En 2022 le retiraron el arma a 2.300 policías por problemas de salud mental y denuncias

En abril del año pasado un grupo de agentes policiales tuvieron que ingresar a una casa ubicada en el Centro luego de que un padre llamara al 911 para solicitar asistencia porque había matado a sus dos hijos, de ocho y nueve años. Mientras que los policías ingresaron a la vivienda para constatar el crimen, un psicólogo del Ministerio del Interior estaba esperándolos afuera para asistirlos. Al salir, los agentes aceptaron la intervención y continuaron varios días en seguimiento. "Así se pudo evitar el estrés post traumático", según contó a El País Nicolás Vivas, psicólogo del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid).En los últimos años, sobre todo producto de la pandemia, la salud mental está bajo el reflector, con un aumento sostenido del índice de suicidios en Uruguay. En 2021 se registró el récord de autoeliminaciones, alcanzando un total de 731. El grupo de la población que tiene un mayor registro de suicidios son los policías, con tres veces más casos que el resto de las profesiones, explicó a El País el psiquiatra Enrique Smerdiner, referente del departamento de Salud Mental del Hospital Policial. En 2022 fueron 22 los efectivos que se quitaron la vida.A su vez, durante el 2022 hubo 2.337 citaciones de efectivos del Ministerio del Interior para ser evaluados por una junta médica, casi un 10% del total de la fuerza efectiva (compuesta por 24.775 personas). El grupo de médicos decide, entre otras cosas, si se le reintegrará el arma al efectivo policial, a quien se la quitaron debido a la certificación prolongada por salud mental o por conductas inadecuadas, como denuncias por violencia doméstica. De octubre hasta la fecha los reintegros de armas fueron 69.Existe un miedo que se extiende entre los policías y los frena para recibir la atención necesaria: "Voy al psicólogo y me desarman", sostuvo Sandra González, directora de Cavid. Pero esto no sucede en todos los casos, sino que ocurre cuando existen situaciones de riesgo tanto para el funcionario como para su familia. Y este temor es el que buscan combatir las autoridades de la cartera, así como el Hospital Policial, porque la prevención psicológica es clave.A los efectivos no solo les preocupa perder su arma, sino el perjuicio económico que implica la certificación. Cuando se les quita el arma no pueden realizar los servicios de 222 y pasado un plazo, que suele ser de 60 días, pasan a cobrar un subsidio del 65% del salario, el seguro transitorio de...