Colonias no cerrarán en 2025 como ordena una ley de 2017 porque ese año no se votó presupuesto

Con los 20 millones de dólares asignados por la Rendición de Cuentas 2023, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) prepara junto a otras reparticiones estatales un plan para que la salud mental y el tratamiento de las adicciones se conviertan en una política de largo plazo","theme.el-pais-uruguay-theme-epd.:core:enhancement:Enhancement.hbs.enhancementAlignment":null,"theme.el-pais-uruguay-theme-epd.:core:enhancement:Enhancement.hbs.overrideCaption":null,"_id":"0000018e-10ca-d71d-a98f-17eeeafa0000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">política de largo plazo. Las claves pasan por mejorar la infraestructura, cambiar los abordajes hacia los pacientes, involucrar a toda la sociedad y generar un cambio cultural.La gestión pública de la salud mental y adicciones presenta todo tipo de debilidades, y se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrenta el país. En 2017 el Parlamento aprobó la Ley de Salud Mental que ordena el cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes, excolonias Santín Carlos Rossi y Etchepare, antes de 2025. Pero el director de Salud Mental, Eduardo Katz, adelantó a El País que cumplir con la ley no será posible."Se votó una ley sin presupuesto para crear los dispositivos alternativos para atender a los pacientes. Es imposible cumplir en 2025 lo que se ordena, vamos a pedirle al Parlamento que vote una prórroga", dijo Katz.Si bien no hay nuevos ingresos, al día de hoy el padrón de las colonias tiene registradas a 443 personas alojadas en forma permanente y a 46 que forman parte de otros programas de atención. Muchos de esos pacientes llevan más de 30 años institucionalizados, han sido abandonados por sus familias, no pueden reinsertarse en la sociedad y tampoco, por la complejidad de sus patologías, ser alojados en residenciales para ancianos.Pero el propio sistema ha ido creando otras debilidades, como ocurre con el Hospital Vilardebó. Allí hay 317 camas destinadas a tratar personas que llegan con un cuadro agudo y que una vez superado el problema deberían recibir el alta. Pero hay más de 90 camas con pacientes que un día llegaron y nunca más se fueron. "Son personas que fueron atendidas con un trastorno agudo y que por no tener un proyecto de vida los jueces oficiaron que se queden a vivir allí", explicó Katz.ASSE ha mantenido reuniones con la Institución de Derechos Humanos y se creó una unidad de trabajo con el Ministerio del Interior, el Ministerio de...