Cambian las reglas del negocio

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) aprobó en los últimos meses dos resoluciones que apuntan directamente al corazón del negocio del fútbol actual: los contratistas. Es posible que las normas sean ignoradas, trampeadas o que incluso sean modificadas por la presión de algunos. Pero también hay chances de que sean acatadas y entonces impacten de lleno en la forma en que se juega afuera de las canchas.

La primera norma, que empezó a regir el 1° de abril, termina con la figura de los "agentes FIFA" y los cambia por "intermediarios". Antes la FIFA tenía una lista de agentes habilitados a representar clubes o jugadores y a organizar partidos. Su participación estaba meticulosamente reglamentada: debían dar un examen difícil, actualizarse, tener un seguro de responsabilidad contractual y no podían tener antecedentes penales. Ahora los intermediarios serán meros comisionistas de las transferencias o los contratos, y allí deberán transparentar cuánto dinero se llevan. La FIFA recomienda que no sea más de 3% del pase, pero deja la decisión librada a que cada asociación lo reglamente.

Esto se venía conversando al menos desde 2009. En la Asociación Uruguaya del Fútbol (AUF) creen que la FIFA, como rector de todo el sistema, se hartó de la cantidad de problemas judiciales que le causaban los agentes y decidió liberarse de ese yugo.

Por otra vía y en forma casi sorpresiva, la FIFA emitió a fines de diciembre la circular 1.464, que va más allá de la norma anterior y que, directamente, elimina la posibilidad de que personas ajenas a los clubes sean dueños de jugadores. Se pretende que el dinero de las transferencias quede en los clubes, para lo cual se prohibe la habitual cesión de los derechos económicos de los futbolistas a inversores que tienen dinero fácil y fresco al que los clubes suelen recurrir para financiarse. Es una apuesta a largo plazo para que solidifiquen sus economías. Esto empieza a regir el 1° de mayo.

Si la primera fue un golpe duro, la segunda es un pelotazo directo al estómago de los contratistas. Aún están sin aire.

En 2011 había 46 agentes FIFA registrados por la AUF. Pero se sabe que hay unas cuantas decenas de empresarios que también intervienen sin licencia. Por estos días el mercado del asesoramiento jurídico deportivo está de parabienes porque, según supo El País, la mayoría de ellos están contratando abogados para ver cómo se "resuelve" el tema.

Está claro: resolverlo significa encontrarle una vuelta jurídica para seguir funcionando, un vericueto por el cual escabullirse de las garras de la FIFA.

Los clubes también están estudiando a fondo el tema. La cesión de derechos económicos de jugadores ya está prohibida por una ley nacional desde el año 80, pero esta se viola flagrantemente una y otra vez porque la AUF no la fiscaliza y porque su incumplimiento no tiene consecuencias para ellos. Los clubes y los inversores firman contratos que, para la mayoría de los jueces, no tienen valor alguno. Cada vez que un empresario quiso reclamar en la Justicia porque un club no había cumplido con un pago acordado, se consideró que el acuerdo era nulo. Hay al menos 10 sentencias de este tipo en las que los clubes salieron ganando y los contratistas no recuperaron siquiera lo invertido.

Ahora, la norma que elimina los TPO (third party ownership, en inglés) sí prevé sanciones de la FIFA. Las medidas disciplinarias van desde la amonestación hasta la prohibición de la actividad para el caso de los jugadores que infrinjan, y desde la prohibición de transferir futbolistas hasta el descenso a una categoría inferior para los clubes.

Horacio González Mullin, especialista en Derecho del deporte y...

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