En defensa de la radiodifusión

AutorCarlos E. Delpiazzo
CargoProfesor de Derecho Administrativo (UR)
Páginas127-136
127
EN DEFENSA DE LA RADIODIFUSION (*)
DR. CARLOS E. DELPIAZZO**
I) PRECISIONES DE BASE
Deseo comenzar esta exposición acerca del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual
remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento en el pasado mes de mayo, haciendo algunas precisiones que
se imponen.
En primer lugar, quiero confesar que me considero discípulo en la materia, entre otros, de las enseñanzas
de los Profesores Justino JIMENEZ DE ARECHAGA y Mariano R. BRITO, las cuales me han marcado y, por
tanto, presidirán cuanto voy a decir.
El primero de los maestros mencionados advertía en una audición en El Espectador el 30 de noviembre
de 1944 algo que se aplica a la situación que hoy vivimos en relación al proyecto de ley referido. Decía: En
los tiempos que vivimos -como quizás en ningún otro desde hace cuatro siglos- será fácil al compilador de
opiniones seleccionar cuantas desee, y aún de juristas más o menos sensacionales, para intentar la justificación
de medidas gubernativas o de interpretación de textos legales que redunden en limitación o desconocimiento
de la libertad. Sería fácil, aunque fatigoso, demostrar cómo, mediante hábiles referencias a altas autoridades
del Derecho público y sin distorsionar su verdadero pensamiento, todas las disposiciones de la Constitución
de la República que consagran los derechos fundamentales del hombre pueden ser reducidas a fórmulas
vacías y sin sentido. Es que al lado de la concepción liberal del Derecho público, se desarrolla una concepción
autoritarista, distinguiéndose la una de la otra en la idea política que las inspira y determina sus soluciones
particulares. Este planteo general resulta plenamente válido si lo referimos al problema de la radiodifusión
en el Uruguay o en cualquier otro país sobre la tierra”1.
Por su parte, enseñaba Mariano R. BRITO a propósito del decreto ley de radiodifusión Nº 14.670 que la
satisfacción del interés público en la materia no radica sólo en el Estado sino también en los particulares ya
que están en juego libertades fundamentales como la expresión del pensamiento y de recibir información, lo
que excluye la naturaleza de servicio público y también el monopolio, sea estatal o privado 2.
En segundo lugar, quiero ratificar aquí lo que he dicho y escrito reiteradamente antes de ahora en el
sentido de que el neoconstitucionalismo que campea en nuestros días expresa una fórmula cuyo elemento
medular consiste en una concepción instrumental de las instituciones al servicio de los derechos humanos,
en la cual el principio de juridicidad supone el sometimiento del poder no únicamente a límites formales
sino también a límites sustanciales impuestos por los principios generales y por la eminente dignidad de la
persona humana, de la que derivan todos sus derechos y desde la cual deben ellos interpretarse y aplicarse:
el legislador, absteniéndose de sancionar leyes que los contravengan; el juez al dirimir los litigios sometidos
a su jurisdicción, y cualquier autoridad administrativa al cumplir sus cometidos 3.
* Reconstrucción de la exposición realizada el 21 de agosto de 2013 en la Comisión de Industria, Energía y Minería de
la Cámara de Representantes, a la que se han agregado títulos y notas al pie.
** Profesor de Derecho Administrativo (UR). Ex Director del Instituto de Derecho Administrativo (UR). Profesor de De-
recho Administrativo (UM). Ex Director del Programa Master en Derecho Administrativo Económico (UM). Decano
de la Facultad de Derecho (UCU).
1 Justino JIMENEZ DE ARECHAGA – “Opera Minora” (Montevideo, 2001), pág. 185.
2 Mariano R. BRITO - “Algunas reflexiones sobre la reciente ley uruguaya de radiodifusión”, en Rev. Uruguaya de
Estudios Administrativos, Año 1978, Nº 1, pág. 37.
3 Carlos E. DELPIAZZO – “Derecho Administrativo General” (A.M.F., Montevideo, 2011), volumen 1, pág. 32 y sigtes.

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