Megaestafa: la DGI reliquidó tributos por US$ 81 millones

La maniobra delictiva contra la Dirección General Impositiva (DGI) utilizando empresas falsas y facturas "truchas" que se desbarató el año pasado, ya lleva un total de 321 liquidaciones de impuestos a contribuyentes que significaron hasta ahora una recaudación de $ 2.338 millones unos US$ 81,6 millones al dólar promedio de 2017 incluyendo multas y recargos.

La red de evasión era liderada por dos personas (ya procesadas con prisión) que creaban "sociedades de papel" y luego vendían a otras empresas las facturas para registrar compras inexistentes y evadir impuestos. El subdirector de Rentas, Álvaro Romano, calificó lo ocurrido como "la maniobra defraudatoria más grande de la historia".

Según información que la DGI proporcionó a El País, aún se encuentran en curso 82 inspecciones vinculadas a esta causa, que probablemente incrementen "significativamente" el monto de la recaudación total, indicó una fuente.

El fisco identificó a más de 200 empresas que tenían algún grado de implicancia en la estafa y las investigó para determinar si cometieron ilícitos o no.

En 2014 fue que se descubrieron los primeros indicios de la maniobra delictiva y en diciembre de 2015 se formalizó la denuncia contra dos escribanos por su actuación en la creación de "sociedades de papel" utilizadas para evadir. En abril del año siguiente se amplió la denuncia y se identificaron a los dos responsable de la estafa.

En busca de las pruebas sobre las prácticas fraudulentas en 2016 la DGI realizó cuatro allanamientos, investigó a varias imprentas, y denunció a otro escribano y a distribuidores por las "facturas truchas".

Así realizó una nueva ampliación de la denuncia en diciembre de ese año y en marzo de 2017 la Justicia dictó cinco procesamientos: dos fueron con prisión para los ideólogos de la maniobra (que poseían antecedentes penales) por "la comisión en calidad de autores de un delito continuado de defraudación tributaria", y otros tres sin prisión por igual delito uno por usar facturas de empresas inexistentes en su negocio, otro por oficiar de intermediario en la provisión de esas facturas, y un tercero como cómplice al actuar como gestor de los ideólogos y ser testaferro en más de 300 sociedades.

El auto de procesamiento de la Justicia del Crimen Organizado explicaba el modus operandi de la estafa: para el trámite de creación de las sociedades "se utilizaba permanentemente testaferros", y "generalmente eran personas de escasos recursos económicos, lo que los volvía...