Sentencia Definitiva Nº 148/2025 de Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº, 12-06-2025
| Fecha | 12 Junio 2025 |
| Categoría | Salud pública,Legitimación procesal,derechos fundamentales y libertades públicas |
| Tipo de proceso | PROCESO DE AMPARO |
| Materia | DERECHO CIVIL |
SEF 148/2025
Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno
Ministra redactora: Dra. Marta Gómez Haedo Alonso
Ministras firmantes: Dras. M.G.H.A., Mónica Bórtoli
Porro, Gloria Seguessa Mora
Montevideo, 12 de junio de 2025
VISTOS:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “AA C/ FONDO NACIONAL DE RECURSO Y OTROS. Amparo”. I.U.E 2-9905/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el M.S.P. contra la sentencia definitiva de primera instancia Nº 21/2025 dictada el 17/3/2025 por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 2º Turno, Dra. J.C.Z.
RESULTANDO:
I)Por el referido pronunciamiento, se resolvió: “Ampárase la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el Fondo Nacional de Recursos así como la opuesta por el Banco de Previsión Social, desestimándose la pretensión en su contra.
Ampárase la demanda y en su mérito, condénase al Ministerio de Salud Pública a suministrar a la Sra. AA, con plazo de 24 horas, el medicamento ELEXACAFTOR-TEZACAFTOR-IVACAFTOR, de acuerdo a las indicaciones que formule su médico tratante, durante todo el tiempo que éste lo indique, bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones económicas previstas en el art. 9 lit. C de la Ley No. 16.011; sin especial condenación…” (fs. 498 y ss.).
II) Contra la referida sentencia, la parte co demandada M.S.P. (a fs. 518 y ss.) interpuso recurso de apelación e invocó como agravios:
a) La impugnada incurre en una notoria contradicción, por cuanto condena al MSP a pesar de que la Cartera Ministerial actuó conforme a lo establecido en la Constitución y las demás disposiciones legales y reglamentarias.
No existe un actuar manifiestamente ilegítimo de la Cartera de Estado y mucho menos por omisión.
El MSP participó en la creación de la dependencia del BPS que tiene a su cargo este tipo de enfermedades, no pudiendo ser condenado por omisión alguna.
La accionante está siendo atendida en BPS, debiendo por tanto dicha institución y no el MSP responder por la indicación realizada.
Existe un órgano competente en la materia, dependiente del BPS, que es el dispensador de medicamentos en estos casos, siendo inadmisible que se establezca en perjuicio del MSP una solidaridad no prevista en el ordenamiento jurídico a raíz de una omisión inexistente.
La accionante es atendida en DEMEQUI, dependencia del BPS. De la prueba testimonial diligenciada en autos, se puede comprobar, a través de la declaración de la Dra. Rey que ella misma es la que atiende a AA en dicha repartición, centro de referencia en materia de enfermedades raras entre ellas, la que porta la accionante.
No existe omisión en el diseño de las políticas de salud que justifiquen una condena al MSP, ni puede condenarse a esta Secretaría a brindar un tratamiento para un paciente que encuentra bajo el cuidado del BPS.
Tampoco es razonable el sostener que lo reclamado excede el ámbito de las competencias del BPS, cuando son los profesionales de dicha institución quienes tratan a los pacientes y prescriben la medicación.
b) El MSP carece de legitimación pasiva en la causa.
Ello por cuanto el Estado estableció que fuera el BPS, a través de CRENADECER, el que tuviese a cargo el tratamiento de enfermedades raras, no existiendo por tanto omisión manifiestamente ilegítima de la Cartera Ministerial, ni tampoco encontrándose la actora en una situación de desamparo.
c) Se actuó con entera legitimidad, por cuanto se cumplieron con todas las competencias y atribuciones encomendadas por la Constitución y la ley.
No puede catalogarse el actuar del MSP como manifiestamente ilegítimo u omisivo.
Lo que se consagra en el art. 44 de la Carta es el principio de gratuidad en relación con las prestaciones de salud que se encuentren insertas en la política de medicamentos o nuevas tecnologías diseñada por el Estado, por el MSP, a través de los mecanismos que éste haya dispuesto mediante ley y decretos.
El art. 7 inciso 2 de la Ley 18.335 limita el derecho de acceso a los medicamentos “debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por éste en el formulario terapéutico de medicamentos...”, disposición que fue declarada constitucional en reiteradas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia.
La Secretaría de Estado ha efectivizado en forma legislativa y reglamentaria la implementación efectiva del “derecho a la salud”, por cuanto se ha establecido y regulado las condiciones de completo bienestar, brindando prestaciones de salud integral, igualitarias y humanitarias. La actividad y la prestación se encuentran totalmente regladas, en respuesta a los intereses sociales de toda la población.
Se desatiende por la a quo el proceso de evaluación de un fármaco para ser incluido como estrategia de tratamiento de una enfermedad en el sistema de salud, sin advertir la importancia de este proceso y su impacto en el sistema de salud.
Las obligaciones que tiene la Secretaría de Estado en referencia a la actividad de evaluación de prestaciones de salud para su eventual inclusión en el SNIS están claramente definidas y no incluyen la obligación del Estado de brindar medicamentos, como en el caso de autos.
Se han realizado todas las actividades encomendadas por la Constitución y por las normas que regulan su competencia, no solamente en cuanto a la implementación de las políticas sanitarias, sino también en cuanto a la política en materia de medicamentos.
III) A fs. 530 y ss. la accionante interpone recurso de inconstitucionalidad del art. 7 inciso 2 de la ley 18.335 e inciso final del art. 45 de la Ley 18.211, inconvencionalidad y contestó la apelación (abogando por confirmar la impugnada), lo que fuera resuelto por la Suprema Corte de Justicia por Sentencia Nº 493 del 30/4/2025 (fs. 547 y ss.), por la cual se declararon inconstitucionales el art. 7 inc. 2º de la Ley Nº 18.335 y el inciso final del art. 45 de la Ley Nº 18.211 y, en consecuencia, inaplicables a la parte actora. Devuelto el expediente a la Sede de origen por providencia Nº 1541/2025 del 9/6/2025 (fs. 565), se franqueó la alzada con las formalidades de estilo. Recibidos los autos por el Tribunal con fecha 10 de junio del 2025 (fs. 570 vto.), se estudiaron en Acuerdo y se acordó sentencia en legal forma, dictándose el presente dispositivo.
CONSIDERANDO:
I)La Sala, de conformidad con el número de voluntades requerido legalmente (art. 61 inc. 1º LOT), habrá de confirmar la sentencia definitiva de primera instancia impugnada, por los fundamentos que se expresarán.
II) El “thema decidendum” en el grado queda delimitado por lo que constituyen los agravios esgrimidos por el impugnante, por lo que el contenido de éstos delimitará el presente pronunciamiento.
El acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el FNR no fue objeto de agravio alguno, por lo que no corresponde al Tribunal pronunciarse al respecto.
III) El caso de autos:
A)En el caso, compareció la actora, de 38 años de edad, promoviendo acción de amparo contra el MSP, el FNR y el BPS (fs. 170 y ss.).
Indicó que fue diagnosticada con FIBROSIS QUÍSTICA, según surge del informe médico e historia clínica que emergen de autos.
El diagnóstico se realizó en la adultez, tras presentar múltiples manifestaciones respiratorias, caracterizadas por infecciones respiratorias recurrentes y bronquioectasias.
La evolución de la enfermedad ha estado marcada por un compromiso pulmonar progresivo, documentado a través de la función pulmonar que ha mostrado un deterioro sostenido.
Desde 2021 hasta la actualidad, la VEF1 ha descendido desde 44 % post broncodilatador hasta valores de 39%, evidenciando una pérdida significativa de función pulmonar.
El compromiso respiratorio actual se caracteriza por requerir oxigenoterapia nocturna por desaturación durante el sueño e hipercapnia leve con elevación compensatoria del bicarbonato, sugiriendo la presencia de insuficiencia respiratoria crónica.
A todo ello se suma un cuadro de infertilidad en tratamiento prolongado, con elementos de insuficiencia ovárica, habiendo realizado múltiples procedimientos.
Esta situación requiere un adecuado control de la enfermedad de base tanto para continuar con los trámites de fertilidad como para garantizar las mejores condiciones ante un eventual embarazo.
A pesar de cumplir rigurosamente con un tratamiento integral que incluye broncodilatadores, corticoides inhalados, terapia nebulizada con solución salina hipertónica, fisioterapia respiratoria y oxigenoterapia nocturna, presentó un deterioro progresivo de la función pulmonar.
Esta situación que ya ha llevado a plantear la necesidad de evaluación para trasplante pulmonar, podría modificarse sustancialmente con el acceso a la triple terapia con ELEXACAFTOR- TEZACAFTOR- IVACAFTOR.
El acceso a la terapia no solo podría detener el deterioro progresivo de la función pulmonar, sino que también mejoraría la calidad de vida y potencialmente retrasaría la necesidad de trasplante pulmonar. Además, un mejor control de la enfermedad de base es fundamental para optimizar los resultados del tratamiento de fertilidad en curso.
No cuenta con los recursos suficientes para ello.
Ha presentado las correspondientes peticiones administrativas ante los codemandados, sin éxito.
La medicación pretendida tiene un costo de U$S 23.896, un monto fuera del acceso de la mayoría de las familias de nuestro país.
Sus ingresos ascienden a la suma de $ 75.000 aproximadamente.
La situación de autos encarta en la protección que emerge del art. 44 inciso 2 de la Carta Magna.
El MSP es el responsable de dar respuesta a la problemática planteada por los medicamentos y procedimientos de alto costo, y está legitimado pasivamente cuando su omisión o negativa -en este...
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