Es tiempo de balances

En línea con una de las 10 propuestas prioritarias para el país al comienzo de este período de Gobierno, se continuó avanzando en la digitalización de la economía. Así fue que vimos normas referidas a la implementación del recibo de sueldo electrónico y encontramos más contribuyentes en el cronograma de incorporación a factura electrónica. También se extendió hasta fin del 2016 el plazo para incorporar tecnología para implementarla con beneficios fiscales.

Otra vieja conocida que sigue contribuyendo al proceso de formalización de la economía fue la Ley de Inclusión Financiera. Esta norma de 2014, previó un calendario para la incorporación gradual de transacciones cuyo pago no podrá realizarse ya en efectivo. A fines de setiembre se reglamentó el pago de remuneraciones y jubilaciones a través del sistema financiero. También fue tiempo de prórrogas y se postergó hasta junio de 2016 la limitación al uso de efectivo en pagos por compra de bienes o servicios por más de cuatro o dieciséis mil dólares. Y habrá que esperar a hasta abril de 2016 para que los tributos nacionales por más de mil dólares, deban pagarse electrónicamente.

Todo esto hace a la administración de lo que ya existe, pero ¿qué hay de las nuevas inversiones? En noviembre se procuró incrementar transitoriamente los beneficios de la Ley de Inversiones y se concedió beneficios de impuesto a la renta a quienes participen en Fideicomisos Financieros para vivienda de interés social. Se apostó también a dar un marco más ágil y claro para inversiones de gran porte, a través del aggiornamiento de la reglamentación de los contratos de Participación Público Privada. En el debe quedó la modificación de la ley de Zonas Francas. El proyecto -que se espera sea discutido al comienzo de la nueva legislatura- prevé no sólo la incorporación de nuevos objetivos a los que un negocio podrá contribuir para beneficiarse de exoneraciones, sino también la creación de zonas temáticas de servicios.

Al margen de controversias sobre el rumbo de la política comercial internacional, el Mercosur emitió una disposición relevante para nuestro país sobre criterios de origen. Así, la Decisión 33 dispuso que las mercaderías originarias de un Estado Parte no dejen de serlo por pasar por zona franca, si éstas se encuentran bajo control aduanero (lo cual ocurre en Uruguay luego de la aprobación del CAROU). Al terminar 2015 esto no está aún vigente, pues para ello se requiere que los Estados lo recojan en sus leyes...