La infanta Cristina fue imputada; investigan maniobras corruptas

La infanta Cristina, hija del rey de España, fue imputada ayer en la investigación por presunta corrupción abierta contra su marido, Iñaki Urdangarin, llevando al corazón de la familia real un escándalo que ya daña la popularidad de la monarquía.Rubia, afable y con imagen de princesa moderna, Cristina, de 47 años, está llamada a declarar el 27 de abril "por delito de tráfico de influencias" ante el juez José Castro de Palma de Mallorca, instructor del denominado "caso Nóos" que implica desde 2011 a su marido, informó una fuente judicial.Sin embargo, la hija menor del rey Juan Carlos, séptima en la línea sucesoria al trono de España, podría acabar eludiendo el mal trago ya que un fiscal anticorrupción decidió recurrir la citación, argumentando "la falta absoluta de indicio de participación en hecho delictivo alguno", según otra fuente.Primer miembro de la realeza española imputado en un caso de presunta corrupción, la infanta había permanecido hasta ahora al margen de una investigación que se acercaba cada vez más peligrosamente al círculo íntimo del monarca Juan Carlos, de 75 años, cuya imagen también se vio duramente afectada por el escándalo."La Casa del Rey no hace ningún comentario sobre las decisiones judiciales", dijo ayer un portavoz de la realeza enseguida que se supo la decisión.Más tarde, el mismo portavoz señaló: "Con el máximo respecto por las decisiones judiciales", la Casa Real "quiere manifestar su sorpresa con el cambio de posición expresado por el juez" que en marzo de 2012 desestimó imputar a la infanta.EL CASO. Urdangarin, de 45 años, excampeón olímpico de balonmano y ahora Duque de Palma, es sospechoso, al igual que su exsocio Diego Torres, de haber desviado millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, una sociedad de mecenazgo.Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999 que empezó a tener actividad en 2003, cuando Urdangarin fue nombrado presidente del mismo. Bajo esta apariencia Nóos logró contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del Partido Popular (PP, ahora en el poder).Esos contratos fueron elegidos a dedo y nadie controló que el dinero público adjudicado se correspondía con lo realmente gastado, según la investigación judicial. Gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de las administraciones públicas entre 2004 y 2006 (año en que Urdangarin dejó de ser el presidente) acabó en la caja de empresas privadas con ánimo de lucro...