Una bienvenida marcha atrás

Tabaré Vázquez demostró tener los oídos saludablemente abiertos a la crítica cuando proclamó por cadena de radio y televisión, en la noche del 1º de marzo, que las fiscalías pasarían a formar parte de un servicio descentralizado a crearse próximamente.

Con ese anuncio el nuevo presidente oficializó la marcha atrás del proyecto de trasladar ese servicio esencial para la Justicia a la órbita de la Presidencia de la República.

La peregrina idea se conoció antes de la asunción de Vázquez en una entrevista a quien sería su ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Ella anticipó su intención de traspasar por decreto las fiscalías que actualmente están en el área de ese ministerio a una secretaría nacional ubicada en la Presidencia. Que esa propuesta de Muñoz estaba desencaminada se notó enseguida pues las primeras rectificaciones provinieron del entorno de Vázquez desde donde se aclaró que los cambios en la materia se harían por ley y no por decreto. También causó extrañeza la mención de la figura de una secretaría nacional instalada en Presidencia.

Al mismo tiempo hubo protestas de la oposición, la cátedra jurídica y los propios fiscales. Las principales objeciones señalaron la iniciativa como una amenaza a la independencia técnica de estos funcionarios no dependientes del Poder Judicial pero que intervienen preceptivamente en los procedimientos judiciales en representación del conjunto de la sociedad. El acento fue puesto en la inconveniencia de colocar a los fiscales al amparo del Poder Ejecutivo.

Poniendo las cosas en su lugar, Vázquez descartó esta extraña iniciativa anticipada por la ministra y confirmó en su primer discurso a la población que el nuevo servicio descentralizado se creará por una ley que deberá aprobarse antes de la entrada en vigencia prevista para dentro de dos años del nuevo Código de Proceso Penal. Como se sabe, una de las reformas que ese cuerpo de leyes introducirá es la que encomienda a los fiscales la responsabilidad de conducir las investigaciones así como formular la acusación. Los jueces, que hasta ahora comparten esa tarea, se limitarán desde entonces a dictar sentencia tras escuchar los argumentos del fiscal y de la defensa. De ahí la importancia de contar con fiscales que gocen de absoluta autonomía en sus funciones sin la amenaza de injerencias externas.

El proceso legislativo al respecto ya está adelantado pues constan los antecedentes del debate en la anterior legislatura en donde se estudió un...