Falta de transparencia e ineficiencia: los riesgos en Uruguay XXI sobre los que alertó una auditoría

Políticas ineficientes sin medición, falta de transparencia en el proceso de selección de personal y decisiones no ajustadas a Derecho, fueron algunos de los principales riesgos señalados por una unidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la operativa del Instituto Uruguay XXI.El informe -realizado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), unidad ejecutora del MEF- señaló que la agencia responsable de la promoción de exportaciones, inversiones e imagen país, Uruguay XXI, tiene "debilidades" en algunos aspectos de su funcionamiento, las cuales "deberá a la brevedad" corregir para mitigar su "importante nivel de riesgo".La auditoría fue realizada en diciembre de 2022 con el objetivo de evaluar el grado de avance de las acciones implementadas por Uruguay XXI, luego de que en 2020, una auditoría de la AIN encontrara que el organismo presentaba debilidades que suponían un riesgo "alto" y "medio" y que debían ser atendidas.En ese entonces, la auditoría había informado sobre cuatro hallazgos en los que Uruguay XXI debía adoptar medidas para mejorar. Más de dos años después, la AIN concluyó que de los cuatro aspectos señalados, el organismo implementó las acciones previstas solo en uno de los casos; en otros dos aspectos lo hizo de forma parcial; mientras que en otra no implementó ninguna modificación.El primer hallazgo que había sido señalado por los auditores en 2020, ponía el foco en el incumplimiento del Consejo Directivo de Uruguay XXI -el órgano máximo del instituto- en algunas de sus atribuciones como por ejemplo: la designación y destitución del personal, así como también en la aprobación del presupuesto, memoria anual y estados financieros.La nueva auditoría encontró mejoras parciales en este punto, lo que hizo que el nivel de riesgo bajara de alto a medio. En concreto, el organismo sometió a aprobación del Consejo Directivo el presupuesto, memoria anual y estados financieros correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, pero no modificó lo referido a la designación y destitución del personal del instituto, por lo que el riesgo asociado a esta práctica es que "se adopten decisiones no ajustadas a Derecho", advirtió la AIN.El segundo hallazgo detectado en 2020 refería a debilidades respecto al proceso de selección y contratación de servicios tercerizados y consultorías.En ese entonces, la auditoría había concluido que no existía "evidencia de la acreditación de los requisitos y aptitudes" que Uruguay XXI valoraba en los...