Decreto No. 395/006.- Dispónese que para el cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas del artículo 24 de la Constitución de la República, posteriores al primero de enero de 2006, la erogación resultante se atenderá con cargo al Inciso 24 'Diversos Créditos'

IM.P.O.

IM.P.O.

Nº 27.109 - Octubre 31 de 2006

202-A

CARILLA Nº 26

BERRUTTI; JORGE BROVETTO; VICTOR ROSSI; MARTIN PONCE

DE LEON; EDUARDO BONOMI; MARIA JULIA MUÑOZ; JOSE

MUJICA; HECTOR LESCANO; MARIANO ARANA; MARINA

ARISMENDI. ---o---

Decreto - 395

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Decreto 395/006

Dispónese que para el cumplimiento de sentencias judiciales,

laudos arbitrales o situaciones derivadas del artículo 24 de la

Constitución de la República, posteriores al primero de enero

de 2006, la erogación resultante se atenderá con cargo al Inciso

24 "Diversos Créditos".

(1.771*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE ECNONOMIA Y FINANZAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 23 de Octubre de 2006

VISTO: lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la

República Oriental del Uruguay y 51 a 53 de la Ley Nº 17.930, de 19 de

diciembre de 2005.

RESULTANDO: I) que el artículo 24 de la Constitución de la Repú-

blica Oriental del Uruguay preceptúa que todo órgano del Estado, será

civilmente responsable del daño causado a terceros, en la ejecución de los

servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.

II) que el artículo 25 de la Constitución de la República Oriental del

Uruguay establece que cuando el daño haya sido causado por sus funciona-

rios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de

haber obrado con culpa grave o dolo, él órgano público correspondiente

podrá repetir contra ellos, lo que hubiera pagado en reparación.

III) que el artículo 51 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de

2005, sustituyó el texto del artículo 400 de la Ley Nº 15.982, de 18 de

octubre de 1988 (Código General del Proceso), en la redacción dada por

el artículo 29 de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001, introduciendo

modificaciones respecto al procedimiento de pago de sentencias contra el

Estado y disponiendo que la erogación resultante se efectuará con cargo

al Inciso 24 "Diversos Créditos".

IV) que el artículo 52 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de

2005, derogó el artículo 30º de la Ley 17.296 de 21 de febrero de 2001 y

el artículo 31 de la misma ley, con la redacción dada por el artículo 82 de

la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, facultando al Poder Ejecu-

tivo a comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que

exista crédito disponible cuando se trate del cumplimiento de sentencias

judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo dispuesto en

los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a las normas citadas el pago

de las sentencias de condena contra los Incisos 02 a 27 del Presupuesto

Nacional se centraliza en el Ministerio de Economía y Finanzas.

II) que es conveniente establecer el procedimiento a seguir a efectos

que las normas que se reglamentan cumplan con la finalidad perseguida

por el legislador.

III) que, es necesario implementar un procedimiento a efectos que los

Gerentes Financieros de los Incisos, las Unidades Ejecutoras y sus abo-

gados trabajen en forma coordinada respecto a las demandas que se rea-

lizan contra el Estado.

IV) que, asimismo, es conveniente instrumentar un procedimiento de

oficio a efectos de que el Estado manifieste su voluntad de ejercer la

facultad de repetición del pago en reparación del que hubiere efectuado,

cuando ello corresponda.

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el inciso 4º del artículo

168 de la Constitución de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

actuando en Consejo de Ministros

DECRETA:

1

ARTICULO 1º.- Para el cumplimiento de sentencias judiciales, lau-

dos arbitrales o situaciones derivadas del artículo 24 de la Constitución

de la República, posteriores al primero de enero de 2006, la erogación

resultante se atenderá con cargo al Inciso 24 "Diversos Créditos".

Las sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas

del artículo 24 de la Constitución de la República, dictadas con anteriori-

dad al primero de enero de 2006, se financiarán con cargo a los créditos

de la Unidad Ejecutora o del Inciso a quien se le hayan atribuido la

responsabilidad.

2

ARTICULO 2º.- El Ministerio de Economía y Finanzas pagará los

montos resultantes de las sentencias de condena contra el Estado - Inciso

02 al 27 del Presupuesto Nacional - así como los resultantes de laudos

arbitrales y situaciones derivadas del artículo 24 de la Constitución de la

República al acreedor ganancioso, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 51 a 53 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

3

ARTICULO 3º.- Los letrados patrocinantes del Estado de los Inci-

sos 02 al 27 del Presupuesto Nacional, deberán controlar, y controvertir

si correspondiera, todas las liquidaciones y reliquidaciones de sentencias

provocadas por el acreedor.

Culminado el incidente de la liquidación o cumplido el plazo para

controvertirla, el abogado patrocinante deberá comunicar en forma escri-

ta la sentencia de condena líquida y exigible o en su caso, el acuerdo

transaccional homologado, al jerarca inmediato y al Gerente Financiero

en un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de dicho acto,

acompañando fotocopia autenticada de la sentencia definitiva e incidente

de la liquidación.

4

ARTICULO 4º.- El Jerarca de la Unidad Ejecutora, comunicará el

dictado de la Sentencia ejecutoriada o acuerdo transaccional homologado

al Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo máximo de cinco días

hábiles a partir de la recepción de la comunicación referida en el artículo

precedente.

5

ARTICULO 5º.- El incumplimiento a lo dispuesto en los artículos

precedentes será considerado falta grave, siendo de aplicación, los proce-

dimientos establecidos en el Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de

1991 a efectos de determinar la responsabilidad del funcionario omiso y

la sanción que eventualmente pudiera corresponder.

6

ARTICULO 6º.- El Ministerio de Economía y Finanzas, una vez

recibido el Oficio del Juzgado competente, individualizando los autos, el

Inciso, la Unidad Ejecutora condenada y comunicando: la suma concreta

a depositar en el término de 45 días contados a partir de que reciba el

oficio, el nombre completo del beneficiario, su cédula de identidad, do-

micilio y el número de cuenta del beneficiario en el Banco de la República

Oriental del Uruguay, deberá remitir la documentación recibida al Tribu-

nal de Cuentas para su intervención.

7

ARTICULO 7º.- Efectuado el pago, la Tesorería General de la Na-

ción deberá comunicarlo a la Unidad Ejecutora y al Juzgado competente,

por nota, telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, fax,

correo electrónico o cualquier otro medio idóneo, dejando constancia en

el expediente administrativo correspondiente.

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ARTICULO 8º.- Una vez cancelada la obligación, la Unidad

Ejecutora iniciará un procedimiento administrativo tendiente a determinar

si corresponde promover la acción de repetición contra el funcionario o

los funcionarios responsables del daño causado, de acuerdo a lo estable-

cido por el artículo 25 de la Constitución de la República, remitiendo al

Ministerio de Economía y Finanzas copia autenticada de todos los ante-

cedentes administrativos y judiciales relacionados al caso y su opinión

sobre la procedencia de ejercer la acción de repetición.

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