A dos años del crimen que torció el rumbo oficial

Se cumplen dos años del crimen del trabajador de La Pasiva. Su gran repercusión pública obligó al gobierno a cambiar su agenda de seguridad y aprobar una serie de medidas. Aún quedan algunas sin avance. El menor homicida hace teatro y cocina.A las 0:59 horas del sábado 12 de mayo de 2012, dos adolescentes en compañía de un adulto ingresaron al local de la cervecería La Pasiva ubicado en la Avenida 8 de Octubre y Albo, en el barrio La Blanqueada. Uno de ellos le pidió un refresco a Gastón Hernández (trabajador del lugar, de 34 años y padre de cinco hijos) y luego le disparó en el pecho, causándole la muerte en el momento.La investigación judicial determinó que el homicida fue uno de los menores que entonces tenía 17 años. Él, junto a otros dos jóvenes fueron responsabilizados por el hecho, así como dos adultos (uno de ellos una mujer) que actuaron como instigadores y por tal razón fueron enviados a prisión.El caso generó una gran conmoción a nivel social que, por un lado, llevó al gobierno a presentar un paquete de medidas contra la inseguridad bajo el documento titulado "Estrategia por la Vida y la Convivencia" (que planteó, entre otras alternativas, la regulación de producción, distribución y venta de la marihuana) y también impulsó la campaña a favor de la baja de la edad imputabilidad, propuesta que se plebiscitará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones nacionales (ver nota aparte).El 19 de junio de 2012, un mes y una semana después del asesinato del trabajador de La Pasiva, el Poder Ejecutivo presentó un paquete de medidas para mejorar la seguridad y la convivencia.Muchas de esas propuestas implicaron acciones legislativas que tuvieron un rápido trato parlamentario como la obligatoriedad de que los menores acusados por delitos graves estén privados de libertad como mínimo un año, el sistema de reparación para familiares de víctimas de la delincuencia que gestiona el BPS, el agravamiento de penas para vendedores de pasta base y la reinstalación de los juzgados de faltas.Pero por lejos la propuesta oficial incluida en este paquete de medidas que generó más polémica fue la regulación de la producción, distribución y venta de marihuana por parte del Estado, lo que puso a Uruguay en el centro del debate internacional sobre las políticas sobre drogas.Por otro lado, se tomaron medidas administrativas a nivel del Ministerio del Interior como la instalación de tobilleras electrónicas para prevenir casos de violencia doméstica y la reestructura de la...