Sentencia Definitiva Nº 110/2024 de Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT, 05-06-2024

• Fecha: 05 Junio 2024
• Tipo de proceso: PROCESO LABORAL

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO.

Ministro Redactor: Dr. Julio A.P.X..

Ministros Firmantes: Dra. M.G.R.F.. Dr. J.A.P.X.. Dra. A.K.M. arrosa

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos

autos caratulados: “TANCREDI, CARLOS Y OTROS C/ RUBINO, S.

Y OTROS – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-

71299/2023 venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del

recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la

sentencia definitiva de primera instancia Nº 11/2024 del 22 de

marzo de 2024 (fs. 524 a 531) dictada por la Sr. Juez Letrado

del Trabajo de la Capital de 2o Turno Dra. Carolina Alvez

Hourcade.

RESULTANDO:

1º) Que por el referido pronunciamiento a cuya

relación de antecedentes cabe remitirse se amparó la excepción

de falta de legitimación pasiva de B.M.R.. Y se

amparó parcialmente la demanda y en su mérito se condenó a los

codemandados Ingeniería Fachadas SRL, A.D.M. y

S.R.G. a pagar a los actores C.T.,

L.T., F.L., F.B., Fabián

Rodríguez y J.M.E. por concepto de indemnización por

despido, incidencias, las sumas reclamadas, multa del 10%

(art. 29 de la ley 18.572), más intereses legales del 6%, todo

actualizado conforme al Decreto-Ley 14.500 desde la demanda

hasta su efectivo pago, con costos por su orden y costas a

cargo de la parte demandada.

2º) Con fecha 12/04/2024 la parte demandada interpuso

recurso de apelación (fs. 533 a 549) agraviándose por: a) La

vulneración del principio de congruencia. b) Error en la

valoración de la prueba y en la aplicación del derecho. c)

Error al valorar la demanda y d) El monto de la condena y la

liquidación a la que se remite la recurrida. Solicitó que en

definitiva se revoque la recurrida, haciéndose lugar a sus

agravios, declarándose la ausencia de legitimación pasiva de

A.M. y S.R., condenándose a IDF

exclusivamente de acuerdo a la liquidación practicada en la

contestación.

3º) Por auto Nº 531/2024 del 16/04/24 (fs. 551) se

confirió traslado a la contraparte del recurso de apelación

interpuesto, evacuándolo la parte actora el día 3/05/2024 (fs.

553 a 560 vta.) abogando por el rechazo de los agravios y la

confirmación de la recurrida en todos sus términos.

4º) Por auto Nº 666/2024 del 6/05/24 (fs. 562) se

franqueó la alzada, con efecto suspensivo. El día 14/0-5/2024

se recibieron los autos en esta Sede (fs. 567), fijándose

fecha para el acuerdo, disponiéndose el pase a estudio de los

Sres. Ministros y procediéndose de conformidad con lo

dispuesto por el art. 17 de la Ley Nº 18.572.

CONSIDERANDO:

I) La parte demandada se agravia porque entiende que la recurrida

vulnera el principio de congruencia puesto que la actora

pretendió adjudicar responsabilidad a las personas físicas

demandadas en base a dos supuestos: a) que resultan ser socios

de la SRL demandada y b) que reúnen todas las características

del empleador. Sostiene que en la medida que en autos no se

reclama ningún rubro salarial sino indemnizatorio no es

aplicable la Ley 14.188 y además ninguna de las personas

físicas demandadas reviste la condición de empleador directa

desde que no se narró hecho alguno ni fundamentó la pretensión

en relación a la inoponibilidad de la personería jurídica de

la SRL demandada, ni tampoco en la responsabilidad de sus

administradores como tal, simplemente se indicó que las

personas físicas demandadas eran responsables en base a que

ejercían efectivamente el poder de dirección de los

trabajadores, revistiendo así todas las características

típicas del empleador, sin embargo no se alegaron hechos

constitutivos de la pretensión contra las personas físicas

demandadas y la recurrida agrega elementos fácticos que no

fueron mencionados en la demanda y que por lo tanto no forman

parte del objeto del proceso ni de la prueba. Sostiene que la

sentencia introduce tanto hechos como argumentos que no fueron

ni directa ni indirectamente alegados en la demanda. Entiende

que la sentencia no se limitó a “interpretar” la demanda, sino

que directamente la “integró” variando o incorporando hechos

que no fueron invocados al demandar. En definitiva, sostiene

que la impugnada aplicó el instituto del disregard de oficio,

violando el principio de congruencia.

El Tribunal entiende que los argumentos esgrimidos por

la parte demandada son de recibo y que efectivamente la

recurrida introdujo hechos y argumentos que no fueron

articularos por los accionantes en su libelo introductorio, lo

que está vedado pues ello significa un apartamiento de lo

dispuesto por el art. 198 del C.G.P. que establece que las

mismas “Recaerán sobre las cosas litigadas por las partes con

arreglo a las pretensiones deducidas…”.

En efecto, en el escrito inicial de fs. 180 y ss. los actores

demandaron la responsabilidad de las personas físicas en base

a dos argumentos: a) en virtud de lo establecido en el

Decreto-ley 14.188 que establece la responsabilidad de los

socios por las deudas salariales y b) por su calidad de

empleadores directos al ejercer el poder de dirección,

abonando salarios, pautando el trabajo, aplicando el poder

disciplinario, etc.

Ahora bien, es claro que el primer argumento para

responsabilizar a las personas físicas, claramente no resulta

aplicable al caso de autos desde que los actores solamente

reclaman el pago de la indemnización por despido a cada uno de

ellos y el art. 12 del Decreto-Ley 14.188 solamente adjudica

responsabilidad a los socios de las S.R.L. por los rubros de

naturaleza salarial, no por los indemnizatorios.

Y en cuanto al segundo argumento, lo cierto es que la demanda

se limitó a decir cuestiones genéricas, esto es que ejercían

efectivamente el poder de dirección de la trabajadora, que le

asignaban el horario, le abonaban el salario, le apuntaban el

trabajo y ejercían la potestad disciplinaria.

Es claro que los accionantes en ningún momento invocaron que

la SRL o la persona jurídica haya sido utilizada por sus

socios con el fin de eludir responsabilidades en fraude a la

ley y con la intención de perjudicar a los trabajadores, como

lo fundamentó la recurrida. Tampoco alegaron en ningún momento

que resultara al caso aplicable el instituto de la

inoponibilidad de la personalidad jurídica o teoría del

disregard. Y la sentencia de primera instancia le atribuyó a

los socios, sin que los demandantes lo invocaran, conductas

por demás graves, imputándoles haber utilizado la sociedad

para atribuirle el pasivo en “fraude y perjuicio de terceros,

en el caso concreto de los trabajadores reclamantes” (fs. 529

in fine y 530).

Finalmente, la recurrida condena al matrimonio de Alvaro

Daniel Morgades y S.R. afirmando que se beneficiaron

del trabajo de los actores, cuando este hecho tampoco fue

invocado en la demanda.

Asiste razón a los recurrentes entonces en que la impugnada

termina responsabilizando a las personas físicas demandadas en

base a hechos y fundamentos de derecho que no fueron expuestos

por los actores en su demanda, vulnerándose de alguna manera

el principio de congruencia, situación que no puede soslayarse

en base a la aplicación del principio iura novit curiae pues

si bien es el juez quien conoce e individualiza el derecho

aplicable y determina su aplicación aún en contradicción con

el derecho invocado por las partes, ello solamente puede

hacerse si esa aplicación del derecho se ajusta o adecua a los

hechos narrados en la demanda. O sea, el principio presupone

la posibilidad para el juez de interpretar los hechos de la

demanda y calificarlos, pero no puede invocar otros hechos,

diferentes, el juez no esta autorizado a considerar hechos

diversos a los planteados en la demanda y construir la

decisión sobre una plataforma fáctica diferente, como ocurre

en el caso de autos. Entonces, como bien dice la recurrente,

lo cierto es que la sentencia no interpretó la demanda, sino

que la “integró, colmando vacíos en base a hechos y argumentos

no expuestos en la misma o a lo sumo que lo fueron tardíamente

recién en la etapa de alegatos.

Asimismo, debe verse que para convocar la responsabilidad

personal de las personas físicas como empleadores, los

accionantes realizan una escueta referencia genérica al hecho

de que ejercían el poder de dirección sobre ellos, que eran

quienes les asignaban el horario, les abonaban el salario, les

pautaban el trabajo y ejercían la potestad disciplinaria. Y

efectivamente todos ellos son elementos caracterizantes de la

figura del empleador. Sin embargo, en la misma demanda los

actores reconocieron ser “dependientes de la empresa

Ingeniería de Fachadas SRL”, persona jurídica que

necesariamente requiere de personas físicas para expresar su

voluntad y actuar. Y siendo las personas físicas demandadas y condenadas (S.R. y A.M.) los socios de la S.R.L. es lógico que su actuación debe atribuirse a la persona

jurídica. Para exorbitar la actuación de las personas físicas

en ese marco, como representantes de la sociedad empleadora,

lo que sería excepcional, deben invocarse determinados hechos

concretos y desarrollarse argumentos que evidencien que el

accionar de estas personas físicas habría trascendido el rol

de representantes societarios y demuestren que, tras la

fachada de la persona jurídica, actuaron en base a un interés

propio, que obtuvieron beneficio personal del trabajo de los

actores. Nada de lo cual fue invocado ni desarrollado en la

argumentación jurídica de la demanda para respaldar la

solicitud de condena a las personas físicas demandadas.

Además, que, como se dijo, siendo que reclamaron solamente un

rubro de naturaleza indemnizatorio, no es aplicable la norma

del art. 12 del Decreto-Ley 14.188.

II) También asiste razón a la apelante en su segundo

agravio referido a la existencia de error en la valoración de

la prueba, error principalmente al requerirle a la parte

demandada de que debió aportar prueba de los hechos

impeditivos de la responsabilidad que se les atribuye, desde

que parece imposible que las personas físicas que resultaron

condenadas estuvieran en condiciones de aportar prueba

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