La desestatización de la función jurisdiccional en los procesos concursales de las entidades de intermediación financiera y de valores

• Autor: Roberto Figueredo Simonetti
• Cargo: Doctor en Derecho. Aspirante a profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay
• Páginas: 75-108

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Revista de Derecho Nº 6 - 2011, Montevideo (Uruguay), 75 - 107 ISSN 1510-3714

La desestatización de la función

jurisdiccional en los procesos

concursales de las entidades

de intermediación financiera

y de valores*

De-nationalization of the Jurisdictional Role

in the Bankruptcy Proceedings of Financial

Intermediary and Securities Institutions

* Este trabajo fue admitido y designados evaluadores idóneos por resolución del

Consejo de Redacción del día 10 de junio de 2011. En concordancia con las evaluaciones favo-

rables, por acta del 15 de setiembre de 2011, el Consejo de Redacción resolvió su incorporación

en este número de la Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.

** Doctor en Derecho. Aspirante a profesor de Derecho Administrativo en la Facultad

de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.

RESUMEN. El presente trabajo trata sobre los cambios introducidos por las leyes 18401

y 18627, que confiaron los procesos concursales de bancos, bolsas de valores y otras

personas afines a personas jurídicas que no integran el Estado. Esto supone una vio-

lación a la Constitución, que indica taxativamente qué sujetos pueden desarrollar la

función jurisdiccional, y la establecen como un cometido exclusivo del Estado, a cargo,

en principio, del Poder Judicial. Estas innovaciones legislativas inconstitucionales afec-

tan los derechos procesales de deudores y acreedores concursales, al extremo de ver

comprometida la existencia misma del debido proceso, el que no puede asegurarse

fuera de los tribunales estatales designados por la Constitución.

PALABRAS CLAVE. Derecho constitucional. Derecho procesal. Derecho administrativo.

Derecho concursal. Debido proceso. Banco Central del Uruguay. Personas públicas no

estatales.

Roberto Figueredo Simonetti**

 gueredosimonetti@hotmail.com

REVISTA DE DERECHO

Universidad Católica del Uruguay

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ABSTRACT. This paper deals with the changes introduced by Laws 18.401 and 18.627,

which entrusted the bankruptcy proceedings of banks, stock exchanges and other re-

lated persons, to non-governmental entities. This is a violation of the Constitution, which

specifies who are the subjects that may develop the Jurisdictional role, establishing it as

an exclusive performance by the State, mainly by the Judiciary. These unconstitutional

legislative innovations affect the procedural rights of debtors and creditors in bankruptcy,

to the point of compromising the existence of the Due Process, which cannot be assured

out of the State courts designated by the Constitution.

KEYWORDS. Constitutional Law. Procedural Law. Administrative Law. Law of Bankruptcy

Proceedings. Due Process. Central Bank of Uruguay. Public Non-Governmental Legal

Entities.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La función jurisdiccional y su ejercicio por el Estado.

2.1. La función jurisdiccional como cometido esencial del Estado. 2.2. Jurisdicción y

Poder Judicial en la Constitución. 2.3. El ejercicio de la función jurisdiccional fuera

del Poder Judicial. 3. El proceso concursal y la función jurisdiccional. 3.1. La natura-

leza de los procesos concursales. 3.2. La necesaria tramitación jurisdiccional de los

concursos. 3.3. Los procesos concursales bancarios y de otras personas afines. 4. Las

inconstitucionalidades de la ley 18401. 4.1. La ley 18401 y la evolución legislativa de

los procesos concursales de las instituciones de intermediación financiera. 4.2. Una

persona pública no estatal ejerciendo un cometido esencial del Estado. 4.3. La falta del

debido proceso en las liquidaciones de la COPAB. 4.4. Un régimen recursivo deficiente.

4.5. La supresión de un acto estatal por una entidad no estatal. 5. Las inconstitucio-

nalidades de la ley 18627. 5.1. Una nueva atribución de funciones jurisdiccionales al

Banco Central. 5.2. Habilitando el ejercicio de la función jurisdiccional por un titular

indefinido. 5.3. Una inseguridad jurídica lesiva de los principios del debido proceso.

6. Conclusiones. 7. Esquema.

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1.

INTRODUCCIÓN

Las leyes 18401, de 24 de octubre de 2008, y 18627, de 2 de diciembre de 2009, han

creado un nuevo fenómeno de inquietante, aunque aparentemente inadvertida, gravedad: la

transferencia de la función jurisdiccional a sujetos de derecho que no integran la organiza-

ción estatal ni siquiera en el sentido más amplio de la expresión.

Estas reformas no solo son violatorias de la Constitución sino que además suponen

una grave lesión a las garantías de los involucrados en los procesos concursales relacionados,

a la luz de la imparcialidad e independencia de que deben gozar los órganos jurisdiccionales

para tutelar los derechos de las partes, puesto que dichas cualidades dejan de estar presentes

cuando se comete, o se intenta cometer, el ejercicio de la iurisdictio a personas jurídicas que

no forman parte del Estado.

De esta manera, la ley 18401 cometió la liquidación de las entidades bancarias, entre

otras personas, a la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario, mientras que la ley

18627 creó la posibilidad de que la liquidación de las bolsas, mercados y otros intermedia-

rios de valores pueda ser hecha por entidades privadas, sin mayor precisión.1

Esta situación exige un análisis para demostrar la antijuridicidad de los cambios legis-

lativos introducidos, y sus negativas consecuencias, en un ámbito tan delicado y de impor-

tancia nacional como el de los bancos y otras actividades f‌i nancieras conexas.

1 A estas tres entidades se ref‌i ere el titulo del trabajo cuando las llama colectivamente entidades de intermediación

de valores, para comprender así a los sujetos comprendidos en los artículos 108 y 106 de la ley 18627.