La obligación estatal de regular y exigir procedimientos de diligencia debida en derechos humanos. Apuntes desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

• Páginas: 1-47
• Fecha: 01 Marzo 2025
• Fecha de publicación: 01 Marzo 2025
• Autor: Ernesto Gabriel Lago de Avila

Revista de Derecho n.º 31 (enero-diciembre 2025) ISSN en línea 2393-6193

DOI: 10.22235/rd31.4264

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La obligación estatal de regular y exigir procedimientos

de diligencia debida en derechos humanos.

Apuntes desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

The State Obligation to Regulate and Enforce Human Rights Due Diligence Procedures.

Notes from the Inter-American Human Rights System

A obrigação do Estado de regulamentar e exigir procedimentos de devida diligência em

direitos humanos. Notas do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos

Ernesto Gabriel Lago de Avila

ORCID: 0009-0005-0329-9452

Universidad Católica del Uruguay

Correo: ernesto-lago@hotmail.com

Recibido: 18/09/2024

Aceptado: 09/07/2025

Resumen: El presente trabajo aborda la cuestión de la diligencia debida en materia de

derechos humanos desde una perspectiva interamericana y desde el derecho internacional

de los derechos humanos. Pese a que los Estados de la región se han desocupado de la

regulación uniforme y sistémica, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos que impone en forma obligatoria —en virtud del control de

convencionalidad y del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

(1969)— la regulación del tema. Así, se aborda cómo mediante recientes sentencias se ha

dotado de operatividad a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos

Humanos de Naciones Unidas y cómo ello implica hoy una obligación

internacionalmente exigible en virtud del deber de garantía del artículo 1.1 de la

Convención. Por último, se sugieren seis pilares que toda regulación al respecto debería

tener en cuenta en sus programas de cumplimiento y se analiza el nuevo rol del

compliance officer como “auxiliar” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,

no solo ya como gestor de intereses privados de la empresa. Asimismo, se sugiere un

mecanismo de verificación o supervisión estatal que debería estar en manos de un

organismo independiente del Poder Ejecutivo.

Palabras clave: derechos humanos; empresas; diligencia debida; principios rectores;

Corte IDH.

Abstract: This paper addresses the issue of human rights due diligence from an Inter-

American and international human rights law perspective. Although States in the region

have largely neglected to establish a uniform and systemic regulatory framework, the case

law of the Inter-American Court of Human Rights imposes a binding obligation—by

virtue of the principle of conventionality control and Article 2 of the American

Convention on Human Rights (1969)—to regulate this matter. The paper explores how

recent rulings have operationalized the United Nations Guiding Principles on Business

and Human Rights, establishing them as a normatively binding obligation under

international law pursuant to the duty of guarantee set forth in Article 1.1 of the

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DOI: 10.22235/rd31.4264

Ernesto Gabriel Lago de Avila

Convention. Additionally, the article proposes six foundational pillars that any regulatory

framework in this area should incorporate within its compliance programs. It also

examines the evolving role of the compliance officer, now envisioned as an "auxiliary"

of the Inter-American Human Rights System, beyond merely serving as a manager of

corporate private interests. Finally, the paper suggests the establishment of a state

oversight or verification mechanism, which should be entrusted to an independent body

separate from the Executive Branch.

Keywords: human rights; business; due diligence; guiding principles; Inter-American

Court of Human Rights.

Resumo: Este trabalho aborda a questão da diligência devida em matéria de direitos

humanos desde uma perspectiva interamericana e do Direito Internacional dos Direitos

Humanos. Apesar de os Estados da região terem deixado de se ocupar da regulamentação

uniforme e sistêmica, há jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos

que impõe a regulamentação obrigatória do tema, em virtude do controle de

convencionalidade e do artigo 2º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de

1969. Assim, aborda-se como, por meio de sentenças recentes, foram dotados de

operatividade os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos

Humanos, e como isso implica atualmente uma obrigação internacionalmente exigível

nos termos do dever de garantia do artigo 1.1 da Convenção. Por fim, sugerem-se seis

pilares que todas as regulamentações neste sentido deveriam levar em conta em seus

programas de compliance, e analisa-se o novo papel do compliance officer como

“auxiliar” do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, e não apenas como gestor

dos interesses privados da empresa. Sugere-se também um mecanismo estatal de

verificação ou fiscalização que deverá ficar a cargo de um órgão independente do Poder

Executivo.

Palavras-chave: direitos humanos; empresas; due diligence; princípios orientadores;

corte interamericana.

Introducción

Estas líneas pretenden ser un modesto pero sentido homenaje y agradecimiento a los

doctores Ariela Peralta Distéfano y Ricardo Pérez Manrique por su inconmensurable

apoyo, guía, ejemplo y labor en la promoción y el estudio de los derechos humanos a lo

largo del tiempo compartido y por la confianza depositada en este joven estudiante.

El objeto del presente trabajo es analizar el rol de la debida diligencia empresarial en

derechos humanos, como obligación estatal emanada de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (CADH, Organización Estados Americanos [OEA], 1969).

Especialmente se hará referencia al ámbito interamericano, en el que, en virtud del control

de convencionalidad y de recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (Corte IDH), se puede colegir que existe una obligación estatal de

regular procesos de debida diligencia respecto de los particulares. De esta forma, el

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derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) irradia sus efectos hacia las

demás ramas del derecho, del que el ámbito empresarial no es una excepción.

En este sentido, indica Gamarra (2012) que este nuevo paradigma se caracteriza por

“una carta extremadamente penetrante, invasora, desbordante, que viene a ocupar todo el

espacio de la vida social y política, condicionando legislación, doctrina y jurisprudencia,

y es por ello que también disciplina las relaciones entre particulares” (p. 6). Aparece el

bloque de constitucionalidad o de derechos humanos, donde, como enseña Risso Ferrand

(2017), “se mantiene la fuente jurídica, por lo que unos [derechos] serán de fuente

constitucional y otros de fuente internacional. Ni se constitucionalizan los derechos

internacionales ni se internacionalizan los constitucionales. Ambas regulaciones

mantienen su independencia: el constituyente nacional no puede modificar el DIDH ni el

legislador internacional puede modificar la Constitución” (p. 15).

En un panorama global caracterizado por la división internacional del trabajo, las

empresas multinacionales buscan mano de obra en aquellas jurisdicciones que ofrecen

mayores incentivos (entre ellos, la precarización laboral, la falta de controles ambientales

o la poca promoción de la actividad sindical), por lo que se vuelve imperiosa la necesidad

de establecer mecanismos para controlar, revisar y corregir los impactos negativos que la

actividad empresarial pueda tener sobre los derechos humanos. En esta división del

trabajo, la región latinoamericana se presenta atractiva y susceptible de que se produzcan

estas lesiones.

El entramado actual no solo se caracteriza por la extraterritorialidad fruto de la

división internacional del trabajo, sino también por la diferenciación de personalidad

jurídica entre la empresa matriz y sus filiales. Esto conlleva que, en general, la empresa

matriz no sea jurídicamente responsable de los actos u omisiones de la filial, aun cuando

sea su única accionista (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos [OACNUDH], 2016, párr. 21), lo que impacta principalmente en la

posibilidad de obtener reparación por las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Así, han llegado al sistema interamericano diversos casos de violaciones a los

derechos vinculados con actividades empresariales, por lo que la consideración del punto

se vuelve crucial. No obstante, ni bien se comienza una lectura sobre estos asuntos, no se

encuentran demasiados aportes sobre cómo debería estructurarse la regulación legal sobre

la cuestión de las empresas y los derechos humanos. Estas líneas pretenden sugerir qué

pilares deberían observar los Estados para dar cumplimiento al mandato convencional,