Sentencia Definitiva Nº 14/2025 de Tribunal Apelaciones Familia 3 T, 04-02-2025

• Fecha: 04 Febrero 2025
• Tipo de proceso: PROCESO CIVIL EXTRAORDINARIO

Sentencia Nro. 13/2025 - IUE: 208-129/2024

Montevideo, 11 de febrero de 2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SÉPTIMO TURNO

Ministra Redactora: Dra. Loreley B. Pera

Ministros Firmantes: Dra. M.C.C., Dr. E.E. y

Dra. L.B.P..

VISTOS:

Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos

caratulados: “AA C/ INTENDENCIA

DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE

208-129/2024, venidos a conocimiento de la Sala en virtud de la apelación

interpuesta por la Intendencia de Cerro Largo contra la resolución No.

4/2024, de fecha 9 de mayo de 2024 (fs.96-97), dictada por la Sra. Jueza

Letrada de Primera Instancia de Cerro Largo de 4o Turno, Dra. Ma.

F.C.A..

RESULTANDO:

I

Por la providencia referida, no se hizo lugar a la solicitud de garantía

impetrada por la demandada.

II

Contra la misma se alzó el representante de la Intendencia de Cerro Largo

por entender que la recurrida realiza un análisis sumamente restrictivo de

la participación de terceros en la litis, apartándose de la aproximación a la

verdad material de los hechos, teniendo en cuenta que los terceros

llamados a comparecer son los únicos responsables de los eventuales

daños que puedan llegar a determinarse y que lo que se pide es que se

desestime la acción contra su mandante, y que si existe una condena

recaiga sobre los terceros exclusivamente.

III

Conferido el traslado pertinente (fs. 104) éste fue evacuado por la parte

actora (fs. 106-108 vto.), quien abogó por el mantenimiento de la

recurrida.

IV

Por decreto No. 6/2024 (fs. 109) se franqueó la apelación con efecto

suspensivo.

V

A fs. 112 y vto. la parte actora interpuso recurso de reposición,

agraviándose por el efecto otorgado a la apelación, y por auto No. 8/2024

(fs. 115) la Sra. Jueza a quo amparó la recurrencia y revocó por contrario

imperio la impugnada, franqueando la alzada sin efecto suspensivo.

VI

Una vez formada la presente pieza, se elevó a esta Sala, donde fue

recibida el 2 de octubre de 2024 (fs. 128).

Por mandato verbal No. 436/2024 del 11 de octubre de 2024 (fs. 129) se

ordenó el pase a estudio y, cumplida dicha etapa, se acordó el dictado de

la presente sentencia y se designó redactora.

CONSIDERANDO:

I

El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido

por el art. 200.1 del Código General del Proceso, habrá de confirmar la

interlocutoria impugnada, por los fundamentos que se explicitarán

seguidamente.

II

En autos, el actor, Sr. AA, quien se dedica al negocio

de compra y venta de vehículos automotores, promueve demanda por

daños y perjuicios contra la Intendencia de Cerro Largo.

En lo sustancial, expresa que el 25 de noviembre de 2021 adquirió (por

segunda vez, puesto que ya lo había comprado y vendido anteriormente)

el ciclomotor marca SUZUKI modelo GSX 1000 S, tipo NAKED, padrón de

Cerro Largo No. XXXX, que posteriormente, con fecha 30 de

diciembre de 2021 enajenó al Sr. BB.

En el compromiso de compraventa se estableció como precio la suma de

U$S 18.000, de los cuales U$S 11.000 fueron entregados en el acto, y el

resto se abonaría en cuotas iguales, mensuales y consecutivas de U$S

1.000 cada una.

El 4 de febrero de 2022 las autoridades le incautaron el vehículo al Sr.

BB porque se encontraba empadronado de manera ilegal por la

Intendencia demandada, ya que había ingresado de Brasil de manera

irregular.

Junto con ese vehículo se incautaron cientos de ciclomotores y

automotores.

La investigación de los hechos culminó con la imputación y condena de

varios funcionarios de la Intendencia por varios delitos, entre ellos, fraude,

falsificación de documentos y encubrimiento.

A efectos de cuidar la imagen de su negocio y evitar un reclamo, suscribió

con el Sr. BB un acuerdo de rescisión y transacción relativo al

compromiso de compraventa, devolviéndole los U$S 11.000 que le había

entregado.

Con fundamento en el artículo 24 de la Constitución, reclama: U$S 11.000

en carácter de daño emergente, U$S 7.000 por concepto de lucro cesante

y U$S 10.000 por concepto de daño moral.

Al contestar la demanda (fs. 78-87), la Intendencia de Cerro Largo afirma

que no es cierto que hay consumado una estafa en perjuicio de terceros,

sino que fue víctima y la principal perjudicada en una maniobra criminal

llevada a cabo por una organización delictiva.

Postula que en un primer momento no fue posible determinar la maniobra,

por la destreza y habilidad en el accionar de los delincuentes, quienes

indujeron en error a los funcionarios intervinientes.

También, que si bien se vieron involucrados funcionarios municipales en la

investigación, fue por la exoneración de patente de los vehículos, hecho

diferente y funcionarios ajenos totalmente al trámite de empadronamiento

de que trata estas actuaciones.

Asimismo, invoca como eximente de responsabilidad, la culpa de la

víctima.

Pide que se emplace a: 1) CC, 2) DD, y 3) EE, por ser

partícipes de la asociación delictiva causante de los eventuales daños

padecidos por los adquirentes de buena fe de los vehículos intervinientes

en las maniobras delictivas, señalando que, sin perjuicio del

emplazamiento solicitado: “es firme en abogar por la falta de legitimación

pasiva de la Intendencia de C.L. en la causa” (fs. 83 vto.).

La Sra. Jueza confiere traslado de dicho pedido a la parte actora, quien se

opone al mismo (fs. 90-92) y, se dicta, entonces, la resolución apelada.

III

Tal como se relacionó en el Considerando anterior, los terceros cuyo

emplazamiento solicita la parte demandada no son funcionarios del ente

comunal, por lo que no es aplicable el artículo 25 de la Constitución.

Tampoco, obvio es decirlo, ningún vínculo contractual existe entre la

citante y los citados, ni norma legal que determine para el caso de que la

defensa de la demandada fracase y sea condenada, que las

consecuencias patrimoniales se trasladen a los citados.

En puridad, se desprende de los términos de la contestación de la

demanda, y más claro aún de la apelación, que lo que invoca la

Intendencia es su falta de legitimación pasiva y que los únicos legitimados

en la causa son las personas que llevaron a cabo la maniobra delictiva

invocada por el actor como fundamento de su pretensión.

Esto es, la parte demandada no acumula a la pretensión inicial, incoada

por el actor, una nueva pretensión de regreso contra los terceros cuya

citación impetra, para el caso de que resulte perdidoso, sino que lo que

pretende es desplazar la responsabilidad a las personas que indica como

únicos causantes del daño invocado por el Sr. AA.

Nos encontramos, por lo...