El gobierno se resiste a revelar datos confidenciales de Aratiri

El Ministerio de Industria, Energía y Minería entiende que la información sobre el proyecto de inversión de Aratirí es de propiedad de esta empresa, que pidió que fuera catalogada como confidencial y por lo tanto no debería publicarse.

El ministerio sostuvo esa tesis en su apelación a la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, del pasado lunes 10 que le ordenó difundirla.

El ministerio argumenta en el escrito que se le notificó con la debida antelación a Víctor Bachetta, dirigente del movimiento ambientalista Uruguay Libre que presentó la solicitud de acceso a la información, que la misma no era pública aunque esto no fue hecho mediante una resolución expresa. "En otras palabras, la Administración no incurrió en silencio positivo; la Administración se expresó notificando al actor la imposibilidad de acceder a su petición", señala el escrito del ministerio al que accedió El País.

El escrito, redactado por Carlos Roselló, abogado de la cartera, señala que "la ausencia de resolución expresa sobre la solicitud de acceso a la información pública no conlleva el acogimiento del acceso judicial si de los antecedentes resulta que el requerido, comprensiblemente aportó al interesado una respuesta; y esto fue lo que ocurrió en la especie, ya que, oportunamente, esta Secretaría de Estado notició al actor la imposibilidad de brindarle la información".

Roselló argumenta que "si bien la ley otorga a las personas el derecho de acceso a la información pública, a la vez otorga a las personas el derecho a que la información que ante la Administración presenten no se haga pública". Por ese motivo, entiende que "entregada información por los particulares a la Administración y a petición de los primeros clasificada como confidencial, ni la Administración ni las Sedes Judiciales podrían desclasificarla como tal ante el pedido de acceso formulado luego por un tercero interesado". "No podría en modo alguno hacerlo la Administración sin oír previamente al titular de la información ya que el procedimiento administrativo de acceso a la información no prevé dicha instancia de eventual contradicción", agrega.

Aratirí argumenta que invirtió alrededor de US$ 200 millones para hacerse de la información sobre los volúmenes de hierro que pretende extraer y sobre su calidad y que esos datos tienen valor comercial por lo que solicita preservarlos.

El abogado cree que el juez no cumple con la ley 18.381 que regula el acceso a la...