Antiguas (pero mejoradas) estrategias

• Autor: Ramiro Castro
• Páginas: 29-33

ANTIGUAS (PERO MEJORADAS)

ESTRATEGIAS *

Ramiro Castro

El proyecto de ley de urgente consideración, en adelante PLUC, nos sigue

dando que hablar. El tema que nos convoca a escribir en esta edición es la

regulación del derecho de huelga establecido en el artículo 349 del proyecto,

ubicado en el capítulo primero de la séptima sección que se denomina: «Sobre

el ejercicio del derecho de huelga»; que utilizaremos como excusa para

reflexionar acerca del contenido y la función del artículo 349.

Entonces, comenzaremos describiendo a grandes rasgos la situación del

derecho de huelga desde el punto de vista jurídico, para luego introducirnos

en alguna de las cuestiones políticas que supone. Desde la perspectiva

jurídica, el derecho de huelga está reconocido por el artículo 57 de la

Constitución de la República, que simplemente se limita a decir que es un

derecho gremial que deberá reglamentarse para su efectivo ejercicio. Por lo

tanto, tratándose de un derecho de rango constitucional, su delimitación

debe realizarse por ley y no por decreto como se ha hecho en nuestro país,

salvo por algunas disposiciones contenidas en la ley 13.720 de diciembre del

año 1968.

Antes de introducirnos en lo que tiene que ver con la regulación legal del

derecho de huelga, debemos pensar un mito, a saber: que la regulación de

este derecho implica limitarlo. Rápidamente podríamos llegar (al menos) a

dos interpretaciones muy sencillas: una que entiende a la regulación o

limitación como un recorte de garantías constitucionales, y otra, que sin

negar que regular es delimitar, sostiene que no toda limitación es un recorte

de garantías.

Por nuestra parte, adoptamos la segunda interpretación porque

entendemos que la regulación no es por sí misma un recorte de garantías,

pues ello depende de cómo se reglamenta. Por esta razón, nos retrotraeremos

al período del gobierno de Jorge Pacheco Areco para demostrar cómo la falta

de regulación legal puede ser nociva para los trabajadores, tanto o más que

una reglamentación vaga e imprecisa como la del artículo 349 del PLUC.

Ante la crisis económica, política y social que atravesaba Uruguay en 1968, el

movimiento obrero ya unificado venía llevando adelante una lucha intensa

con el gobierno de Pacheco, que recurrió para contenerlo a las medidas

*Este artículo fue publicado en la 21ª edición de ContraArgumento, correspondiente al mes de febrero

de 2020.

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