La Corte se expide sobre si cabe procesar a cuatro militares imputados por torturas

EDUARDO BARRENECHEEl pasado reciente es un tema recurrente en la agenda política uruguaya. El lunes 8, los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia, representantes del Foro de Montevideo, se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou y le entregaron una carta que solicitaba la liberación de los presos militares alojados en la cárcel de Domingo Arena .Mientras se desarrollaba el encuentro en la Torre Ejecutiva, manifestantes de izquierda cuestionaban con pancartas el planteo de Vigil y de Abenia.> > Ese mismo lunes, la Asociación de Presos Políticos (Crysol) emitió un comunicado que cuestionaba el pedido realizado por el Foro de Montevideo al primer mandatario. > > El comunicado, titulado "Un foro para los crímenes de lesa humanidad ", dice que "es repudiable" que Vigil y Abenia pidan al primer mandatario una "amnistía para los condenados por las atroces violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado".> > Al día siguiente de la reunión realizada en la Torre Ejecutiva, la jueza de San José, María José Camacho, citó a una audiencia a cuatro oficiales superiores que revistaban en el entonces Batallón de Infantería N° 6 entre 1975 y 1980.La audiencia, que fue solicitada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe , era para formalizar la investigación a los militares por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad.> > Juan Carlos Fernández Lechini, defensor de tres de los cuatro militares imputados por el fiscal Perciballe, presentó en la audiencia un escrito solicitando que se delegara competencia a Montevideo porque allí se habían analizado ya aspectos del caso.Fernández Lechini, quien es codefensor de los militares junto con el penalista Marcos Pacheco, también presentó ante la jueza Camacho una acción de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 , promulgada en 2011, que activa la pretensión punitiva del Estado contra delitos de lesa humanidad. La tercera medida que solicitó Fernández Lechini fue la prescripción de los delitos que la Fiscalía pretende imputar a los oficiales castrenses retirados. El abogado entiende que operó la prescripción de los supuestos ilícitos señalados, de acuerdo a lo que establece la doctrina nacional e internacional.El penalista explicó a El País que la ley que estableció los delitos de lesa humanidad fue promulgada en 2006. "Si se toma el delito de abuso de autoridad contra los detenidos, este tiene una pena...