Ley No. 17821.- Apruébase el Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal

IM.P.O.

IM.P.O.

Nº 26.586 - Setiembre 14 de 2004 545-A

CARILLA Nº 9

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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Ley 17.821

Apruébase el Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la

República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados

Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica Mutua en Mate-

ria Penal.

(1.741*R)

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental

del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN

1

ARTICULO UNICO.- Apruébase el Tratado de Cooperación entre

el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los

Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia

Penal, suscrito en Montevideo, el 30 de junio de 1999.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 26 de

agosto de 2004. LUIS HIERRO LOPEZ, Presidente; MARIO

FARACHIO, Secretario.

TEXTO DEL TRATADO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno

de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados "Las

Partes";

Animados por el deseo de fortalecer los vínculos de amistad que

unen a ambas Partes:

Conscientes de la importancia de establecer una cooperación más

eficaz en materia de asistencia judicial, que coadyuve a proveer una

mejor administración de la justicia en materia penal.

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

AMBITO DE APLICACION DEL TRATADO

1. Las Partes cooperarán entre sí, tomando todas las medidas

apropiadas de que puedan legalmente disponer, a fin de prestarse

asistencia jurídica mutua en materia penal, de conformidad con los

términos de este Tratado y dentro de los límites de las disposiciones

de sus respectivos ordenamientos legales internos. Dicha asistencia

tendrá como objeto la cooperación en la prevención, investigación y

persecución de delitos o de cualquier otro procedimiento penal, que

deriven de hechos que estén dentro de la competencia o jurisdicción

de la Parte Requirente al momento en que la asistencia sea solicita-

da.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo VIII numeral 3, este

Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a emprender, en

la jurisdicción territorial de la Otra, el ejercicio y el desempeño de las

funciones cuya jurisdicción o competencia estén exclusivamente reser-

vadas a las autoridades de esa otra Parte, por sus leyes o reglamentos

nacionales.

ARTICULO II

ALCANCE DEL TRATADO

La asistencia aquí convenida comprenderá:

a) entrega de documentos y otros elementos de prueba;

b) proveer información, documentos y otros archivos, inclu-

yendo, resúmenes de archivos penales, no accesibles al pú-

blico, que obren en las dependencias del Estado Requerido,

sujetas a las mismas condiciones por las cuales esos docu-

mentos se proporcionarían a sus propias autoridades;

c) localización de personas y objetos, incluyendo su identifica-

ción;

d) registro domiciliario o cateo, así como el aseguramiento y deco-

miso de bienes;

e) entrega de bienes, incluyendo el préstamo de documentos;

f) poner a disposición y en su caso autorizar el traslado de perso-

nas detenidas u otras, para que rindan testimonio o con otros

propósitos expresamente indicados en la solicitud;

g) notificación de documentos, incluyendo aquellos en los que se

recojan los testimonios o declaraciones;

h) la toma o medidas tendientes a la inmovilización de bienes, y

i) otras formas de asistencia congruentes con el objeto y propósito

de este Tratado, y que no sean incompatibles con la legislación

de la Parte Requerida.

ARTICULO III

DENEGACION O DIFERIMIENTO DE ASISTENCIA

1. La asistencia podrá denegarse si, en opinión de la Parte Requerida:

a) la ejecución de la solicitud afecta su soberanía, seguridad, orden

público o intereses públicos esenciales o si se refiere a delitos

estrictamente militares o políticos;

b) la ejecución de la solicitud implica que la Parte Requerida

exceda su autoridad legal o de otra manera fuera prohibida

por las disposiciones legales vigentes de la Parte Requerida,

en cuyo caso, las Autoridades Coordinadoras a que se refiere

el Artículo XII de este Tratado se consultarán entre ellas

para identificar medios legales alternativos para proporcio-

nar la asistencia;

c) considere que se trate de delitos políticos o que tengan ese carác-

ter;

d) considere que se refiera a delitos militares, salvo que constitu-

yan violaciones al derecho penal común, y

e) la solicitud no satisfaga los requisitos establecidos en el presen-

te Tratado .

2. La asistencia podrá ser diferida por la Parte Requerida sobre la

base de que concederla en forma inmediata, puede interferir con una

investigación o procedimiento judicial que se esté llevando a cabo.

3. Antes de negarse a conceder la asistencia solicitada o antes de

diferir dicha asistencia, la Parte Requerida considerará si la asistencia

podría ser otorgada, sujeta a aquellas condiciones que juzgue necesarias,

si la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta a estas condiciones,

aquella deberá cumplir con las mismas.

4. Si la asistencia solicitada es denegada, la Autoridad Coordinadora

de la Parte Requerida estará obligada a expresar los motivos de la

denegatoria.

ARTICULO IV

DOBLE INCRIMINACION

Las solicitudes de asistencia deberán ser ejecutadas aunque los he-

chos u omisiones alegados que dieron lugar a las solicitudes no constitu-

yan un delito tipificado por el derecho de la Parte Requerida, salvo en

aquellos casos en los que se requieran medidas de apremio.

ARTICULO V

ENTREGA DE BIENES PARA USO EN

INVESTIGACIONES O PROCEDIMIENTOS

1. Al atender una solicitud de asistencia, los bienes a ser utiliza-

dos en investigaciones o que sirvan como prueba en procedimientos