Divorcio en la Facultad de Derecho

Alrededor de medio millón de dólares ha desembolsado el Ministerio de Desarrollo Social desde 2011 hasta ahora para financiar la actividad de los consultorios jurídicos que el gremio de estudiantes de Facultad de Derecho (Centro de Estudiantes de Derecho, CED) tiene en todo el país. El financiamiento del Mides y el manejo que ha hecho el CED de esos fondos públicos en estos años fue el centro de discusión de la última elección de autoridades del gremio, en agosto, y enfrentó aún más a las distintas corrientes políticas que se disputan el poder dentro de la facultad.

Hoy, cuatro meses después, el asunto sigue candente al punto que el decano, Gonzalo Uriarte, apuntó contra el Mides y dijo a El País que conveniar con una asociación civil como el CED y no con la Facultad de Derecho, que tiene sus propios consultorios jurídicos es "una decisión política inconveniente" porque "privatiza el acceso gratuito a la Justicia".

Uriarte pertenece a la agrupación de izquierda Nueva Facultad y llegó al decanato por un acuerdo con la Corriente Gremial Universitaria (CGU), vinculada al Partido Nacional. Alcanzó el cargo luego de 12 años de gobierno de Dora Bagdassarián, del Frente de Estudiantes Zelmar Michelini (Frezelmi), la corriente de izquierda con preponderancia en la Universidad. Algunos años atrás Uriarte militaba en Frezelmi; hoy, son enemigos.

El trasfondo político en Derecho viene al caso porque Frezelmi, que tras las elecciones de agosto quedó con seis puestos de nueve en la secretaría coordinadora del CED, es la agrupación que ha logrado asociarse con el Estado para conseguir dinero para el funcionamiento de los consultorios. Frezelmi, desde la dirección del CED, se ha ganado el apoyo económico del Mides y también del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en una oportunidad, y ha hecho acuerdos de intercambio y cooperación también con el IMPO y con los ministerios de Salud, Trabajo y Relaciones Exteriores.

En la campaña electoral, la CGU acusó a Frezelmi de falta de transparencia y reclamó las rendiciones de cuentas que, según está estipulado en los convenios, debe presentar ante el Mides trimestralmente. La dirección del CED organizó una asamblea el 14 de junio en el Pit-Cnt para responder a los reclamos. Llevaron a un contador del estudio Hana y Asociados, contratado por el CED para llevar los números de los convenios. El profesional se sirvió de un proyector y una pantalla para explicar el procedimiento de las rendiciones. Intentó mostrar las planillas pero algunos asistentes se quejaron de que se veía poco y le interrumpieron sus explicaciones en un clima de agresividad, gritos, aplausos y risas.

Desde la CGU argumentan que lo que se exhibió en la asamblea no es suficiente porque no va al fondo del asunto. En los últimos meses ellos han hecho varios pedidos de acceso a la información pública con suerte variada. El Mides les entregó los convenios firmados y los montos transferidos. De ahí obtuvieron que en el año 2011 el Mides, a través del INJU, transfirió $ 2.428.000; en 2013, a través de la Dirección de Gestión Territorial, aportó $ 2.100.000; en 2014, $ 3.801.240; y en 2015, por el convenio que sigue vigente hasta hoy, la suma de $ 5.019.836. El monto total es de aproximadamente medio millón de dólares.

Pero el Mides no accedió a entregar los informes de evaluación contable y rendición de cuentas, ni la información sobre si se acordó usar montos de un rubro a otro. La CGU también pidió las actas de los tribunales por los que se eligieron a los abogados contratados para los consultorios, y no se las dieron. En algún caso el Mides respondió que lo que se solicitaba era información en poder del CED y no del ministerio; en otros, alegó que no era "pertinente" o que era de carácter "confidencial".

La CGU hizo un pedido de acceso a la información también al CED para conocer los estados de cuenta de las dos cuentas del gremio...