Evolución del secreto bancario en Uruguay

AutorCarlos Ruiz - Rodolfo Mezzera
Páginas181-228
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“EVOLUCIÓN DEL SECRETO BANCARIO EN URUGUAY”
DR. RODOLFO MEZZERA AGUIRRE
CR. CARLOS RUIZ LAPUENTE
TUTOR ACADÉMICO JUAN IGNACIO FRASCHINI
INTRODUCCIÓN: MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL
Si nos referimos al secreto bancario, debemos abordar su concepto y contenido vinculados especialmente
con el respeto por la libertad de los individuos.
En la medida que entendemos a la actividad financiera como una actividad ligada a la seguridad y
confiabilidad, el banco se convierte casi automáticamente en un confidente del cliente; un profesional de la
actividad financiera en la cual ese cliente deposita su confianza.
La actividad de intermediación financiera, regulada y controlada por los estados; por su importancia y
por incidir en variables de la economía relevantes en el proceso de captación del ahorro público, así como
los profesionales que la desarrollaban, hacían que el cliente históricamente pudiera confiarle información y
patrimonio.
Al decir de ALBANELL, este secreto es “…un derecho para el cliente que engendra para el banquero una obli-
gación negativa, una obligación de no hacer alguna cosa, una prohibición de comunicar, de revelar hechos conocidos
por las relaciones de negocios con su cliente”. (ALBANELL MC CALL, Eduardo. Secreto Bancario. La Justicia
Uruguaya T. 51, p. 141).
La medida de la tutela de ese secreto, reposa y varía de acuerdo con cuestiones importantes que hacen a
una política de Estado en un momento histórico específico, lo que en definitiva va a determinar el desarrollo
del sistema financiero y la estabilidad del mismo.
Se trata entonces de conjugar dos cosas; por un lado la protección a la intimidad y por otro, una política
de Estado en materia económico-financiera; dicha tarea no es para nada fácil.
1) CONTEXTO DEL NEGOCIO BANCARIO EN URUGUAY
a. Contexto Nacional
El secreto bancario ha sido uno de los pilares de la economía uruguaya, encontrándose en sus principios
entre los más estrictos del mundo. Esto permite compararlo con la legislación vinculada a esta temática como
por ejemplo Suiza.
El Estado uruguayo, analizando su legislación hasta el Decreto-Ley Nº 15.322 ha querido tutelar un derecho
del individuo, como ser el derecho a la intimidad económica de una persona, y a su vez un derecho colectivo,
como es el de la economía pública, protegiendo de esta manera el sistema financiero vigente en nuestra nación.
Como expresa el profesor Milton CAIROLI, existen dos intereses jurídicos en juego. Uno de ellos privado,
que hace prevalecer la intimidad de la persona, considerándose éste un derecho humano inherente a la per-
sonalidad humana; y otro, de carácter público, al cual se le atribuye menor importancia, pero que igualmente
se encuentra protegido a través de la ley. Desde la creación de esta norma, se buscó proteger a las personas
físicas y jurídicas, en la tutela de su patrimonio e intimidad personal, pero a su vez también se quiso fomentar
una determinada imagen de los bancos uruguayos, sustentada en el valor de la discreción. Es lógico que un
banco proteja a sus clientes, basado en el código básico que debe haber entre cliente y banco, en el secreto
REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO
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profesional, al igual que un abogado, médico u otro profesional que tenga que aplicar esta norma. Se protege
la libertad individual de la persona, y en este caso también la del banquero, como profesional, dado que
recibe información en virtud de su condición, hecho que está protegido, a su vez por nuestro Código Penal,
el cual hace referencia a la revelación del secreto profesional.
Volviendo a la tipificación que establece el secreto bancario en Uruguay, desde 1982 son sujetos activos
del delito toda persona pública, no estatal o privada que realice intermediación financiera, y también deter-
minadas instituciones estatales la índole de sus operaciones. Estas estarán sujetas a la normativa, reglamentos
y a los estrictos controles que realice el Banco Central del Uruguay.
El Decreto-Ley de Intermediación Financiera estipula que el secreto bancario puede ser levantado por
orden judicial, pensión alimenticia o por el Banco Central, en ejercicio de sus facultades de contralor el cum-
plimiento de decretos que regulan la actividad de intermediación financiera. También puede ser develado
si las demandas de rebaja del alquiler así lo requieran, según se prevé en el Art. 23 de la Ley 15.799, “A los
efectos de la aplicación de los artículos 16 a 19 y 63 del Decreto Ley No. 14.219, de 4 de julio de 1974, y del artículo 7º
de la presente ley, no regirán en vía judicial las limitaciones probatorias establecidas en los artículos 25 del Decreto Ley
No. 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y 47 del Código Tributario”, las entidades pueden facilitar información
para verificar la declaración de rebaja de alquileres, la obligación de denunciar delitos según el Art. 177 del
Código Penal, “El Juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardase
su intervención, y el que no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena
de tres meses a dieciocho meses de prisión. La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiera o retardare
formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, y a los demás funcio-
narios, en las mismas circunstancias, de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición
experimentara particularmente.
Se exceptúan de la regla los delitos que sólo pueden perseguirse mediante denuncia del particular ofendido.
Constituye circunstancia agravante especial, respecto de los funcionarios públicos y en relación a los hechos que se
cometieren en su repartición, el hecho de que se trate de los delitos previstos en los artículos 153, 155, 156, 157, 158,
158 bis, 159, 160, 161, 162, 163 y 163 bis”.
(TEXTO DADO por el artículo 8 de la Ley No. 17.060); y Art. 6 de la Ley 14.095 “(Omisión de los funcio-
narios en denunciar delitos económicos). El funcionario público que omitiera o retardara poner en conocimiento de las
autoridades administrativas, si estuviese sometido a jerarquía, o penales competentes, en su caso, cualesquiera de los
hechos descriptos en los artículos 1º, 2º y 3º de esta ley, de los que tuviera conocimiento en razón de sus funciones, será
castigado con la pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría e inhabilitación especial de dos a seis años”.
b. Contexto Internacional
Lo que hoy se entiende por “secreto bancario”, ha sido cuestionado y analizado recientemente, por los
organismos internacionales económicos más importantes del mundo, como ser el G20 (Foro compuesto por
los países más industrializados y emergentes del mundo, que trata tópicos vinculado al sistema financiero
internacional) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Los Estados, han aumentado los controles para prevenir el lavado de dinero, y proteger sus economías
de la fuga de capitales y la evasión tributaria.
Estos fuertes cuestionamientos, tuvieron notoriedad pública, cuando se informó en el año 2008 que Uru-
guay se encontraba entre los países que no colaboran con la transparencia e información suficiente, según el
criterio de los Estados que integran la OCDE, organismo al cual dedicaremos un capitulo aparte.
A su vez el Banco Central del Uruguay, posee amplias facultades de control y supervisión para con los
Bancos y entidades de intermediación financiera nacionales, las cuales son vigiladas por la Superintendencia
de Banco, perteneciente al Banco Central del Uruguay.
El Uruguay se ha comprometido a adoptar los estándares de transparencia e intercambio de información
de la OCDE, incluyendo lo que respecta al secreto bancario en casos de defraudación tributaria y sujeto a
control de la Justicia.
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No es una apertura total, ni una flexibilización sin límites a lo que ya establecía nuestra legislación, lo cual
parece apropiado tomando en cuenta la soberanía de la nación como Estado independiente.
2) CONTEXTO DEL NEGOCIO BANCARIO: RÉGIMEN ANTERIOR A LA LEY
DE INTERMEDIACIÓN
Con anterioridad a la Ley de Intermediación Financiera, encontramos una ausencia de normativa especial
en la materia;
Establece en su artículo 7º, el derecho de las personas a ser protegidas en su libertad “Los habitantes de la
República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie
puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
El artículo 28 de la carta magna consagra a su vez, la protección del derecho a la intimidad disponiendo la
inviolabilidad de los documentos de los particulares “Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar,
telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino
conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
Por su parte, el artículo 72 extiende las garantías constitucionales a todos los derechos que sean inherentes
a la personalidad humana “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye
los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.
En consecuencia, el derecho de la persona humana, a la propia intimidad y confidencialidad de su infor-
mación personal se encuentra consagrado en normas de orden público uruguayo, estableciendo expresamente
que dichos derechos sólo podrán ser limitados por leyes dictadas por razones de interés general.
b. El Código Penal Uruguayo:
En su artículo 302, redacción dada por la Ley No. 15.903, de fecha 10 de noviembre de 1987, en su artículo
216, establece el secreto profesional. “El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a conocimiento,
en virtud de su profesión, empleo, comisión, será castigado cuando el hecho causare perjuicio, con multa .”.
El secreto bancario no es más que una especie dentro del género secreto profesional, pues se trata de datos
que el banco recibe en razón de su empleo, de su propia actividad, por lo que resulta de recibo lo postulado
por la doctrina penalista al respecto.
Así entonces, al decir de LANGÓN, el artículo 302 del Código Penal debe interpretarse en el sentido
más amplio posible, ya que utiliza indistintamente los términos empleo” o “comisión” que lo complementan,
por tanto: “por profesión debe entenderse cualquier oficio, actividad (intelectual o manual), arte, carrera u ocupación
de una persona, en el curso de la cual se hubiere “impuesto” (como dice el antecedente italiano), enterado o conocido
secretos de un tercero, que no le pertenecen al autor, y cuya revelación configura, cuando causare perjuicio, el delito en
cuestión”. (LANGÓN CUÑARRO, Miguel. Código Penal t. II vol. II. Montevideo, Universidad de Montevi-
deo, 2005, p. 195).
Por su parte y al respecto de este tema, CAIROLI expresa: “Esto supone que existe una relación contractual
entre cliente y profesional que asegura un deber de fidelidad entre ambos. El secreto profesional en sentido amplio, que es
el que trata esta disposición del art. 302 es la manifestación de un particular a un profesional con el que ha trabado una
relación por necesidad, y esta manifestación debe permanecer limitada a ellos dos y nadie más” (CAIROLI MARTÍNEZ,
Milton. Curso de Derecho Penal Uruguayo t. III. Montevideo, FCU, 1 Ed., 1989, p. 212).
c. El Código Civil Uruguayo:

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