Una decadencia subrepticia

Que al Uruguay lo feliciten por su Estado de Derecho en comparación con la vida conflictuada de su vecindario, da para alegrarse. Pero no es para tocar las campanas a vuelo. Por tres razones:- al vivir entre el delito y el descoyuntamiento institucional, los vecinos no dan la talla;- al reducir a la persona a mero agente de procesos socio-económicos -sean de izquierda o de derecha-, el mundo entero navega sin la estrella polar de la libertad; y-muchos engranajes y tuberías del Derecho vienen atascándose y oxidándose sin que nadie parezca darse cuenta y hasta sin que les importe a los que piden el amparo de reglas claras.Instituciones como la Fiscalía de Corte y sistemas conceptuales como el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal han ido perdiendo prestancia.Eso no ocurre porque el ámbito público se ha enriquecido con la discusión de sus trámites y el debate sobre doctrinas, paradojas y transas en juicio abreviado. Si debatiéramos los porqués de ciertas posturas, el Uruguay se enriquecería de cultura ético-jurídica. Pero no, lo que viene corroyendo la autoridad del Derecho es la discusión política, no jurídica, de las decisiones.Con un agravante: las decisiones de los grandes asuntos que tupen la crónica policial no emanan de un juez. Provienen de un fiscal con autoridad de gestión pero sin imperio, que es parte acusadora y no magistrado imparcial.En ese contexto, proliferan hoy las suspicacias políticas. Hay denuncias públicas, como la de la exfiscal Dra. Gabriela Fossati, que no merecen echarse en saco roto y merecen desencadenar una indagación de oficio. Y por si fuera poco, a ello se agregan las denuncias de parlamentarios y las...