De la afectación como área natural protegida

• Autor: Raúl Anido Bonilla
• Cargo: Escribano Público, Profesor de Investigación Jurídica y Práctica Profesional en la Universidad de Montevideo
• Páginas: 30-58

DE LA AFECTACIÓN COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA

RAÚL ANIDO BONILLA*

1. De las disposiciones

En la ley 18308, en el título IV, de “La planificación para el desarrollo sostenible”, se

regula la categorización del suelo en el territorio, de competencia exclusiva de los Go-

biernos Departamentales mediante los instrumentos de ordenamiento territorial. Dicha

actividad normativa de los Gobiernos Departamentales reconoce tres categorías: rural,

urbano y suburbano; sin perjuicio de que los instrumentos de ordenamiento territorial

puedan disponer subcategorías. Y, en la categoría suelo rural, en el artículo 31 de di-

cha ley, se prevé la subcategoría rural natural, la que, nos dice “podrá comprender las

áreas del territorio protegido con el fin de mantener el medio natural, la biodiversidad

o proteger el paisaje u otros valores patrimoniales, ambientales o espaciales”, así como,

también, “podrá comprender…el álveo de las lagunas, lagos, embalses y cursos de agua

del dominio público o fiscal, del mar territorial y las fajas de defensa de costa.”

Dentro de la categoría suelo rural natural se ubican las áreas naturales protegidas,

que encuentran su regulación en la ley 17234; sin perjuicio de que su regulación se com-

plemente, conforme lo dispone el artículo 31 inciso final de la ley 18308, con “toda otra

limitación que establezcan los instrumentos” (de ordenamiento territorial).

Así vemos cómo en las áreas naturales protegidas convergen dos regulaciones: la

medioambiental y la de ordenamiento territorial. Así, en ésta, hallamos en el artículo 4º

de la ley 18308, lo que califica como “materia del ordenamiento territorial”, la que com-

prende, entre otras, en el literal c, “la identificación y definición de áreas bajo régimen

de Administración especial de protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajís-

tico, cultural y de conservación del medio ambiente y los recursos naturales.” Y, dentro

de los principios rectores del ordenamiento territorial, en el artículo 5º de la ley 18308,

se nos dice que “son principios rectores del ordenamiento territorial y desarrollo soste-

nible: a) La adopción de las decisiones y las actuaciones sobre el territorio a través de la

planificación ambientalmente sustentable, con equidad social y cohesión territorial”, así

como “j) La tutela y valorización del patrimonio cultural, constituido por el conjunto de

bienes en el territorio a los que se atribuyen valores de interés ambiental, …., referidos al

medio natural y la diversidad biológica, unidades de paisaje, …”.

* Escribano Público, Profesor de Investigación Jurídica y Práctica Profesional en la Universidad de Montevideo.

34 REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO — NÚMERO 32 — AÑO 2017

Dentro de la regulación medioambiental y de ordenamiento territorial, en el artículo

9 de la ley 17234 (conocida como de “áreas naturales protegidas”) leemos que “Cuan-

do los padrones a que refiere el artículo 7º (los que componen el Sistema Nacional de

Áreas Naturales Protegidas) de la presente ley, sean de propiedad privada, previamente

calificados, antes de ser enajenados, deberán ser ofrecidos al Ministerio de Vivienda,

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el que dispondrá de un plazo de sesenta

días para manifestar si acepta o no dicho ofrecimiento. En caso que la Administración

no se pronuncie en ese plazo, se tendrá por rechazado el ofrecimiento.” “Expresada la

voluntad de aceptación de la oferta, el Estado dispondrá de un plazo de noventa días

para celebrar el contrato de compraventa.” “Si el propietario no cumpliera con esta obli-

gación, será pasible de la multa prevista en el último inciso del artículo 35 de la ley Nº

11.029, de 12 de enero de 1948.”

El artículo 7º de la ley 17234 dispone que “El Poder Ejecutivo, a propuesta del Minis-

terio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, deberá: A) Seleccionar

y delimitar las áreas naturales que incorporará al Sistema Nacional de Áreas Naturales

Protegidas. En todos los casos el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente, con carácter previo a la elevación de propuestas al Poder Ejecutivo,

pondrá de manifiesto en sus oficinas el proyecto de selección y delimitación y dispondrá

la realización de una audiencia pública. A tales fines, efectuará una comunicación me-

diante publicación en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, a partir

de la cual correrá un plazo que determinará la reglamentación, para que cualquier inte-

resado pueda acceder a la vista del proyecto y formular las apreciaciones que considera

convenientes. La reglamentación determinará también la forma de convocatoria y los

demás aspectos inherentes a la realización de la audiencia pública, en la que podrá in-

tervenir cualquier interesado.”

En decreto dictado el 9 de febrero de 2015 se aprueba la selección del área natural

protegida denominada “Humedales de Santa Lucía”, delimita la respectiva área, la in-

corpora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la categoría de “área protegida

con recursos manejados”, y determina los predios de los departamentos de Canelones,

Montevideo y San José afectados por dicha incorporación. Asimismo en dicho decreto

se dispone “como medida de protección de toda el área” “la promoción de buenas prác-

ticas agropecuarias, de actividades extractivas y de turismo sustentable, procurando la

generación de oportunidades de desarrollo para la población local, y la observación de

una aplicación ejemplar de normas nacionales y departamentales de protección ambien-

tal y desarrollo sostenible”, así como “la prohibición dentro de la misma de nuevas urba-

nizaciones, salvo aquellas expresamente previstas en los instrumentos de ordenamiento

territorial que, con base en lo establecido en la ley 18.308 de 2008, se encuentren aproba-

dos a la fecha del presente decreto, o en el plan del manejo del área”. Y, finalmente, se

comete al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, “la co-

municación del presente a la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación

y Cultura y a los Gobiernos Departamentales de Canelones, Montevideo y San José…”