Ejecutivo bloquea ingreso de 400 contratados de ONG

En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) quieren que unas 400 personas que trabajan para ONG contratadas pasen a ser funcionarios públicos. Presidencia se opone y desató un conflicto en el Mides.La mayor parte de los administrativos, porteros, asistentes sociales o personal de limpieza que trabajan para el Mides se desempeñan en realidad para Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que son contratadas por el Ministerio.Por esos contratos las ONG obtienen una ganancia que va del 5% al 15% de los salarios de los trabajadores.La regularización de los contratos de esos 400 trabajadores, que hasta el momento se encuentran bajo la órbita de varias ONG, encontró la negativa del Poder Ejecutivo.La solicitud del ministro Daniel Olesker y de la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides) no se aceptó en el gobierno para evitar "cuestionamientos políticos" de la oposición, según dijeron a El País fuentes del Mides."Se trabajó con el ministro para elaborar un artículo que se presentaría en la Rendición de Cuentas para regularizar a estas personas, pero el Poder Ejecutivo resolvió no ingresarlo con el argumento de que no veía oportuno el momento porque la población podría considerar que la regularización de trabajadores un año antes de las elecciones podía tener otro fin", aseveró ayer a El País el dirigente sindical del Mides, Carlos Moreira.Hasta el momento el sindicato aplicó paros parciales para realizar asambleas o concurrir al Parlamento. Cada vez que realizan movilizaciones dejan guardias gremiales para atender los refugios o los servicios para la población en situación de calle, dijo Moreira.En los hechos la propuesta que no fue aprobada por el Poder Ejecutivo implicaba un ahorro para el Estado, según Utmides. Al respecto el sindicalista sostuvo que los fondos para los salarios de los trabajadores ya existen y serían traspasados a otro ítem del presupuesto."El Mides y el Estado en general se ahorraría dinero con este cambio de modalidad ya que cada organización de la sociedad civil cobra una tasa overhead por cada persona que va entre el 5% y el 15% del salario en algunos casos", señaló Moreira a El País.El plan no aprobado por el Poder Ejecutivo implicaba la creación de vacantes y el llamado a concurso entre los funcionarios a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Aquellos que pasaran la prueba pasarían a un régimen de provisoriato por 18 meses. Una vez concluido ese plazo ingresarían al presupuesto nacional como funcionarios públicos con...