¿Ocupación y piquetes son extensión del derecho de huelga?

• Autor: Mathias Rojas
• Páginas: 211-226

¿OCUPACIÓN Y PIQUETES SON EXTENSIÓN DEL

DERECHO DE HUELGA? COMENTARIO A FALLO DE

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 4º TURNO

MATHIAS N. ROJAS RODRÍGUEZ1

Tribunal: Tribunal de Apelaciones en lo

Civil del 4to turno de Montevideo, Uruguay

Partes: Frugone Izaguirre, Alexander y

Otros c. Sindicato Único del Transporte de

Carga y Ramas Afines

Fecha: 25/05/2016

Número de sentencia: 64/2016

Magistrados: Turell Araquistain (Redac-

tor) - Maggi Silva (Firmante) - Pereira San-

der (Firmante)

Texto Completo: Tribunal de Apelacio-

nes en lo Civil de 4ºTurno

Sentencia Nº64/2016

Montevideo, 25 de mayo de 2016

AUTOS: “Frugone Izaguirre, Alexander y

Otros c/ Sindicato Único del Transporte de

Carga y Ramas Afines – AMPARO” -- IUE:

0317-000215/2016.

I) El objeto de la instancia está determina-

do por el contenido del recurso de apelación

interpuesto por la parte demanda contra la

Sentencia No. 42 de 11 de abril de 2016 por

la que el titular del Juzgado Letrado de Pri-

mera Instancia de 2o. Turno de Fray Bentos

– Dr. Heber Peña – amparó la pretensión y en

su mérito dispuso la desocupación y cese de

medidas adoptadas por Sutcra en el acceso a

la planta de UPM (fs. 135 – 144).

1 Mathias Rojas es estudiante de segundo año de la

carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de Montevideo. El autor desea agradecer al Dr.

Eduardo Esteva Gallicchio, por el impulso en el estudio del

Derecho Constitucional y su colaboración con el presente

trabajo y al Dr. Santiago Pérez del Castillo por su orienta-

ción y disposición para mejorar el mismo.

II) Sostuvo que la sentencia le agravia

por error en valoración probatoria y en la

aplicación del derecho, que se traduce en la

afectación del libre ejercicio de la actividad

sindical.

Afirmó que no está acreditado que la ac-

tora fuera propietaria de los camiones que

habrían sido afectados por la medida; que

al momento de dic tarse el fallo se estuviera

entorpeciendo el libre acceso a la planta, por

el contrario fueron tres camiones supuesta-

mente de la empresa los que intentaron obs-

taculizar la realización de una asamblea en

la vía pública y ninguno de sus conductores

pretendió pasar nuevamente por el lugar.

En definitiva que no existió ocupación al-

guna, solo el ejercicio del derecho de libertad

sindical materializado en una asamblea.

Y que no se ha valorado adecuadamente

que la empresa ha vulnerado reiteradamente

derechos de sus trabajadores lo que ha gene-

rado el reclamo y protesta legítima.

Solicitó la revocatoria de la sentencia en

tanto no se configuraron los extremos nece-

sarios para la recepción de un amparo (fs.

153 – 158).

III) La actora evacuó el traslado abogan-

do por la confirmatoria (fs. 166 – 174) y fran-

queado el recurso se remitieron los autos

a conocimiento de la sala (fs. 175, 181) que

acordó el dictado de sentencia.

IV) Los agravios propuestos por la de-

mandada no son de recibo por lo que ha-

brá de confirmarse la sentencia de primera

instancia.

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REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO — NÚMERO 30 — AÑO 2016

V) El material probatorio incorporado

permite concluir que desde el 31 de marzo

fue bloqueado el ingreso a la planta de UPM

a los camiones de Ameriland S.A., bloqueo

que permanecía a la fecha de promoción de

la demanda y aún al dictado de sentencia.

Dicho material está constituído por las

denuncias formuladas ante la Seccional Ter-

cera de Policía el día 2 de abril de 2016 (fs.

14 – 15) y la Dirección Nacional de Trabajo el

día 5 de abril (fs. 11 a vto.), el acta de consta-

tación del día 4 del mismo mes (fs. 6 – 9) y los

testimonios de E. Antúnez (fs. 111 y ss.), R.

Elizaga (fs. 113 y ss.), N. Hernández (fs. 116 y

ss.), debiéndose ignorar las declaraciones de

A. Frugone (fs. 128 y ss.), W. Mernies (fs. 129

y ss.) y M. Ruiz (fs. 130 y ss.) erróneamente

tomadas en calidad de testigos porque cons-

tituyen parte material en este proceso (de-

manda en fs. 48).

Lo que lleva a descartar que “los trabaja-

dores se han limitado a informar a sus com-

pañeros de la propia empresa, realizar asam-

bleas en ambientes públicos, poner al tanto

de todos la situación injusta que ameritó el

despido del trabajador Paredes y la situación

de la empresa en cuanto al cumplimiento de

la normativa” (sic. en fs. 88).

Los testimonios de E. Antúnez, R. Eliza-

ga, N. Hernández dan fe de que no existía tal

asamblea y que se les impidió el ingreso a la

planta, lo que se confirma con las tomas foto-

gráficas correspondientes al acta de consta-

tación del día 4 de abril (fs. 4 – 5).

Y basta ver el testimonio de M. Luzardo

(fs. 122 y ss.) para concluir que la actividad

desarrollada por el sindicato aún se mantenía

al momento del dictado de la sentencia de

primera instancia, en todo caso la demandada

tampoco puso en conocimiento de la contra-

ria y de la sede que la medida hubiera cesado.

VI) El piquete es dañoso, afecta la actividad

de la empresa y las retribuciones de los funcio-

narios en particular la de los camioneros.

Es indiferente que no se hubiere acredi-

tado la propiedad de los camiones pues no

cabe duda que, quien fuere su propietario,

estaban afectados al servicio de transporte

prestado por la actora.

La detención afecta el normal desempeño

de la empresa y el cumplimiento de obliga-

ciones contractuales asumidas por Ame-

riland S.A., como surge de la certificación

notarial relativa a la existencia de relación

contractual con “Forestal Oriental S.A.” para

transporte, custodia y entrega de carga de

madera (fs. 44) y los testimonios prestados

por N. Hernández (fs. 116 y ss.) y O. Curbelo

(fs. 119 y ss.).

También a los salarios correspondientes a

los funcionarios (testimonios de E. Antúnez

en fs. 111 y ss., R. Elizaga en fs. 113 y ss. y N.

Hernández en fs. 116 y ss.).

VII) El piquete se formalizó en forma in-

mediata a que en el proceso de prevención y

solución de conflictos (arts. 18 – 20 de la ley

18.566, Convenio, Cl. Vigésimo primero, en

fs. 61) el Consejo de Salarios elevara el asun-

to a conocimiento de la Dirección Nacional

de Trabajo según acta de 29 de marzo (fs. 10)

y aún cuando nuestro derecho reconoce un

proceso abreviado para la restitución del tra-

bajador despedido “a causa de su afiliación

sindical o de su participación en actividades

sindicales” que constituyó la razón del con-

flicto (ley 17.940, dec. 165/06).

Se desconoce cuando y como según con-

testación a la demanda de amparo “los traba-

jadores decidieron tomar medidas” (fs. 87),

quien comparece por el sindicato no aporta

dato alguno (M. Luzardo, en fs. 121 y ss., en

especial en fs. 123, 124) y los testigos aporta-

dos al proceso niegan haber sido informados

del conflicto (E. Antúnez en fs. 112, R. Eliza-

ga, específicamente en fs. 115).

VIII) Es conocida la discusión acerca de

definir la ocupación o el piquete como una

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