La ley bondi: un sutil atropello a la democracia

• Páginas: 7-12

LA LEY BONDI: UN SUTIL ATROPELLO

A LA DEMOCRACIA*

Cuando comenzamos (Ramiro y yo) a emprender este viaje periodístico que

se llama ContraArgumento, pensamos en elaborar conceptos que fueran

aplicables a diversas situaciones que la realidad presentara. Sin embargo, la

propia dinámica de la revista y de la actualidad, que mes a mes ha impuesto los

ejes temáticos a tratar, nos ha llevado a estudiar asiduamente ciertos usos ― en

el país y el continente ― de los instrumentos constitucionales o legales para el

beneficio de un partido, una campaña electoral o un gobierno. En esta ocasión,

la actualidad nos posiciona frente a un tema ineludible: el proyecto de ley que

será declarado de urgente consideración; uno de los principales elementos

discursivos de la campaña electoral del Partido Nacional y que hoy se presenta

como el primer cometido del gobierno entrante el primero de marzo de 2020.

Las leyes declaradas de urgente consideración fueron un instrumento

introducido por el artículo 168 numeral 7º de la Constitución de 1967, su

inclusión significó reforzar las potestades del Poder Ejecutivo para poder

gobernar en aquellos casos en que no contara con el respaldo del Poder

Legislativo pero sin desplazarlo. En este sentido, el Dr. Aníbal Barbagelata

sostenía que con estas leyes «[n]o se trata de prescindir de la actividad de los

órganos del Legislativo ― que, por otro lado, pueden rehusar el que el proyecto siga por

esa vía más expeditiva y hacer que torne al método ordinario de elaboración ― sino,

muy simplemente, de una forma de compelerlos a actuar en términos perentorios e

improrrogables, bajo apercibimiento que su inactividad valga como aprobación». (1)

Por lo tanto, estamos ante leyes que se vuelven extraordinarias mediante un

acto de gobierno a cargo del Poder Ejecutivo, que es la declaratoria de urgente

consideración; cuyas repercusiones inmediatas se dan en los plazos que serán

de 45 días para la primera Cámara del Parlamento que ingrese el proyecto, 30

días para la segunda Cámara que, si no lo aprueba tal como le fuera remitido

de la primera, deberá volver a considerarse por ésta que tendrá 15 días para

evaluar las modificaciones; por último, si vencidos los plazos subsisten las

diferencias, el proyecto se pondrá a consideración de la Asamblea General que

dispondrá de 10 días. Sin embargo, las leyes declaradas de urgente

consideración tienen sus límites, puesto que el Poder Ejecutivo no puede

enviar más de un proyecto de estas características al Poder Legislativo,

tampoco podrán presentarse bajo esta modalidad los proyecto de leyes

presupuestales y aquellos que necesiten las mayorías especiales de tres quintos

o dos tercios para su aprobación, sin perjuicio de que el Parlamento puede

*Este artículo fue publicado en la 18ª edición de ContraArgumento, correspondiente al mes de

noviembre de 2019.

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Ramiro Castro