¿Se acabó el recreo?

• Autor: Matías Calero y Ramiro Castro
• Páginas: 6-19

¿SE ACABÓ EL RECREO? *

Desde que la coalición multicolor dio a conocer el borrador del proyecto

de ley de 457 artículos que será declarado de urgente consideración, ha

circulado por todos lados un flujo de información que en la mayoría de las

ocasiones padece un grave error conceptual, que radica en confundir la

discusión estrictamente jurídica que puede suscitarse en torno al

anteproyecto con la discusión política o de legitimidad. Por ejemplo, el material que

ha circulado el Equipo de Representación de los trabajadores en el B.P.S. advierte en

su título que el anteproyecto es inconstitucional; sin embargo, los argumentos

que da para justificar la inconstitucionalidad no son de carácter jurídico sino

político. Para ser más claros: la inconstitucionalidad es un proceso dispuesto

en los artículos 256 a 261, que para poder prosperar requiere que las leyes

padezcan alguna inconsistencia formal o material, o lo que es lo mismo,

defectos en el proceso de elaboración o que su contenido sea contrario a

alguna de las disposiciones constitucionales.

Por lo tanto, si se va a discutir la constitucionalidad o inconstitucionalidad

del proyecto en general, en principio no hay ningún vicio, porque el artículo

168 numeral 7, que regula la declaratoria de urgente consideración, establece

como límites formales que: (a) no se envíen dos proyectos declarados

urgentes a la misma vez o que no se manden cuando uno de las mismas

características se encuentra pendiente por no haber vencido los plazo y, (b)

que no sean proyectos de leyes que requieran para su aprobación mayorías

especiales (de 3/5 o 2/3). Y como límites de contenido, se establece solo uno:

que no se trate de una ley presupuestal. Concluyendo: no hay argumentos

jurídicos de forma o contenido que en general y en principio habiliten una

interpretación tal como que el anteproyecto es inconstitucional, sin perjuicio

que en los más de cuatrocientos cincuenta artículos puedan existir varias

inconstitucionalidades.

Dicho esto, los argumentos esbozados en el material que circuló el Equipo de

Representación de los trabajadores en el B.P.S. no son jurídicos sino políticos, que

cuestionan entre otras cosas, el carácter de urgencia de un sin fin de temas

que contiene el borrador dado a conocer por la coalición. En efecto, el

problema que advierte el Equipo es de legitimidad y por eso: político, cuyo

control lo establece la Constitución a través del mismo artículo 168 numeral 7

en manos del Poder Legislativo que puede rechazar la declaratoria de

urgencia, imponiendo un trámite ordinario en lugar de los acotados plazos a

que los compele dicha norma. Por lo tanto, es un gravísimo error discutir las

*Este artículo fue publicado en la 20ª edición de ContraArgumento, correspondiente al mes de enero

de 2020.

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Ramiro Castro y Matías Calero