El estigma de US$ 800 millones

Las distintas denuncias y causas judiciales por Ancap fueron las grandes protagonistas de este año 2017. A los informes de los distintos partidos en la comisión investigadora del Senado se agregó el tema del uso de las tarjetas corporativas por los directores. Y no solo de Ancap, sino también de ALUR. Un total de 32 indagados pasaron por el juzgado del Crimen Organizado a cargo de la jueza Beatriz Larrieu, quien junto al fiscal Luis Pacheco llevaron adelante una minuciosa investigación judicial que entra en un "impasse" por la Feria Judicial mayor.

Que quede claro: Ancap subsistió y llegó al 2017 porque es una empresa pública (y sus directores cuestionados solo pueden ocupar esos cargos porque es empresa pública). Si fuera privada habría entrado de cabeza en un proceso de quiebra. Sus números eran escandalosos. El endeudamiento de la empresa rondaba los US$ 2.000 millones, cinco veces su patrimonio. Un patrimonio que en 2012 era de US$ 1.151 millones y apenas alcanzaba los US$ 441 millones tres años más tarde cuando se instaló la investigadora. Pero, gracias a su carácter estatal y monopólico logró seguir funcionando: se le votó una capitalización de US$ 622 millones que todos los ciudadanos pagaron por ajustes fiscales, aumentos de tarifas públicas y un desesperado hurgar e inventar gravámenes en cuanto rincón de la actividad se presentara. Mientras el precio de los combustibles caía a mínimos casi increíbles, aquí se congelaba o aumentaba. Había que tapar un agujero de US$ 800 millones.

El tema de las licitaciones fue el buque insignia de las denuncias sobre Ancap. Hay licitaciones que debieron hacerse y no se hicieron, sino que se adjudicaron determinadas (y millonarias) operaciones en forma directa. Allí está el contrato de Ancap con la empresa holandesa Trafigura para una triangulación en el refinamiento de petróleo con Ecuador. Esas operaciones superaron los US$ 700 millones y Ancap cobró US$ 6 millones. Y allí está la contratación de Exor, una empresa de servicios que actuó como intermediaria entre Ancap y la venezolana Pdvsa.

Pero también están las licitaciones del rubro inversiones para la construcción de diversas y costosas instalaciones del plan estratégico de Ancap que diseñó Daniel Martínez cuando fue su presidente, y que Raúl Sendic puso en marcha. Todas, absolutamente todas las obras licitadas tuvieron cuantiosos sobrecostos que superaron y en mucho el precio de la oferta inicial por la cual les fue adjudicada. ¿Para qué se...