Diario Oficial de la República del Uruguay del 06 de noviembre de 2007 (contenido completo)

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Nº 27.357 - Noviembre 6 de 2007 211-A

CARILLA Nº 5

Los DOCUMENTOS se publican a las 48 hs. de recibidos y tal como fueron redactados por el órgano emisor.

5B 404

CONSEJO DE MINISTROS

1

Decreto 404/007

Reglaméntase la Ley 18.159 que tiene por objeto fomentar el

bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a

través de la promoción y defensa de la competencia.

(2.028*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 29 de Octubre de 2007

VISTO: la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.159 de 20 de julio de

2007 que tiene por objeto fomentar el bienestar de los actuales y futuros

consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la com-

petencia.

RESULTANDO: que por el artículo 32 de la referida ley, se enco-

mienda su reglamentación al Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO: que se estima conveniente dar cumplimiento a

la obligación impuesta, a fin de facilitar la aplicación del referido texto

normativo.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el

artículo 168 numeral 4º de la Constitución de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

ACTUANDO EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA:

CAPITULO I: PRINCIPIOS GENERALES

1

ARTICULO 1º.- La ley que se reglamenta tiene por objeto fomentar

el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través

de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia

económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas

y productos a los mercados.

2

ARTICULO 2º.- Declárase que para la prosecución del objetivo

precedentemente establecido, todos los mercados deberán estar regidos

por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitacio-

nes establecidas por ley, por razones de interés general.

3

ARTICULO 3º.- Declárase prohibido el abuso de posición domi-

nante, así como toda práctica, conducta, o recomendación, individual o

concertada que tenga por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar,

distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado rele-

vante.

La conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la

mayor eficiencia del agente económico en relación con sus competidores,

no constituye una conducta de restricción de la competencia.

Tampoco se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posi-

ción dominante, el ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excep-

cional otorgada o reconocida por la ley.

Los agentes bajo investigación por supuestas prácticas

anticompetitivas podrán aportar elementos al Organo de Aplicación rela-

tivos tanto a las ganancias de eficiencia económica, como al eventual

beneficio que se traslada a los consumidores establecidos en el artículo 2

de la ley que se reglamenta, sin perjuicio de la actuación de oficio.

Se consideran agentes o agentes económicos a los efectos del presen-

te Decreto, los previstos en el artículo siguiente.

4

ARTICULO 4º.- La ley que se reglamenta será de aplicación respec-

to de todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, naciona-

les y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines

de lucro en el territorio nacional, las que estarán obligadas a regirse por

los principios de la libre competencia.

Quedarán asimismo obligados en idénticos términos, quienes desa-

rrollen actividades económicas en el extranjero, en tanto éstas desplie-

guen total o parcialmente sus efectos en el territorio nacional.

5

ARTICULO 5º.- Decláranse expresamente prohibidas las prácticas

que se indican a continuación a título meramente enunciativo y en tanto

configuren alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 2 de la ley

que se reglamenta:

A) Concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o

venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva.

B) Limitar, restringir o concertar de modo injustificado la produc-

ción, la distribución y el desarrollo tecnológico de bienes, servicios o

factores productivos, en perjuicio de competidores o de consumidores.

C) Aplicar injustificadamente a terceros condiciones desiguales en el

caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja impor-

tante frente a la competencia.

D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obliga-

ciones complementarias o suplementarias que -por su propia naturaleza o

por los usos comerciales- no tengan relación con el objeto de esos contra-

tos.E) Coordinar la presentación o abstención a licitaciones o concursos

de precios, públicos o privados.

F) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean

esenciales para la producción, distribución o comercialización de bienes,

servicios o factores productivos.

G) Obstaculizar injustificadamente el acceso al mercado de potencia-

les entrantes al mismo.

H) Establecer injustificadamente zonas o actividades donde alguno o

algunos de los agentes económicos operen en forma exclusiva, abste-

niéndose los restantes de operar en la misma.

I) Rechazar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de

servicios.

J) Cualquiera de las prácticas enunciadas, cuando sean resueltas a

través de asociaciones o gremiales de agentes económicos.

6

ARTICULO 6º.- A efectos de evaluar si las prácticas, conductas o

recomendaciones que se prohiben, afectan las condiciones de competen-

cia, deberá determinarse el alcance del mercado relevante en el que las

mismas se desarrollan. Sin perjuicio de que el Organo de Aplicación

establecerá los criterios generales para la determinación del mercado rele-

vante, para el análisis se considerará -entre otros factores- la existencia

de productos o servicios sustitutos, así como el ámbito geográfico com-

prendido por el mercado, definiendo el espacio de competencia efectiva

que corresponda.

7

ARTICULO 7º.- A los efectos previstos en el artículo 2 de la ley que

se reglamenta y artículo 3 del presente Decreto, se entenderá que uno o

varios agentes gozan de una posición dominante en el mercado, cuando

pueden afectar sustancialmente las variables relevantes de éste, con pres-

cindencia de las conductas de sus competidores, compradores o provee-

dores.

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CARILLA Nº 6

Se considera que existe abuso de posición dominante, cuando el o los

agentes que se encuentran en tal situación, actúan de manera indebida,

con el fin de obtener ventajas o causar perjuicios a otros, los que no

hubieran sido posibles de no existir tal posición de dominio.

8

ARTICULO 8º.- Declárase el deber formal de notificar - mediante el

procedimiento previsto en el capítulo IV del presente Decreto - todo acto

de concentración económica al Organo de Aplicación con diez días de

antelación a su celebración o perfeccionamiento para los participantes del

mismo, cuando se produzca por lo menos una de las siguientes condicio-

nes:A) Cuando como consecuencia de la operación se alcance una parti-

cipación igual o superior al 50% del mercado relevante.

B) Cuando la facturación bruta anual en el territorio nacional del

conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos

tres ejercicios contables, sea igual o superior a UI 750:000.000.

A los efectos del presente artículo se consideran posibles actos de

concentración económica, aquellas operaciones que supongan una modi-

ficación de la estructura de control de las empresas participantes median-

te: fusión de sociedades; adquisición o cesión de acciones, de cuotas o de

participaciones sociales; adquisición de establecimientos comerciales in-

dustriales o civiles; adquisiciones totales o parciales de activos empresa-

riales y toda otra clase de negocios jurídicos que importen o supongan la

transferencia del control de la totalidad o parte de unidades económicas o

empresas.

El Organo de Aplicación reglamentará la forma y el contenido de las

notificaciones requeridas, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo IV

del presente Decreto, propendiendo a su más amplia difusión, quedando

facultado para requerir información periódica a las empresas involucradas

a efectos de realizar un seguimiento de las condiciones de mercado en los

casos en que entienda conveniente.

Asimismo, podrá aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a

lo previsto en los artículos 17, 18 y 19 de la ley que se reglamenta.

9

ARTICULO 9º.- Cesa la obligación de notificación prevista en el

artículo anterior, cuando la operación consiste en:

A) La adquisición de empresas en las cuales el comprador ya poseía

al menos un 50% de las acciones de la misma.

B) Las adquisiciones de bonos, debentures, obligaciones o cualquier

otro título de deuda de la empresa o acciones sin derecho a voto.

C) La adquisición de una única empresa por parte de una única em-

presa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras

empresas en el país.

D) Las adquisiciones de empresas declaradas en quiebra o no, que no

hayan registrado actividad dentro del país en el último año.

10

ARTICULO 10º.- En los casos en que el acto de concentración

económica implique la conformación de un monopolio de hecho, dicho

proceso deberá ser autorizado por el Organo de Aplicación. A tal efecto

se deberá considerar -entre otros factores- la consideración del mercado

relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia. Si el

Organo de Aplicación no se expidiera en un plazo de noventa días a

contar desde la notificación correspondiente, se tendrá por autorizado

el acto.

La autorización expresa o tácita por parte del Organo de Aplicación

de una concentración monopólica de hecho, de ninguna manera constitui-

rá un monopolio de origen legal, de acuerdo con lo establecido en el

numeral 17 del artículo 85 de la Constitución de la República. Dicha

autorización no implicará ni podrá suponer limitar el ingreso de otros

agentes al mercado, a los cuales les serán de aplicación las disposiciones

de la ley que se reglamenta así como lo previsto en el artículo 42 del

presente Decreto.

CAPITULO II: Del Organo de Aplicación

11

ARTICULO 11º.- El Organo de Aplicación de las disposiciones de

la ley que se reglamenta será la Comisión de Promoción y Defensa de la

Competencia, el cual funcionará como órgano desconcentrado en el ám-

bito del Ministerio de Economía y Finanzas.

El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo que disponga el

reglamento que la misma habrá de dictar, el cual contendrá -entre otros

aspectos- el régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción

de resoluciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas proporcionará los recursos

humanos y materiales imprescindibles para su funcionamiento.

12

ARTICULO 12º.- La Comisión estará integrada por tres miembros

designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros,

entre personas que -por sus antecedentes personales, profesionales y

conocimiento de la materia- aseguren independencia de criterio, eficien-

cia, objetividad e imparcialidad de desempeño.

Los miembros titulares de la Comisión tendrán dedicación exclusiva,

con excepción de la actividad docente y de investigación. Si al momento

de su designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendi-

dos en los mismos a partir de la toma de posesión de dicho cargo y por

todo el tiempo que actúen como integrantes de la misma, de acuerdo con

lo establecido por el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre

de 2005 y modificativas.

El término de su mandato será de seis años pudiendo ser designados

nuevamente.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años. A

efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros

miembros que se designen tendrán -respectivamente- mandatos de dos,

cuatro y seis años de duración.

Los miembros de la Comisión que no sean funcionarios públicos

serán contratados por el régimen del artículo 22 del Decreto Ley Nº

14.189, de 30 de abril de 1974 con una retribución mensual que en cada

caso establecerá el Poder Ejecutivo al momento de su designación.

De recaer la selección en un funcionario público, el Poder Ejecutivo

determinará el complemento de la retribución que en cada caso corres-

ponda.

13

ARTICULO 13º.- La representación del Organo de Aplicación será

ejercida por su Presidente.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por todos sus integrantes

en forma rotativa por espacio de dos años. En el caso de la primera

integración la Presidencia será ejercida en primer término por el miembro

designado con mandato de dos años y en segundo término por el miem-

bro designado con mandato de cuatro años.

14

ARTICULO 14º.- Los integrantes de la Comisión podrán ser desti-

tuidos por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, en

cualquiera de los siguientes casos:

A) Negligencia o mal desempeño en sus funciones.

B) Incapacidad sobreviniente.

C) Procesamiento por delito del que pueda resultar pena de peniten-

ciaria o sentencia de condena penal ejecutoriada.

D) Comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del

órgano.

Los miembros de la Comisión serán suspendidos preventivamente

por padecer impedimento físico momentáneo para desempeñar la fun-

ción. La suspensión que derive del auto de procesamiento en materia

penal se verificará de pleno derecho, independientemente de que el mis-

mo sea objeto de recursos.

15

ARTICULO 15º.- En caso de destitución, renuncia o fallecimiento,

la duración del mandato de quien lo sustituya, será igual al tiempo que

restare del mandato original.

16

ARTICULO 16º.- Compete a la Comisión de Promoción y Defensa

de la Competencia, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 2, 5, 7 y 21

de la ley que se reglamenta:

A) Dictar normas generales e instrucciones particulares que contri-

buyan al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

B) Realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes,

a efectos de analizar la competencia en los mercados.

C) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la

documentación y colaboración que considere necesarias. Los datos e

informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades

previstas en la ley que se reglamenta, sujeto a las limitaciones estableci-

das en el artículo 14 de la misma y del artículo 29 del presente Decreto.

D) Realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales,

libros de comercio, libros de actas de órganos sociales y bases de datos

contables.

E) Asesorar en forma no vinculante al Poder Ejecutivo en materia de

promoción y políticas de competencia, pudiendo proponer las modifica-

ciones legales y reglamentarias que estime conveniente.

F) Emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder Ejecu-

tivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales y

entidades y organismos públicos, relativos al tratamiento, protección,

regulación, restricción o promoción de la competencia en leyes, regla-

mentos, ordenanzas municipales y actos administrativos en general. Es-

tas recomendaciones se realizarán respecto de leyes, reglamentos, orde-