¡Con las libertades no se jode!

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¡CON LAS LIBERTADES NO

SE JODE!*

A decir verdad, titularíamos este artículo ¡Qué vergüenza!, pero

como ya lo hicimos en el anterior volumen de ContraArgumento tuvimos

que pensar en otra cosa. Además no es fácil abordar este tema porque

contamos con la poca y mal informada prensa que se dedica a repetir

que el diputado tal y que el directorio de su partido reaccionaron contra

la violación del principio de laicidad establecido por el artículo 17 de la

Ley 18.437 (Ley General de Educación); así como tampoco se han

dignado a ofrecer a la opinión pública el fallo que condena a las

autoridades educativas a retirar los carteles en un plazo de 48 horas y

prohibir la colocación de más pancartas en el futuro.

Independientemente de este ejercicio periodístico habitual en

nuestros días donde el titular es la que va, lo más triste es que el lugar

desde donde se enuncia la justificación de la transgresión del principio

de laicidad es el de la defensa del orden constitucional, de acuerdo a

los dichos públicos del diputado y el directorio de su partido así como

en la fundamentación de la sentencia 84/2019. Es contradictorio y por

eso difícil de comprender, por la desinformación reinante y por el

caótico e infundado planteo de los fundamentos del fallo del recurso de

amparo.

Por lo que se sabe, el diputado tal perteneciente a un sector del

Partido Nacional que promueve la campaña Vivir sin miedo, presentó

una demanda de amparo que según la Ley 16.011 debe tener los

siguientes requisitos:

1. la existencia de una persona física o jurídica que de forma

manifiesta e ilegítima sea lesionada o restringida, alterada

o amenazada en sus derechos o libertades reconocidas

* Calero Matías y Castro Ramiro, ContraArgumento Nº 14, junio 2019.

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explícitamente o no por la Constitución de la R.O.U. (artículo

1º), y,

2. la inexistencia de otros mecanismos (incluso administrativos)

que permitan obtener el mismo resultado, por lo que este

recurso tan importante como el amparo tiene una

característica fundamental: la subsidiariedad (artículo 2º).

Por eso, en la sentencia el Juez/a debió analizar si el asunto no

es posible de solucionar por otros medios y, fundamentalmente, si

quien interpone el recurso tiene legitimación activa, esto es: tener un

interés directo, personal y legítimo por haber sido víctima de la

vulneración de forma manifiesta e ilegítima dealgún derecho

reconocido constitucionalmente.

I. Revisitando a José Pedro Varela

De acuerdo a lo expresado en el Resultando 1º de la sentencia, el

diputado que interpone el recurso, en adelante el agraviado, se vulneró

el derecho de laicidad consagrado en los artículos 68 de la Constitución

y 17 de la Ley 18.437, así como al parecer también se infringió el

principio de autoridad por no respetar los estudiantes a los jerarcas de

los liceos. Consecuentemente, como primera tarea tenemos que

estudiar si las normas citadas consagran un derecho que sería la

laicidad, qué es lo que esta significa y determinar cómo se transgrede de

forma manifiesta e ilegítima los derechos del agraviado.

En los Considerando 16 a 22 se define a la laicidad y se justifica

(por sí misma) su violación. Lo curioso es cómo entiende este concepto

el sentenciante, habida cuenta que lo caracteriza como un rasgo de la

identidad nacional, lo confunde con la neutralidad y, como si fuera

poco, cita a José Pedro Varela mediante la referencia a la disertación de

una Senadora que, evidentemente, tampoco lo leyó. Sin embargo lector,

nosotros sí y le vamos a contar en qué consistía la laicidad para aquél y

también cómo la plasmó en el Proyecto de Ley de Educación Común.

Está clarísimo que la laicidad no fue un invento de Varela como

también que fue su más acérrimo defensor, en aquellos tiempos donde