad reservada.

La S., no obstante compartir las citas efectuadas por la “a quo”, entendió que las mismas no resultaban aplicables al caso. Y si bien compartió que no existe más prueba para la condena que dichos testimonios, consideró que la rigurosidad especial exigida por el art. 163.3 no requiere necesariamente de otras pruebas. En ese sentido sostuvo, “... Si los testimonios, por sí, sortean el control de rigurosidad, deben ser valorados los testimonios en régimen de sana crítica no quedan invalidados por la carencia de otros medios probatorios” (fs. 368).

III) Respecto a la valoración de la prueba en etapa de casación, en procesos regidos por el nuevo Código del Proceso Penal, la Suprema Corte de Justicia en mayoría que ha sido expresada en sendas sentencias, ha señalado que la causal de errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valora-ción de la prueba, se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (criterio sostenido en Sentencias Nos. 594/2013, 452/2013, 273/2013, 4248/2011, 52/2010, 441/2017, 1094/2019, entre muchas otras).

En términos que resultan trasladables ha sostenido: “El Código del Proceso Penal, vigente a partir del 1º de noviembre de 2017, implicó un cambio relevante en relación a la errónea valoración de la prueba como causal de casación en relación al anterior régimen procesal penal del Decreto-Ley No. 15.032. En el CPP vigente a partir de 2017, Ley No. 19.293, en su artículo 142 se prescribe: . A su vez, al regularse el recurso de casación, en el artículo 369 se establece: . A partir del marco normativo descrito, el régimen de valoración de la prueba como causal de casación que rige las causas tramitadas bajo el nuevo CPP es el mismo que rige para las causas civiles. En el mismo sentido se expidió un reciente estudio sobre el punto (Cfme. D., L y F., C: >, publicado en: VV.AA., A.A.O.–.-, >, Tomo 2, FCU, Montevideo, 2019, págs. 71 y ss.). Esta precisión se impone en atención a las particularidades que tiene la errónea valoración de la prueba como causal de casación, que determinan que no cualquier error en la valoración de la prueba sea revisable en casación, sino solo aquellos de una gravedad exorbitante por suponer un absurdo evidente o una arbitrariedad manifiesta” (Cfme. Sentencia Nº 92/2020 entre otras).

Y más concretamente en relación a la errónea valoración de la prueba invocada como causal de casación (art. 270 del C.G.P.) sostuvo esta Corporación:

“A pesar de que la referida disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, el ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos por ella misma indicados, el J., aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previamente fijados en forma legal; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado”.

“Es jurisprudencia cons-tante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica, como la revalorización de la prueba, no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (Cf. Sentencias Nos. 6, 124, 158 y 165/91; 24 y 58/93; 35, 47 y 59/94, 14/96 y 716/96, entre otras)”.

“A mayor abundamiento: ‘El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la S. de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el Artículo 140 C.G.P., revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible (cf. Sentencias Nos. 2/2000, 228/06, entre otras)’”.

Este criterio impone, lógica y legalmente, dos condiciones necesarias para el progreso de un agravio fundado en un error en la valoración de la prueba (Cf. Sentencia de la Corte Nº 355/2020): 1.- primera condición: quien recurre en casación debe, en primer término, denunciar, alegar, un error o vicio en el razonamiento probatorio de segunda instancia de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente. Sin esta alegación de la parte, el agravio resulta improcedente. Va de suyo que la denuncia de un error de valoración de esa magnitud no está condicionada a ninguna fórmula sacramental; sin embargo, sí requiere que se describa concretamente, un error de la entidad superlativa mencionada. El recurrente, entonces, se ve gravado con una particular carga de la alegación. 2.- Segunda condición: la alegación del absurdo o arbitrariedad debe ser demostrada. Una vez que se releva por la Corte que se cumplió con la...

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