Espectros de legitimidad. La Ley de Urgente Consideración en debate (I)

• Autor: Matías Calero
• Páginas: 7-15

AÑO IV / N° 33 / MARZO-ABRIL 2021

ESPECTROS DE LEGITIMIDAD. La Ley de

Urgente Consideración en debate (I)

Matías Calero

Con este artículo comienzo una serie de entregas sobre el debate que hace

meses se ha venido gestando en torno a la Ley de Urgente Consideración

(buque insignia de la actual administración). Aquí tomo como disparador de

estas reflexiones al interesante artículo publicado por Ramiro Castro en el

último número de esta revista, en el que se aborda el problema de la

legitimidad de la Ley de Urgente Consideración. Anticipo que mis

conclusiones difieren de las alcanzadas por Castro. Espero que este trabajo

inicie un diálogo intelectual fructífero.

LA LEGITIMIDAD COMO PROBLEMA

La dicotomía «legitimidad-legalidad» surgió como reacción contra la

Revolución Francesa: para justificar la resistencia de la monarquía borbónica

destronada contra la nueva legalidad constitucional creada por el

Jacobinismo, imponiéndose luego como criterio estabilizador de la política

europea cuando las antiguas dinastías fueron restauradas luego de la caída de

Napoleón. (1) Ahora bien, no debemos olvidar que, en las democracias

liberales modernas, esta dicotomía parece disolverse (o si se quiere,

sintetizarse) en la legalidad constitucional: un gobierno es legítimo o una

medida es legítima en la medida que respete la normatividad constitucional

(legalidad en sentido amplio). La culminación de esta reducción de la

justificación del poder político a la mera legalidad aparece materializada en la

famosa «teoría pura del Derecho» de Hans Kelsen, en la medida que para él la

legitimidad se funda exclusivamente en la legalidad y el propio Sistema

Jurídico brinda sus criterios de justificación.

El «principio de legitimidad», en términos kelsenianos, se afirma que «la

norma de un orden jurídico vale durante todo el tiempo que transcurra hasta que su

validez no sea terminada en la manera determinada por ese orden jurídico, o hasta

que sea remplazada por la validez de otra norma de ese orden jurídico». (2)

Formulado de otra manera: es el principio «según el cual una norma sólo debe ser

establecida por el órgano correspondiente, es decir, por el órgano facultado al efecto

por una norma superior». (3) De esta manera, de acuerdo con la norma

fundante básica de un orden jurídico estatal, «es el gobierno efectivo, que impone

fundándose en una constitución eficaz, normas generales e individuales, el gobierno

legítimo del Estado» (4) A esta concepción la llamaremos legitimidad formal o

procedimental.

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