Jueza se llevó del MSP papeles por megaestafa

La Justicia y la Policía concurrieron ayer al Ministerio de Salud Pública (MSP) para interrogar al presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, y llevarse documentación pertinente para la investigación por la megaestafa contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La jueza Julia Staricco, la fiscal Mónica Ferrero y personal de la Dirección de Información Técnica de la Policía fueron ayer en la tarde a la cartera y se llevaron copias de documentos, tanto en formato papel como digital.

En tanto, la Junasa se comprometió a enviarle a la Justicia otra documentación que ayer no estaba disponible. Acordaron recabarla y mandarla en las próximas horas.

Staricco, señalaron fuentes judiciales, intenta determinar irregularidades en afiliaciones al Fonasa, a través de empresas "fantasmas", como las que fueron comprobadas días atrás.

La visita fue coordinada, según dijeron a El País fuentes judiciales y del MSP, aclarando que no se trató de un allanamiento. Incluso señalaron que la Justicia está trabajando en forma coordinada con las autoridades de la salud.

Además de Echevarría, la jueza también interrogó a la secretaria letrada Ana Alaniz, según indicó ayer Subrayado.

La Justicia ya procesó a 11 personas por este caso, incluidos trabajadores de empresas de promotores y de mutualistas. Mientras, siguen las averiguaciones sobre el verdadero alcance de la maniobra y la posibilidad de que haya más implicados.

En un principio se advirtió que había 80 empresas "fantasmas" involucradas en el fraude. En las mutualistas se sostiene que no son tantas y que este número proviene solo de las declaraciones de un joven de 23 años, que fue el primero en caer, tras hacer otra estafa a través de una buzonera bancaria.

La maniobra consistía en anotar como trabajadores en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de pagarles $ 500. Los estafadores luego inscribían a estas personas a través de promotores en distintas mutualistas, con lo que recibían $ 3.500.

Uno de los procesados tenía en su poder una lista de 31.000 cédulas de identidad de falsos trabajadores. Desde las mutualistas, en tanto, sostienen que solo se pudo comprobar el reclutamiento de 600 personas para las falsas empresas.

El Banco de Previsión Social (BPS) ya sabía desde hacía seis meses de la estafa, pero no presentó la denuncia ante la...