Sentencia Interlocutoria Nº 202/2025 de Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº, 15-10-2025

• Fecha: 15 Octubre 2025
• Tipo de proceso: PROCESO CONCURSAL

Sentencia Nro. 202/2025 - IUE: 41-140/2023

Montevideo, 15 de octubre de 2025

VISTOS:

Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados

“PROVIMAR LTDA. Concurso Necesario Ley 18.387. Incidente de

Calificación” (I.U.E. 41-140/2023), venidos a conocimiento merced a la

apelación tramitada desde fs. 319 contra la resolución No. 1016/2025 del

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 2o Turno, dictada a fs.

311-316.

CONSIDERANDO:

1) La decisión mencionada, a cuya relación de antecedentes se remite este

pronunciamiento por acompasarse a las resultancias de obrados, declaró

Culpable el Concurso de PROVIMAR LTDA, e inhabilitó a D.L.

XIMÉNEZ a administrar bienes ajenos o a representar a terceros por el tiempo

de 5 (cinco) años, condenándole a cubrir la totalidad del déficit patrimonial en

beneficio de la masa pasiva; imponiéndole además las costas de la instancia.

2) Se alza el D.B.P.B. en representación de

PROVIMAR LTDA. en términos de fs. 319-327. Se agravia por cuanto se

declaró culpable el Concurso de PROVIMAR LTDA. en función de las

presunciones del artículo 194 numerales 1o y 2o de la Ley No. 18.387.

Considera que las presunciones mencionadas son hipótesis de culpabilidad y

no de causalidad, debiendo configurarse cuando hubiere actos u omisiones

que hubieren provocado o agravado la insolvencia, agregando que necesita

analizarse la conducta del deudor concursado para determinar si la misma

causó o agravó la insolvencia, y que al no existir una presunción de

causalidad debe probarse si se provocó o no la crisis por quien fuere

indiciado. Expresa que las dificultades financieras se suscitaron en época de

la epidemia de COVID-19, que hizo cerrar la empresa por veintitrés meses

según fuere decretado por el gobierno nacional, lo que no pudo superarse a

partir de marzo de 2022 cuando se reabre la operativa, dejándose de percibir

ingresos por más de U$S 23.000.000. La sentencia pondera la incidencia de

la pandemia para aminorar las sanciones a D.L., pero ninguna

conducta suya se identifica con la provocación o la agravación de la

insolvencia. Plantea que la empresa no operó con maniobras ni manejo

indebido de su gestión. Entiende que la doctrina y la jurisprudencia considera

que los arts.193 y 194 de la Ley No. 18.387 establecen presunciones de

culpabilidad legales a secas, pero para calificarse el concurso como culpable

se requiere haber obrado con dolo o culpa grave por el deudor,

administradores o liquidadores, destacando que a partir de marzo de 2022 la

empresa tenía su deuda garantida realmente por una propiedad de L.

y con garantías por cesiones de créditos, y que aunque la empresa venía

facturando bien en 2024, un acreedor solicitó el Concurso de la apelante.

Manifiesta que si bien LIDECO planteó como hecho nuevo que la deudora no

había aportado los títulos de los padrones a ser subastados, aduce que esta

información fue falsa, pues solicitó un plazo para presentarlos, cumpliéndose

con presentar en término de treinta días que le fuere concedido los títulos del

padrón No. XX. Peticiona la revocatoria del Concurso de PROVIMAR

LTDA. como fortuito, y que se archiven las actuaciones.

3) Conferido traslado (fs. 329), comparece la LIGA DE DEFENSA

COMERCIAL en calidad de Síndico y contestado el recurso contrario (fs. 331-

334). Señala que sólo apeló PROVIMAR LTDA, no así D.L..

Considera que la apelada no realiza una fundamentación crítica de la

sentencia que dice cuestionar, reiterando dichos expuestos en actos

procesales anteriores. Expresa que la resolución fue apegada a Derecho y

que carece de errores, sin que haya la deudora o L. desmentido sus

fundamentos. Sostiene que L. como administrador de PROVIMAR

LTDA. incumplió flagrantemente con el deber de cooperar con los órganos del

Concurso, habiéndose verificado las circunstancias que conforman las

presunciones. Aboga por la confirmación de la recurrida.

4) Franqueada la apelación y recibidos los autos, previo pasaje a estudio por

su orden se conforman las voluntades necesarias para emitir un

pronunciamiento en alzada (arts.203 y 204 del Código General del Proceso,

artículos 61 y 62 de la Ley No. 15.750, arts.250 y 253 de la Ley No. 18.387;

fs. 335 y siguientes).

CONSIDERANDO:

I) Por su naturaleza y características, las cuestiones sometidas a

conocimiento son pasibles de anticipada dilucidación, conforme a los artículos

200.1 y 344.1 inciso 2o del Código General del Procero más el art. 253 de la

Ley No. 18.387.

II) Como bien lo destaca la Sindicatura a fs. 331 v.-332 y la resolución No.

1173/2025 del Juzgado de primera instancia actuante a fs. 328, solamente

apeló la resolución en abordaje la concursada PROVIMAR LIMITADA; no así

el señor y también concursado (ver decreto del Asiento remitente No.

3377/2022 a fs. 260-266) D.L., sin perjuicio de las resultancias

que se dirimen a través del expediente I.U.E. 41-141/2025.

Por ende, el ámbito de esta etapa se circunscribe a analizar únicamente los

reproches que realizó PROVIMAR LTDA respecto a su interés directo,

personal y legítimo de lesión (arts. 11, 197, 198, 242, 248 y 257 del Código

General del Proceso; art. 253 de la Ley No. 18.387).

Puede resumirse el objeto de sucumbencia en el cuestionamiento que el

apelante realizó “en tanto se califica de culpable el concurso de Provimar

Ltda. en virtud de las presunciones relativas previstas en el art. 194 num. 1ero

y 2do de la Ley 18.387”. Lo que amerita tener presente que la sentencia

apelada se articula en base a tres supuestos. A saber:

a) No haber solicitado el deudor la declaración judicial de concurso (arts. 7o,

10 y 194 num. 1o de la Ley No. 18.387);

b) No haber asistido a la Junta de Acreedores (art. 194 num. 2o de la Ley No.

18.387);

c) No haber cumplido el deber de cooperación con los órganos concursales,

no facilitándoles la información necesaria o conveniente para el interés del

concurso (art. 194 num. 2o de la Ley No. 18.387).

III) Es menester precisar que si bien el acápite del art. 194 de la Ley No.

18.387 refiere a hipótesis de presunciones legales de culpabilidad concursal a

secas (del Tribunal, sentencia No. 99/2023), el inciso 1o del mismo las refiere

como presunciones de “existencia de culpa grave del deudor, salvo prueba en

contrario”. Por tanto, el deudor sólo podrá contrarrestar y probar que no

existieron los hechos propuestos como fundamento de las presunciones

articuladas para la calificación culpable (arts. 1602 inc. 2o, 1603 y 1604 inc. 4o

del Código Civil) y según la plataforma fáctica que consideró la sentencia para

la determinación de culpabilidad del concurso (arts. 197 inc. 2o del Código

General del Proceso y 253 de la Ley No. 18.387).

IV) No es controvertido como hecho, lo que exime a esta altura de prueba

(arts.137 y 139 del Código General del Proceso, art. 253 de la Ley No.

18.387), que PROVIMAR LTDA. no solicitó su propio Concurso dentro del

término de treinta días en que sabía o debía conocer su estado de insolvencia

(Considerando II “a”). Si bien la deudora achaca deber su Concurso a la

iniciativa de SCOTIABANK URUGUAY S.A. (fs. 32 y 297 v.), admite que lo

que ella llama “situación patrimonial caracterizada por un pasivo mayor que el

activo” era en verdad “una situación de dificultad financiera para cumplir

puntualmente con el pago a sus acreedores” (fs. 293 v.), “situación que no

pudo superarse a partir de marzo de 2022 cuando la empresa reabre...” (fs.

294) y en donde la propia concursada reconoce una “ausencia de ingresos

durante veintitrés -23- meses (por un monto mayor a los U$S 23.000.000)” (fs.

323). Esto es, legalmente una situación de insolvencia, caracterizada como

una problemática del “deudor que no puede cumplir con sus obligaciones”

(art. 1o de la Ley No. 18.387). Y en la cual, para botón de muestra, ya no

podía satisfacerse (pues tenía la deuda vencida con más de tres meses, art.

4o lit. 3o de la Ley No. 18.387) al acreedor que pidió el Concurso Necesario de

PROVIMAR LTDA. (fs. 32-37 v. y 283-283 v.; ver informe de la intervención

provisoria y de su asesor contable a fs. 183), circunstancia que ya habilitaba

para la concursalidad: “La presunción relativa [del estado de insolvencia] se

vincula al incumplimiento de al menos una obligación exigible del deudor. El

legislador nada expresa con relación a la cuantía de la o las obligaciones

incumplidas. De modo que, aun cuando hubiere una sola obligación

incumplida, por más insignificante que sea, podrá encuadrar en la previsión

legal.” (G.D., “Concurso y estado de insolvencia”, La Ley

Uruguay, 2017, p. 58).

Queda claro entonces, que esta omisión...