IMM hizo 44 denuncias penales y 5 municipales fueron procesados

La Intendencia de Montevideo realizó 353 investigaciones administrativas en un año y destituyó a seis personas; en tanto la Justicia procesó a cinco de sus funcionarios. La Jurídica de IMM incrementó el número de expedientes tratados en 2013.El último balance disponible de la Intendencia de Montevideo revela que en 2013 se iniciaron y terminaron 194 expedientes judiciales, mientras que en 2012 se formaron 159 que culminaron el año pasado.Según un informe elevado el 6 de agosto por el director de la Unidad Sumarios de la IMM, Arturo Speranza, al titular interino de la División Jurídica de Montevideo, Álvaro Richino, entre 2012 y 2013 esa repartición tramitó 189 investigaciones administrativas (que comprenden hechos y no necesariamente personas), 164 sumarios (que involucran personas), 186 denuncias, 285 informes y 44 expedientes de denuncia penal.De las 44 denuncias efectuadas, 25 fueron archivadas en Sede Penal y siete personas resultaron procesadas: 5 particulares y 2 funcionarios. Otros 3 municipales fueron procesados de oficio por la Justicia, sin que los procesos fueran iniciados por la Intendencia.De acuerdo al documento, al cual tuvo acceso El País, en 2013 la Intendencia de Montevideo solicitó a la Junta Departamental la venia para destituir a seis personas por delitos como "lesiones graves", "tenencia y suministro de estupefacientes" y "atentado violento al pudor".Si bien todas estas solicitudes fueron respaldadas por el legislativo comunal, la Junta rechazó este año la destitución de algunos funcionarios municipales que fueron sumariados por hechos relacionados al consumo de drogas.Como informara El País en su edición del 7 de abril, la Comisión de Legislación de la Junta no apoyó las solicitudes de venia para destituir a los funcionarios que acumulaban reiteradas faltas y serios problemas de adicción: dos por estupefacientes y uno por alcohol.Los ediles decidieron no votar las destituciones por considerar que se trata de personas con una enfermedad, y que por tanto deben ser tratadas y no removidas de sus cargos.Opinaron, además, que la Intendencia debería implementar un protocolo para los funcionarios con problemas de adicción, que incluya un seguimiento en cada caso.El edil nacionalista Miguel Di Ruocco, por ejemplo, dijo a El País que votó en contra por considerar que "no se pueden plantear destituciones sin un estudio médico previo que se informe en el expediente". Por eso -entendió-, un protocolo "debería establecer pautas médicas, registrar...