Ley No. 17.556.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001

IM.P.O.

IM.P.O.

Nº 26.096 - Setiembre 19 de 2002

756-A

CARILLA Nº 10

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Ley 17.556

Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución

Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001.

(2.735*R)

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental

del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

1

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Eje-

cución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001, con un resultado

deficitario de ejecución presupuestaria de $ 12.963.443.000 (doce mil

novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil

pesos uruguayos), según los estados demostrativos y auxiliares que

acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Redúcense los créditos correspondientes a gastos de funcionamien-

to por toda financiación, de los grupos 1 a 7 de los Incisos 02 a 19 y 25

a 27, en un 8% (ocho por ciento) anual para los ejercicios 2002 a 2004,

excepto aquellos que, por su carácter, el Poder Ejecutivo declare no

abatibles, con comunicación a la Asamblea General dentro de un plazo

máximo de 10 días.

Redúcense los créditos correspondientes a inversiones, por toda

fuente de financiamiento, en un 19% (diecinueve por ciento) adicional a

la reducción dispuesta por el artículo 619 de la Ley Nº 17.296, de 21 de

febrero de 2001, para el ejercicio 2002 y en un 28% (veintiocho por

ciento) anual para los ejercicios 2003 y 2004, en todos los Incisos del

Presupuesto Nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo a declarar proyec-

tos prioritarios en función de su impacto social, para los cuales la reduc-

ción para los ejercicios 2003 y 2004 será menor.

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Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2003,

excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establez-

ca otra fecha de vigencia.

SECCION II

RACIONALIZACION DE LA ESTRUCTURA POLITICA DEL

ESTADO

3

Artículo 3º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la elaboración de un

proyecto de ley, estableciendo, en el marco de la racionalización y re-

ducción del gasto del Estado, la fusión, supresión o reorganización de

los Ministerios de la Administración Central, siempre y cuando ello no

implique costos presupuestales asociados al grupo 0 "Servicios Perso-

nales".

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Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la fusión, su-

presión o reorganización de las diversas unidades ejecutoras de la Admi-

nistración Central. De lo actuado se dará cuenta a la Asamblea General,

la que dispondrá de un plazo de 45 días para su consideración, teniéndo-

se por aprobado si ésta no se expidiese en el término referido.

En ningún caso la ejecución de lo proyectado podrá causar lesión de

derechos, ni implicar costos presupuestales ni de caja asociados al gru-

po 0 "Servicios Personales".

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Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo proyectará y pondrá a considera-

ción del Poder Legislativo la reestructuración, conformación y funciona-

miento o la supresión de las diversas Comisiones, Juntas, Delegaciones,

Direcciones y toda entidad que se financie total o parcialmente con

recursos del Presupuesto Nacional y que funcionan en el ámbito de la

Administración Central, aun cuando tengan carácter de persona de dere-

cho público no estatal, asegurando el cumplimiento de sus cometidos.

6

Artículo 6º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, con el asesora-

miento preceptivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la

realización de los estudios necesarios a los efectos de determinar la

procedencia y conveniencia de la eventual modificación de las dis-

posiciones normativas referentes al número de integrantes de los

Directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados del

Estado.

De concluir tal estudio en la conveniencia de operar modificaciones

en las normas respectivas, el Poder Ejecutivo deberá proceder a la elabo-

ración y remisión del correspondiente proyecto de ley.

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Artículo 7º.- Cométese al Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo

dispuesto por el inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de la

República, la elaboración de un proyecto de ley estableciendo la descen-

tralización a nivel departamental y regional, de los procesos de gestión

de la Administración Central, así como de los entes autónomos y servi-

cios descentralizados.

Asimismo, encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación e

implementación de lo dispuesto por el artículo 643 de la Ley Nº 17.296,

de 21 de febrero de 2001.

8

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo constituirá, en un plazo máximo de

180 días contados a partir de la vigencia de la presente ley, una Comi-

sión Consultiva con el cometido de coordinar e impulsar las actividades

complementarias y competitivas de la Administración Nacional de Com-

bustibles, Alcohol y Pórtland y de la Administración Nacional de Usinas

y Trasmisiones Eléctricas, de manera de racionalizar y optimizar su

gestión y sus recursos.

Dicha Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

A) El Ministro de Industria, Energía y Minería que la presidirá.

B) El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

C) Los Presidentes de ambos organismos.

SECCION III

RACIONALIZACION DE RECURSOS

HUMANOS DEL ESTADO

CAPITULO I

RETIROS INCENTIVADOS

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Artículo 9º.- El Estado no podrá celebrar o financiar contratos de

cualquier naturaleza que impliquen de alguna forma la prestación de un

servicio de carácter personal con quienes, habiendo revestido el carácter

de funcionarios públicos, se hubieren acogido como tales al beneficio

jubilatorio.

Exceptúanse de esta prohibición aquellas contrataciones que tengan

por objeto la prestación de servicios de docencia directa en organismos

de enseñanza pública.

Derógase el inciso quinto del artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189,

de 30 de abril de 1974.

10

Artículo 10.- (Retiro incentivado de funcionarios).- Los funciona-

rios públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley tuvieren

entre 60 y 69 años de edad y que se acojan al beneficio jubilatorio dentro

de los 60 días de la entrada en vigencia de la presente ley, percibirán

mensualmente del organismo al cual pertenecían con cargo a su presu-

puesto, hasta que cumplan los 70 años de edad, una prestación de hasta

el 15% (quince por ciento) de sus retribuciones.

Dicho porcentaje variará hasta el límite señalado en base a una escala

relacionada con la edad del funcionario, según la reglamentación que

dicte el Poder Ejecutivo.

El concepto "retribuciones" incluye todas las prestaciones perma-

nentes sujetas a montepío; aquellas que son permanentes pero de monto

variable, se determinarán por el promedio de lo percibido en los últimos

12 meses anteriores a la aceptación de la renuncia.