Matando a balazo limpio

El 2015 podría pasar a la historia como un año récord en materia de homicidios lo que vendría a confirmar que la inseguridad sigue siendo un problema mayúsculo que tres gobiernos sucesivos del Frente Amplio no han logrado solucionar.

Hasta principios de diciembre el total anual de homicidios se acercaba a 250, no lejos de los 262 ocurridos en 2012, la peor cifra registrada hasta la fecha. Vale la pena ahondar en el tema porque corrientemente se centra el problema de la inseguridad en el auge de las rapiñas, delito cada vez más común entre nosotros, pero en definitiva menos grave que los crímenes cometidos con un saldo de pérdida de vidas.

Montevideo presenta una situación crítica con una tasa de homicidios de 7.5 cada 100.000 habitantes, superior a las de las capitales europeas y comparable a las de capitales latinoamericanas calificadas habitualmente como peligrosas para el visitante. Incluso hay ciertos barrios montevideanos, como los cercanos al Cementerio del Norte y Manga, cuyos índices, en torno a 23 por cada 100.000 habitantes, están en un nivel similar al de ciudades consideradas de alto riesgo.

Entre los factores que explican estos números tan ingratos en materia de asesinatos se cita el fuerte aumento del uso de las armas de fuego. Un cuadro publicado en el suplemento Economíayamp;Mercado de este diario el 30/11/15 mostró que en 2011 la participación de armas de fuego en los homicidios fue del 49% en tanto que en 2015 se incrementó hasta el 70%. Esa participación no paró de crecer en el último quinquenio y esa, precisamente, fue una de las razones aducidas en 2014 en el Parlamento para sancionar la ley 19.247 que prohibió la tenencia y porte de armas de fuego que no hayan sido autorizadas por los ministerios del Interior y Defensa Nacional.

Dicha ley, aprobada en agosto del año pasado, previó el dictado de una reglamentación por la cual las armas en posesión de los particulares debían registrarse en oficinas de los citados ministerios. También se acordó "la entrega voluntaria de cualquier arma de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados... sin que deba justificarse su procedencia". Para iniciar ese proceso de regularización se otorgó un plazo de 12 meses a contar desde la reglamentación. El problema es que la reglamentación todavía no se hizo, lo cual es un ejemplo de las cosas que podrían hacerse y no se hacen en Uruguay para mejorar la seguridad pública, un asunto que, junto a la economía, sigue figurando en...