Citan a De León y exgerente de ALUR por sobreprecios

El expediente del caso Ancap tiene 2.720 hojas. Ello obligó a la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, a solicitar a su oficina actuaria que se forme una segunda pieza.

En un oficio fechado el martes 7, la magistrada formalizó la citación del expresidente de ALUR, Leonardo de León hoy senador de la Lista 711, para que declare sobre el uso que le dio a las tarjetas corporativas de esa empresa y sobre eventuales sobreprecios pagos en la construcción de la planta de etanol de Paysandú.

La citación de De León, quien declarará como indagado, se efectivizará luego de que la jueza reciba informes pedidos a la Junta de Ética y Transparencia (Jutep) y a un equipo multidisciplinario. De León cuenta con fueros parlamentarios y podrá testificar por escrito. También declarará en calidad de indagado el ex gerente general de ALUR, Manuel González. Este será interrogado acerca de su participación en la suscripción de seis adendas (agregados) o contratos modificatorios celebrados entre ALUR y la española Abengoa, constructora de la planta de etanol.

En el escrito, al que tuvo acceso El País, Larrieu solicitó una serie de informes a la Junta de Ética y Transparencia (Jutep) y un equipo multidisciplinario compuesto por el Banco Central y la Secretaría Antilavado, entre otros organismos sobre negocios de Ancap.

Larrieu también se refirió en su escrito a la denuncia penal del Partido Independiente realizada en octubre pasado sobre el uso de las tarjetas corporativas por parte de De León.

El Partido Independiente señaló que De León utilizó las tarjetas corporativas de ALUR gastando en cuatro años un total de US$ 60.000. "Varios de esos gastos en el exterior se realizaron en ocasiones en que no se encontraba en viaje oficial de la empresa, con lo que resulta al menos difícil de explicar la razón por la cual han sido utilizados dichos medios de pago", señala el escrito al que tuvo acceso El País.

Por otro lado, Larrieu pidió a la Junta de Ética y Transparencia el informe solicitado por el fiscal Pacheco sobre el contrato firmado entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa de intermediación Trafigura, acusada de corrupción en varios países. La magistrada ordenó que se envíe a la Junta los contratos y acuerdos transaccionales entre esas empresas y las denuncias del Partido Nacional y Unidad Popular sobre los negocios de crudo entre Uruguay y Ecuador. También ordenó que se envíe a la Jutep las declaraciones realizadas en la sede por los...