Junta Anticorrupción no tiene plata ni funcionarios

No sabe si puede ir a la OEA a recibir un informe sobre Uruguay; carece de abogado, escribano e informáticos.

En marzo la Junta Anticorrupción debe recibir en la OEA un informe elaborado por misiones de Estados Unidos y Ecuador sobre la adaptación en Uruguay de las normas sobre corrupción. Los pasajes y diez días de estadía para participar de las reuniones previas y el plenario demandan unos US$ 4.000. Pero la presencia del presidente de la Junta, José Pedro Montero, está en duda porque no tiene dinero. "Es así de grave. No hay un peso. Saco los dólares para el viaje o los dejo por si se rompe una puerta o para comprar bombillas", lamentó Montero a El País.

Lo que la Junta Anticorrupción reclamó durante años y le fue concedido, lejos de ser una solución se ha convertido en un dolor de cabeza. Su transformación en un servicio descentralizado que ya no depende del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual se ajusta a las formas institucionales necesarias para un organismo de esa naturaleza, no fue acompañada de medidas que la doten de recursos económicos y humanos. Así, la institución con ese pomposo nombre de "Anticorrupción", pierde día a día capacidad y presencia institucional.

La Junta tiene 19 funcionarios dependientes (14 de ellos pases en comisión). Al convertirse en servicio descentralizado perdió a dos, uno dedicado a las declaraciones juradas y otro a jurídica.

No tiene escribanos por lo que cuando necesita la intervención de uno se contrata de forma externa. Tenían previsto incorporar a una profesional mediante pase en comisión, pero perdía una compensación y desistió. Tampoco tiene abogados contratados. Tales funciones las asumen el presidente Montero y el vocal Carlos Soares de Lima, aunque como integrantes de un directorio no están para cumplir esas tareas. El organismo carece de un secretario general, por lo que todas las resoluciones deben ser firmadas por los tres miembros del directorio. Cuenta con una contadora, que además del trabajo que le corresponde, ha sido nombrada por el Tribunal de Cuentas como contadora delegada. A partir del 2 de enero la Junta debe recibir las declaraciones juradas de unos 50.000 funcionarios públicos por vía electrónica. Sin embargo, la Junta no tiene personal especializado en informática.

"Contratamos una empresa para este trabajo tan delicado y también para que nos arregle una impresora si se tranca", explicó Montero.

"Nadie quiere venir a la Junta. La oficina es muy linda, pero si no hay un...