«A mí me votó la gente»: Una reflexión sobre la función representativa del Parlamento uruguayo en el siglo XXI

AutorRamiro Castro
Páginas6-14
«A MÍ ME VOTÓ LA GENTE»: Una reflexión sobre la
función representativa del Parlamento uruguayo en el
siglo XXI
Ramiro Castro
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Mucho hemos reflexionado en ContraArgumento acerca del funcionamiento
democrático de nuestras instituciones. En ciertas oportunidades estudiamos la
importancia de la legalidad y la legitimidad de los actos gubernamentales,
cuestionamos cómo se ha vulnerado la Constitución por acuerdos
interpartidarios al modificar la fecha de las últimas elecciones
departamentales , o el abuso de derecho cometido al desnaturalizar
mecanismos constitucionales para imponer un programa de gobierno. Sin
embargo, el sonado caso del edil nacionalista de Canelones, Juan López, que
con su voto se aprobó el fideicomiso propuesto por el Intendente
frenteamplista Yamandú Orsi para afrontar las obras en el departamento,
nos da la chance de analizar la función representativa de nuestros legisladores
(departamentales y nacionales).
A partir de este caso intentaremos identificar los problemas que en los
últimos 10 años tuvo el ejercicio de la representación ciudadana; luego
indagaremos qué propuestas se han ensayado para superar dichos
inconvenientes y finalmente arriesgaremos algunas conclusiones.
La representatividad y sus inconsistencias
En un sistema democrático se supone que el Parlamento cumple con tres
funciones básicas: controlar y fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo, legislar, y
representar a los ciudadanos que eligen a los legisladores. La primera de éstas
es trascendente para el equilibrio de poderes, la segunda radica en la
elaboración de los consensos necesarios para afrontar las exigencias presentes
y futuras del país mediante la creación de leyes; mientras que la última
consiste en trabajar por los intereses que los partidos o sus miembros
comparten con la ciudadanía que los votó y, por lo tanto, deberían
representar.
Ahora que sabemos cuáles son los cometidos fundamentales de un
parlamento para el adecuado funcionamiento del sistema democrático,
tenemos el punto de partida para abordar el caso del fideicomiso del
Gobierno Departamental de Canelones. El pasado martes 5 de abril se votó el
proyecto del fideicomiso por 44 millones de dólares para las obras públicas
que pretende hacer la Intendencia de Canelones, la aprobación por mayorías
especiales requirió el voto de un edil de la coalición: Juan López de Alianza
Nacional (1). Ante esta situación las autoridades del Partido Nacional
repudiaron el accionar de aquél, lo acusaron de vender su voto y decidieron
que ya no formara parte de la fuerza política, pese a que aún no sabemos si lo
concretaron (2).
AÑO V / N°39 / ABRIL-MAYO 2022

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